Ley 29394: ¿falta de visión o qué?

Apareció en el portal del Ministerio, uno de estos días. Era difícil contar con una copia sino se es suscriptor del diario oficial. ¿Por qué tanto misterio, tanto sigilo? Pareciera que en el sector educación se tiene miedo a las reacciones que pueda producir todo lo que se refiera a una nueva ley. Pero quien no la debe no la teme. Sin embargo qué se puede esperar de quienes toman la democracia como un pretexto para ponerse a salvo y poder dar (encasquetados en el orden y seguridad) cualquier medida bajo el manto de velar por la calidad de la educación nacional.

El misterio se devela cuando se tiene el texto a la mano. Resulta que ahora se da una ley que trata sobre institutos y escuelas de educación superior. Y que fue observada por la Presidencia de la República y que el Congreso de la República aceptó las observaciones formuladas, y de conformidad con el art. 108 de la Constitución Política del Perú, se ordena se publique y se cumpla. Firma el flamante Presidente del Congreso Luis Alva Castro, a los días y horas de haber juramentado.

¿Podríamos saber en qué consisten las observaciones del Presidente de la República? Nunca se sabrán, pues todo lo que se hace en educación, es top secret, como si se tuviese la fórmula filosofal. Pero ya sabemos a qué atenernos. No es buena señal cuando de manera poco transparente se legisla sobre educación en el país. La Ley consta de 60 artículos, tres disposiciones complementarias, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

Esperábamos una Ley de Educación Superior, tantas veces prometida y tantas veces postergada. Pero los sabios del sector decidieron por sí y ante sí que no es necesario, ignorando la historia de la educación peruana.

No trataremos de hacer un estudio de cada artículo, sí trataremos de exponer una opinión crítica en aquello que encontremos poca claridad. No se trata de aceptar este “regalo” ministerial, sobre el cual ninguna autoridad del ministro para abajo ha dicho nada y menos los diarios y radios. La cultura educativa no distingue entre el tema central de aquello que se reviste de escándalo y denuncia.

En el Art. 1º se dice que “Esta Ley regula la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior públicos o privados…” La palabra regular tiene una connotación de normar, reglamentar, uniformar, legalizar institutos y escuelas que ya están normados y cuentan con sus respectivas leyes. Si se quiere regular ¿por qué antes no se deroga el Decreto Legislativo Nº 882 Ley de promoción de la inversión en educación que ha sido la causante del desborde institucional para formación docente y otras especialidades, sin poder garantizar la calidad de la formación que se otorga?

El Art.2º nos evidencia la trama de oferta que existe y que bien se organiza en 5 grupos de instituciones que ofertan la formación de profesionales y técnica en diversas especialidades. Este registro es un indicador de cómo se han creado a diestra y siniestra y con ayuda de “padrinos” instituciones y ofertas de carreras de calidad observable y con poca consistencia profesional. ¿Por qué no se ha trabajado en una propuesta para diseñar a partir de ésta una oferta más coherente y que responda a las aspiraciones de la juventud y a la demanda del desarrollo del país? La frase que encontramos en muchas partes de la ley es una muletilla que se repite para estar acorde con los tiempos pero ¿qué significa desarrollo para el país y las regiones? ¿Lo que se piensa en Lima es igual para Puno, Cuzco, Cajamarca que para Loreto o Madre de Dios?

Esta debilidad de la Ley es un indicador de que podría ser más de lo mismo. Una reflexión más profesional y no sólo política demandaba un estudio realizado no por consultores solamente, sino por las universidades más acreditadas. Además, demandaba una visión clara y de nivel de política educativa para la educación superior. La improvisación o la premura por querer “impactar” y decir que se hacen las cosas y se cumplen suscitan grandes chascos y grandes desilusiones por no decir fraudes para la educación que deben recibir los jóvenes que aspiran formarse como profesionales en el país. Ya sucedió esto anteriormente y no se lamenten después quienes tratarán de dar disculpas ante tanta incompetencia.

Más adelante esta ley habla de Institutos y Escuelas de educación superior, pero no los define. De allí que la generalidad del Art. 3 Definición, deje en Babia a quien lo lea. No define nada. “Los institutos y escuelas de educación superior, en adelante Institutos y Escuelas, forman de manera integral profesionales especializados, profesionales técnicos y técnicos en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen conocimiento, investigación y desarrollan la creatividad y la innovación” (Cap.II, DE LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS (Art.3 Definición). ¿Quiere decir que todos hacen todo? ¿Qué diferencia a los Institutos de las Escuelas de Educación Superior?

¿No hubiese sido pertinente dejar sentado de una vez lo que es una Escuela Superior y lo que es Instituto Superior? ¿Por qué esa verborrea que no dice nada? La evasión de la definición corrobora la ausencia de una reflexión previa a lo que se va a legislar; es más, deja de lado el marco mayor de referencia en donde se debió plantear el tipo de desarrollo que se asume, las posibilidades de atender a una basta población juvenil con ofertas de capacitación y profesionalización, que no sean las de moda y tradicionales que tanto daño han hecho y hacen a quienes las siguen y no aportan al desarrollo, la productividad y competitividad del país. Además perfilar el tipo de institución que se requiere y no justificar el derecho adquirido cuando la realidad nos dice que muchas de ellas están obsoletas, no sólo por el diseño, sino por la carencia de calidad en la oferta y la intrascendencia para el desarrollo de las capacidades de los jóvenes.

Pero no. Se ha optado por respetar lo estatuido así esté mal, en lugar de hacer “alta cirugía” como dicen los expertos para realizar un cambio profundo y real en las instituciones de formación superior en el país. ¿Se cuidan de no interferir con intereses particulares por un lado y con las demandas de representantes que no comprenden que la educación es un derecho y no una “asistencia” que se da al pueblo? ¿Acaso esa no es la tragedia de las instituciones de formación docente públicas y privadas? Se les evaluó, se les permitió mejorar, pero cuando había que tomar decisiones para con aquellas que no respondían a los estándares de calidad técnico pedagógico ni de infraestructura, se hizo el silencio, se “hicieron de la vista gorda” y ahí están debatiéndose entre el ser y la nada. ¿Qué pasó con la oferta de la reconversión? ¿Qué de la constitución de los Centros Amauta? Oportunidades perdidas en decisiones que se tomaron en estos nueve años de este nuevo siglo. ¿Se quisiera repetir esta “hazaña” porque se vienen las elecciones nacionales y las presiones serán intensas? ¿Y dónde quedó la ética? ¿Dónde las denuncias por interferencias en decisiones de Estado? ¿Dónde las denuncias por intereses particulares? ¿Funcionará el MED – CADER – Sistema de Quejas y Denuncias para estos casos?

Definir estos institutos y escuelas demanda a quienes legislan, esbozar una definición institucional que permita la articulación de un concepto de ecuación al interior de la educación superior. Urge contextualizar el fundamento institucional desde el prisma que permita una lectura de necesidades que deberían manifestarse y ubicarse en la sociedad global en la que vivimos; en la sociedad de la información; desde el eje de la interculturalidad; desde los temas de la pobreza, la problemática medioambiental, desde la educación en definitiva, en la calidad de sus procesos en todos los niveles del sistema educativo, desde las perspectivas de diversos actores y no sólo desde el gobierno, sino convocando a todos quienes tienen algo que decir y ofertar por una educación de calidad para todos.

Desde esta perspectiva enriquecida por otros aportes debe emprenderse el camino de dar respuestas a las tensiones que se dan en la confrontación reflexiva, con experiencias y vivencias de crisis. Nos encontramos en un mundo cambiante y bastante complejo en donde se favorecen los procesos individuales pero también se demanda la promoción de posibilidades innovadoras de transformación individual y social.

¿Por qué no podemos repensar la institucionalidad caótica que tenemos en educación superior y diseñar algo que trascienda los egoísmos mercantilistas, o el control tutor de un estado que ve en ello un capital que produce réditos para intereses personales que generan dependencia, marginación y el respeto de un statu quo de los llamados caciques de las regiones o provincias, que en pleno siglo XXI siguen “vivitos y coleando”?

¿Qué significado y sentido tiene el contenido del Art. 12 Normas de protección a los estudiantes? “Los Institutos y Escuelas se sujetan a lo establecido por las leyes de protección al consumidor y por las disposiciones que garanticen la libre competencia y protección de los usuarios”. La “pepita” inspiradora de la s leyes del mercado se siembra con este artículo “ingenuamente” puesto, como quien no quiere la cosa. Con ello se consagraría el concepto de que la educación pública y privada es una mercancía y que acceden a ella los que tienen los recursos económicos. Cuando uno lee este artículo tiene resabios de la lectura de un texto de la SUNAT (Sistema Único Nacional d Administración Tributaria). Quienes lo redactaron, o no saben que la educación es un derecho de la persona y el Estado tiene la obligación de proporcionarla y velar por su calidad, o simplemente consagran que esta “veta” cual mina es muy beneficiosa para “hacer el negocio” del siglo, como ya lo podemos ver en los consorcios de colegios particulares que venden patentes para que funcionan en los lugares marginales y avanzan hacia las regiones, y universidades particulares unidas bajo un lema educativo, pero que tienen como soporte al gran capital de empresarios. ¿El Estado renuncia a un derecho? ¿Qué dice la Comisión de Educación del Congreso? ¿Qué el Ministro de Educación?

Seguir “revisando” el texto de la Ley 23494 sería en vano si vemos que no existe el propósito de cambiar la educación por algo que valga la pena. El Estado tiene a la mano un presente negado, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) que lo ha reconocido, pero que lo ignora al momento de pensar en la educación nacional, y que en su Objetivo Estratégico 5 expresa “EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD SE CONVIERTE EN FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL. Nos proponemos asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural del país a partir de una adecuada fijación de prioridades y teniendo como horizonte la inserción competitiva del Perú en el mundo.
A manera de recuerdo transcribimos los tres resultados y las políticas a desarrollar para lograrlos
RESULTADO 1: RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTICULADO AL DESARROLLO
Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional que responde a los retos del desarrollo y a las necesidades de las políticas de desarrollo y que hace posible la articulación de sus diversos componentes, un mayor financiamiento público y privado, y la renovación y superior calificación de la carrera docente.
RESULTADO 2: SE PRODUCE CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que permita igualar el nivel de investigación, innovación y avance tecnológico de los países vecinos.
19. Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto universitaria cuanto técnico-profesional.
20. Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior.
21. Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema.
22. Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos académicos.
23. Articulación de la educación superior con la realidad económica y cultural.
23.1. Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades competitivas.
23.2 Vincular las instituciones de educación superior al desarrollo regional.
23.3. Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país.
24. Educación superior ligada a la investigación y a la planificación.
24.1. Hacer de los estudios de postgrado un sistema orientado a la investigación y producción de conocimiento.
24.2. Fomentar la planificación y prospectiva sobre el desarrollo nacional.
RESULTADO 3: CENTROS UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS FORMAN PROFESIONALES ÉTICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVOS
Profesionales desarrollan principios éticos, talentos y vocación personal; son altamente competentes frente a demandas del entorno económico productivo y laboral nacional e internacional, y aprovechan y generan nuevos conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional.
25. Transformación de la calidad de la formación profesional.
25.1. Mejorar la formación de las instituciones de educación superior, universitaria y técnico-profesional.
25.2. Fortalecer la educación técnico-productiva articulada a áreas claves del desarrollo.
25.3. Asegurar oportunidades continuas de actualización profesional de calidad.”

Sería tedioso repetir todo lo que el PEN plantea en su documento sobre este tema. ¿Lo leyeron las autoridades responsables de perpetrar esta Ley? Por si acaso este texto se encuentra entre las páginas 109 a 125 del PEN, que no son sólo 26 págs, como alguna vez adujo el Presidente de la República.

¿Cuesta mucho constituir un grupo de trabajo con funcionarios del Ministerio para poder desarrollar esta ruta trazada por el Consejo Nacional de Educación? organismo reconocido por la Ley General de Educación vigente que dice que “El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación…Tiene por finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación…. Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana…..” (LGE CAP. VI. Art. 81)

¿Se le consultó al CNE? Hubiera ayudado mucho a plantear consideraciones que ayuden a “definir” lo que no define la Ley 23494: la Ley es producto de una ausencia de un espacio que piense el nivel superior de educación, con identidad, necesidades y derechos y obligaciones. A partir de ello plantear la modalidad más adecuada para pensar luego en una transición entre lo que hoy constatamos que no da resultados y lo que consideramos debe ser el nivel. Recién allí hay que “tomar al toro por las astas” y distinguir claramente y reconocer lo que son institutos, escuelas y universidades. La historia de encuentros y desencuentros sin duda ha marcado posiciones políticas diferentes y respondía a proyectos políticos. Pero la educación es un fin supremo y debemos rescatarla y ponerla en el sitial que requiere. No avanzaremos en la construcción de calidad de la educación si dejamos que otros medien en la propuesta. ¿Por qué considerar menos a los institutos y escuelas que a las universidades? ¿No será que siguiendo la verborrea presidencial queremos seguir teniendo instituciones y escuelas de primera, segunda y tercera clase? ¿Es que la larva del Decreto Legislativo Nº 882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” (1996), sigue inspirando a nuestros legisladores sin que los responsables del sector hagan nada? Respeto a las leyes del mercado dicen. La identidad de una institución no está sólo en el capital de inversión con que cuenten sino en la calidad de la formación que oferten. En este sentido el Estado debe estar a la vanguardia de la oferta de educación pública y no atento sólo a la inversión privada.

Triste fin de una esperanza. Tendremos un Reglamento cortado a la medida que quiere el amo y no a la altura que quiere el país. La Ley es una muestra de cómo estiman a la educación peruana quienes hoy se regocijan por que sólo 5,316 docentes, que representan el 74.78% de los evaluados y no 97% aprobó, como dice un diario (EL COMERCIO. 21.08. 09) la Evaluación de Idoneidad tomada el domingo último. Pero no dicen que la convocatoria fue a 20 mil y de ellos sólo se presentaron al primer examen 11,200 (56% con relación a los 20 mil de la oferta inicial) al primer examen y de ellos sólo aprobaron 7, 108 (que es el 63% con relación a los 11,200 que se inscribieron y sólo el 26.58% con relación a las 20 mil plazas ofertadas. ¿Cuesta decir la verdad en educación? ¿No se estará cayendo en el juego de las cifras y luego le echan la culpa al organismo especializado? Como siempre, no habrá transparencia ni culto a la verdad.

Una pena haber perdido la oportunidad. Para otra vez será, cuando nos encontremos con los nuevos profesionales manejando camiones por las carreteras interoceánicas, además de taxistas y mototaxistas de nuestras ciudades y seguiremos importando mano de obra calificada y profesionales de los países vecinos por falta de previsión. Una pena. Triste gestión que se conforma con el maquillaje y no por cambiar la estructura de la educación y sintonizarla con los nuevos tiempos y demandas.

(22.08.09)

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