La hipocresía neoliberal: las nuevas formas de privatización de la educación como utopía democratizadora. (I)

Autor(es): Pelayes, Olga

Pelayes, Olga. Docente e investigadora. Profesora responsable de Política Educacional, Legislación Escolar y Educación Comparada de la carrera Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis.

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Introducción

Este trabajo pretende realizar un análisis de las políticas neoliberales y su impacto en el campo educacional, cuyas consecuencias apuntan a la desaparición de la escuela pública en perjuicio de las grandes mayorías y de una verdadera democratización educacional. La desaparición del espacio público, espacio social y político y por ello colectivo, está generando una nueva cultura basada en la despolitización o repolitización de dicho campo. Una nueva cultura orientada a promover una redefinición del sentido de la actividad educacional, de lo que históricamente ha significado la escuela pública.

 

El papel político que cumple la educación, en cada período histórico, sirve para legitimar la distribución del poder en la sociedad. Por ello la democratización de la educación, desde el surgimiento del sistema público de enseñanza ha representado una meta ideológico-política que ha ido adquiriendo distintas formas según los cambios estructurales en los sistemas socio-económicos.

 

El proceso de democratización de la educación, que se inicia a fines del siglo pasado con la creación de la escuela pública y el acceso de los sectores populares a la escolaridad básica obligatoria, ha estado condicionado por las contradicciones del contexto socio-histórico-político en que los sistemas educativos se han desarrollado.

 

En este juego conflictivo y contradictorio por más educación, las clases subalternas han obtenido conquistas y derrotas. La derrota actual, que se materializa en la imposición del modelo neoconservador, es quizás la de mayor envergadura.

 

Las políticas educacionales forman parte del contexto económico-social en que se desarrollan, por ello es necesario comprender los cambios que se vienen operando desde la reestructuración capitalista iniciada en los ’70.

 

La reestructuración capitalista y sus repercusiones en América Latina

La reestructuración capitalista, que se inicia con la crisis económica de los ’70, y que en los ’80 se impone como globalización, es una nueva fase del proceso de desarrollo de la economía-mundo-capitalista. Pero este término, que se ha impuesto para designar una serie de procesos complejos y contradictorios, es engañoso y oculta su verdadera significación. La ideología de la integración del mundo en pos del capitalismo triunfante, presentado como parte del orden natural de las cosas, y que por un acto de voluntad decreta el fin de la historia, oculta una nueva etapa de dominación imperialista caracterizada por la transnacionalización del capital y la expansión de la sociedad burguesa.

 

Esta reestructuración capitalista que se inicia en Inglaterra bajo el liderazgo de Thatcher y en los EEUU de Reagan y se rige por la economía del libre mercado y por la no intervención del Estado en políticas sociales, es lo que llamamos neoliberalismo económico y neoconservadurismo político. Se secundariza el papel del Estado, poniendo el acento en el libre juego de las fuerzas del mercado, con la consiguiente valorización de la iniciativa privada, desembarazada de la interferencia y el control estatal, a través de la desregulación. Es decir, se propicia como único ordenador válido al mercado, capaz no sólo de dirimir los conflictos sino también de lograr la eficiencia y la calidad. Traslada la lógica económica al ámbito de lo político y lo social dejando a todos los ciudadanos a merced de los riesgos del mercado. Esta política basada en el libre mercado se traduce en la crítica al Estado de Bienestar, culpable de la crisis fiscal, y planteando por ende el achicamiento del mismo y el cese de las políticas redistribucionistas en salud, educación, vivienda, etcétera.

 

La concepción hegemónica de este modelo define a la sociedad como un agregado de individuos que realizan sus intereses individuales. Si la vivienda, el salario, la educación, la salud, pierden su condición de derechos universales para ser recursos cuyo acceso regula el mercado, el no acceso deja de constituir un problema del Estado y deviene en problema de particulares. Así, el sujeto colectivo que constituía el sujeto de los derechos sociales, se desagrega en individuos cuya suerte (integración-exclusión) se define en el ámbito del mercado, única fuente legítima de asignación de recursos y de lugares en la estructura social.

 

Son estas ideologías individualistas las que dan legitimidad al nuevo orden económico-social, orden que se caracteriza, precisamente por la polarización y exclusión económico-social.

 

Esta reestructuración capitalista ha llevado a que “Desde mediados de los ochenta la mayor parte de los países hayan realizado significativos esfuerzos para adaptar su estructura económica a un modelo orientado a la exportación. La denominada reforma económica, en Latinoamérica, se basa en algunas políticas centrales que constituyen lo que se ha denominado el ‘Consenso de Washington’ (CW). El mismo no se ha realizado de manera explícita pero reúne un conjunto de políticas impulsadas desde Washington, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno estadounidense entre otros, con el propósito de volcar los anteriores esquemas proteccionistas hacia modelos no intervencionistas de mercado abierto. En América Latina y el Caribe la alta deuda externa y la necesidad de financiamiento fueron factores decisivos para que el CW fuera ampliamente aceptado por los gobiernos locales y se adoptaran nuevas estrategias que eliminaban las barreras al libre funcionamiento de los mercados. Sostenido por el apoyo intelectual de algunas escuelas de pensamiento y basado en el “agotamiento” del modelo económico anterior, éste encontró terreno fértil.” (Bustelo, E. y Minujin, A.)

 

Este modelo hace su aparición en la Argentina a partir de la dictadura militar y se consolida con la llegada de Menem al gobierno, que implementa un programa de ajuste estructural orientado por las recomendaciones y exigencias de los organismos internacionales de financiamiento. Este programa, caracterizado por la desregulación de los mercados, la reducción del gasto público y la política de privatización de los servicios, aún de empresas productivas y en aquellas áreas esenciales como salud y educación, se basa en estrategias que se dirigen a estructurar un espacio económico que es presentado como el único favorable para atraer inversiones, esto es, un espacio en que la mano de obra debe ser tan productiva como la de un país desarrollado y tan explotada como la de un país subdesarrollado. Acompañado, además, de la ilusión que cuando crezcan las ganancias de los empresarios y aumente el producto bruto se solucionarán todos los problemas.

Lo cierto es que los nuevos patrones de acumulación y concentración de capital, aplicados en la Región, han llevado a la agudización constante de las diferencias sociales. La distancia que separa el discurso hegemónico de la globalización con la realidad es muy grande; y ese discurso, que no desinteresadamente repiten funcionarios, economistas satisfechos, intelectuales y gran parte de los “medios de desinformación de masas”, permite no culpar a nadie. Lo cierto es que el impacto de la “globalización” está siempre mediada por las políticas públicas y la conducta de los gobiernos. La mercantilización creciente de la vida social operada en los últimos años responde a una ofensiva política de carácter violento y no a las leyes inmanentes del libre mercado. Responde a objetivos deliberados de política económica y no al resultado de consecuencias “no queridas”.

A lo largo de diez años de gobierno menemista los problemas se agudizaron y siguen dominando el escenario: desempleo, reducción de salarios, profundización de la desigualdad en el ingreso, agudización de la pobreza, la desnutrición y la desigualdad social, dando lugar a la aparición de una nueva categoría social, la de los nuevos pobres que se suman a los pobres estructurales, los que han comenzado a ubicarse por debajo de la línea de pobreza

En este marco se plasman las tres leyes básicas de educación: La Ley de Transferencia de Servicios Educativos de la Jurisdicción Nacional a las Provincias y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, La Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Intentaremos demostrar que estas leyes son el amparo filosófico de la reforma para implantar una educación funcional al modelo de acumulación imperante.

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