¿Incongruencias en educación superior o todo está fríamente calculado?

El presidente de la república y su administración saliente (faltan unos 80 días) no se cansan de hablar de que tenemos una economía sólida, de que el Perú avanza, de que no se reconoce lo realizado. Y cuando se le demuestra que no es así pues en torno a la pobreza seguimos igual, por ejemplo, de inmediato hablan del programa tal o cual y del número de beneficiados; de la desnutrición que se combate, de la prevención en salud que se desarrolla, pero no explican por qué aún tenemos niños en el sur del país que mueren de frío o de enfermedades fácilmente controlables con un poco de abrigo y una buena alimentación. Por argumentos y justificaciones no se quedan callados. Pero lo patente y patético es como decía Vallejo “Pero el cadáver, ay, siguió muriendo”.
Con la veleidad de las elecciones quienes seguimos lo educativo, nos damos cuenta que algunas cosas han pasado y otras están por pasar. Como decían los arrieros “hay que ajustar la carga, no se vaya a caer” pareciera que el gobierno hace “sus ajustes” antes de arriar velas. Empieza a apuntalarse aquello que se piensa puede ser un flanco débil del gobierno, sin pensar que aún existen instituciones que pueden decir las cosas de manera frontal sin miedo a las “reprimendas” de quien detenta el poder.
Un Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Rectores – Comisión de Coordinación Interuniversitaria- del 25 de abril del presente año, fue publicado como aviso el 28 de abril en un diario nacional, pero en una de sus últimas páginas. (a17) se dice que “… desde el año 2009 se han venido dando leyes que vulneran tanto la autonomía y la propiedad del claustro universitario que venían funcionando normalmente y desarrollando sus fines.”
En estas iniciativas ejecutivo y congreso se fueron dando la mano, avizorando –quién sabe- que serían una buena carta de presentación para preparar la nueva campaña electoral y tentar la reelección. Los intereses nacionales a un lado, los particulares a cultivarlos con todo empeño. Es el futuro el que está en juego. Pero el futuro no de la educación nacional, sino el de quienes tuvieron esa infeliz iniciativa de promover y aprobar la creación de más universidades a pesar de no tener estudios pertinentes, no contar con el personal docente de nivel y menos infraestructura.
Triste situación que tenemos que contemplar ante un poder que arrasa derechos consagrados por la Constitución y la normatividad legal. Aparecer ante las demandas de los pueblos como dadivosos, sin hacer docencia y menos esclarecer lo que es permitido y lo que no; sin explicar el significado del respeto a la ley, a los intereses nacionales. Es una irresponsabilidad rayana en un autoritarismo. Una lástima que esto sea sin discusión sustantiva, sin pensar en el daño que se hace a las generaciones de jóvenes y a la sociedad. Un estilo de gobernar que justifica todo y se esmera más para justificar inequidades.
Hubo desde hace meses un “festival de creación de universidades” al menor pedido de las regiones. Hubo rapidez en hacer proyectos de ley y presentarlos a la comisión respectiva, consensuando –se dice- su aceptación. Pero ¿con quiénes? ¿entre quienes?
Transcribo más adelante parte del Pronunciamiento referido para que se aprecie la magnitud del ¿legicidio?, ¿atropello?, ¿exceso? de lo realizado por quienes deben defender los derechos de los pueblos y de los ciudadanos. Pero nada de eso ocurre. Todo lo contrario. Más puede el ego presidencial que las necesidades y urgencias del país. Las señales últimas de “repartir” medallas a cuanta autoridad complaciente encuentre es buena la ocasión. Así ha ocurrido con el controvertido alcalde del distrito San Juan de Lurigancho en Lima, que últimamente ha hecho noticia al no permitir el funcionamiento de un hospital en su distrito mostrando sus argucias con leguleyadas que no soportan el menor análisis. A esa autoridad se le otorga esa distinción por “los servicios distinguidos”. Baratas loas que se lleva para la posteridad, quien dijo encarnar a una nueva generación de políticos. Triste recuerdo de una gestión presidencial que aparentó sintonizar con el pueblo y lo hizo con quienes tienen el poder del dinero.
En este escenario la Asamblea Nacional de Rectores hace un recuento de lo que sucede desde el 2009 cuando se empezó a dar leyes que “vulneran tanto la autonomía y la propiedad de claustros universitarios que venían funcionando normalmente y desarrollando sus fines” (Asamblea Nacional de Rectores. Comisión de Coordinación Interuniversitaria. PRONUNCIAMIENTO. 25.04.11).
Entre congresistas ayayeros y presidente ansioso de demostrar poder y “preocupación” por la educación se ha ido atropellando la Constitución Política de la República en su art. 18º y la Ley Universitaria en su art. 8º. ¿Alguien lo podría explicar? Difícil ser coherentes en una sustentación que permita fundamentar “caprichos” antes que derechos de la sociedad. ¿No tiene acaso esta autoridad una asesoría jurídica?
En el mes de abril del presente año Allin N. Monteza Rios (Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú) escribía “En 2010, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) señaló que la CONAFU no era un colegiado idóneo para seguir otorgando licencias de funcionamiento de nuevas universidades y sus respectivas filiales. Para el TC, el CONAFU, al ser conformado por ex rectores elegidos por las universidades y siendo un organismo de la ANR, genera una duda razonable en relación con su imparcialidad objetiva al momento de ejercer sus competencias. Según el TC, no se debería permitir la creación de más universidades y filiales hasta que el Congreso establezca un mecanismo que respete ciertos criterios para asegurar la calidad educativa. Aprovechando esta sentencia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que faculta al Ejecutivo autorizar el funcionamiento provisional de nuevas universidades a nivel nacional a través del Ministerio de Educación. Con esta iniciativa, no solo se quiere sacar la vuelta a la sentencia del TC sino liquidar la autonomía universitaria. Asimismo, existe un proyecto de ley que busca crear la superintendencia de la universidad peruana… Esta superintendencia sería un órgano regulador adscrito al Poder Ejecutivo, lo cual también termina socavando la autonomía universitaria.”
El Pronunciamiento al que hemos hecho referencia anteriormente enumera las nuevas universidades creadas. Manifiesta también los siguientes atropellos cometidos por quienes dicen velar por la calidad de la educación y sin embargo se hacen de la vista gorda frente a iniciativas políticas antes que para responder a necesidades educativas.
“Estas nuevas universidades, pese a estar creadas, no pueden funcionar, en la medida que no cuentan con Proyecto de Desarrollo Institucional aprobado; y porque habiéndose emitido la resolución del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0017-2008-PI/TC, no existe entidad pública que tenga más competencia para otorgar la Autorización de Funcionamiento Provisional. Lo más grave es que se han interrumpido el desarrollo de clases, que se venían impartiendo normalmente; dejándose a los alumnos sin que puedan finalizar sus estudios en las diversas carreras profesionales, ya que las instalaciones y los presupuestos destinados para ello han sido destinados a las nuevas universidades. Estableciéndose erradamente que los alumnos continuarán sus estudios en su universidad de origen. Todo esto evidencia que la creación de estas universidades públicas carece de evaluación económica, técnica y legal, perjudican las instalaciones, presupuestos y propiedad de los claustros universitarios que ven frustrado su derecho a la educación. Por este motivo, los señores Rectores de las Universidades Públicas exhortan al congreso de la República a fin de que no se continúe lesionando el derecho de las universidades como el de sus estudiantes, creando universidades que no podrán entrar en funcionamiento por la falta de aprobación del proyecto de Desarrollo Institucional y la falta de Autorización de Funcionamiento Provisional.”
Sin duda éste gobierno no asumirá el problema, como Pilatos se lavará las manos cuando a futuro se les enrostre la estafa –no tiene otro nombre ese afán de contentar a todos- que se hizo. Las universidades que tenemos hoy bastan y sobran. El problema es de calidad institucional. Ya se dijo, pero el presidente y congresistas no entienden, no comprenden –o les importa poco- que “es necesario diferenciar entre el rol que cumple una filial universitaria, un instituto técnico y una universidad, por lo que convertir los dos primeros en lo tercero resulta inadmisible. Una filial es una proyección de la universidad, es decir, forma parte de su sistema de enseñanza, por lo que carece de lógica convertir esta sucursal en una universidad. Por otro lado, mientras un instituto busca la aplicación del conocimiento, la universidad también debe crear conocimiento, por lo que sus objetivos son distintos.” (Otra mirada.28.04.10). ¿Entienden estos congresistas de lo que se trata? Qué triste imagen proyectan al querer ganar réditos en tiempo electoral, sin importarles para nada la calidad de la universidad que aprueban. Votos así se atropelle la razón y el derecho.
De otro lado ¿por qué no proponer un debate sobre el tipo de universidad que se requiere a futuro y no estar replicando experiencias no tan exitosas? Con esta aprobación de iniciativas presidenciales y congresales ¿no se le está haciendo el juego a quienes están vinculados a cuestiones relativas a la mercantilización, comercialización y comercio de la
educación superior? Este debate no se ha dado aún, pero se pueden ver realizaciones al amparo de la aprobación de universidades particulares que se ramifican en todo el país a vista y paciencia de un estado que dice que le interesa la calidad de la educación, pero hace todo lo contrario. ¿Todo está fríamente calculado? (07.05.11)

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