La hipocresía neoliberal: las nuevas formas de privatización de la educación como utopía democratizadora. (II)

Autor(es): Pelayes, Olga
Pelayes, Olga. Docente e investigadora. Profesora responsable de Política Educacional, Legislación Escolar y Educación Comparada de la carrera Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis.
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El individuo y el mercado: los ejes que ocultan la privatización del espacio público

La política educativa emprendida por el menemismo no surge de un diagnóstico de las necesidades socio-educativas del país, ni de la consulta y participación de los distintos sectores involucrados en el proceso educativo sino, como hemos mostrado anteriormente, de una crisis económica pero que se la presenta como si fuera política y, por lo tanto, forma parte de la reforma del Estado. Ésta integra el paquete de “recomendaciones” impuestas por la Banca Internacional (BM, FMI), y es legitimada por los mercenarios-intelectuales de organismos internacionales encargados del desarrollo, la educación y la cultura, como CEPAL y UNESCO, sin dejar de mencionar la aprobación otorgada, en nuestro país, por representantes del poder económico, financiero y empresarial.

Esta política asume el fracaso de la escuela pública y lo justifica como algo inherente a la incapacidad del Estado para gobernar en aras del interés general, lo que se refleja, afirman, en la centralización y burocratización del sistema, y en su lentitud para encarar los cambios necesarios. El Estado agrava el mal que pretende curar, la inequidad social, porque es incapaz de administrar eficientemente los recursos. Por ello es necesario realizar una profunda reforma administrativa que, sin aumentar los recursos, le otorgue un destino eficaz a los existentes. Se aboga, entonces, por la primacía de la iniciativa privada y de la autorregulación de la economía de mercado, asociado a la reducción del gasto público y a la puesta en marcha de una política monetaria conservadora.

De esta manera, a la falta de explicaciones estructurales en el diagnóstico de la crisis educativa, que no es la misma según se la mire desde los sectores dominantes o desde los sectores dominados, se la reemplaza por el mercado, el que brindará naturalmente la igualdad de oportunidades. El núcleo de este argumento se basa en que los hombres difieren en sus capacidades, aptitudes y talentos, por lo cual aunque todos pueden participar de la carrera de la vida, la competencia conlleva la necesidad de la existencia de ganadores y perdedores. Así se exalta o premia al individuo aislado.

Estos principios rectores, que legitiman la introducción de la lógica del mercado en el campo educacional, están presentes en la Ley Federal de Educación que constituye el marco ideológico-político rector de toda la reforma educativa. Los mismos provienen de distintas corrientes ideológicas que, amalgamadas, han dado lugar a lo que se conoce como la Nueva Derecha. Entre ellos se destacan el neoliberalismoque se basa en el individuo, la meritocracia y las políticas privatistas o subsidiaristas; el nacionalismo católico que propugna la formación en valores trascendentes, no laicos, como así también las políticas subsidiaristas y el desarrollismo que considera que la educación es rentable si responde a las necesidades del mercado o la empresa y además, que la educación es una inversión individual cuyo retorno es también fundamentalmente individual, por lo cual transferirle esa responsabilidad al Estado es inoperante y hace al individuo irresponsable e incompetente.

Estos postulados determinan claramente la función que le cabe al Estado en materia social y educativa. Esta función, subsidiarista, significa limitar fuertemente la intervención del mismo en resguardo de la libertad de enseñanza y de la supremacía de los cuerpos intermedios, es decir, la sociedad civil. Como consecuencia de ello surge una nueva concepción de lo público, que ahora comprende a las escuelas de gestión estatal y a las de gestión privada. Paradojalmente se amplía el espacio de lo público incluyendo al sector privado y se achica el espacio de lo público estatal, reduciéndolo cada vez más a los sectores que no pueden acceder a los servicios del mercado.

Esto, claramente plasmado en los primeros artículos de la citada Ley, es la filosofía que la atraviesa y que se refuerza con la primacía del derecho a la educación como libertad individual, por lo cual cada individuo elige educarse o no educarse. No se reconoce a la educación como derecho social, por lo que el Estado se desentiende de la obligación de garantizar su cumplimiento a toda la sociedad.

Así se privilegia el derecho individual sobre el derecho social y el individualismo adquisitivo sobre la asistencia obligatoria y la educación pasa a ser una mercancía más que se compra y se vende en el mercado.

Pero estos postulados podrían haber quedado en meros enunciado si no se hubiesen implementado las estrategias políticas que permitieran su cumplimiento. Estas estrategias constituyen una de las características centrales de los actuales programas de ajuste y reestructuración educacional, cuya característica fundamental es la implementación de un progresivo proceso de privatización de la enseñanza pública.

Antes de analizar críticamente las estrategias que dan lugar a este proceso de privatización creciente de la escuela pública es pertinente remarcar que el mismo forma parte de un proceso más amplio de reestructuración política, jurídica y cultural de las sociedades capitalistas contemporáneas, una de cuyas características fundamentales es el progresivo desmantelamiento del Estado como organismo productor de bienes y servicios orientados a garantizar y promover los derechos de ciudadanía.

Pareciera ser que así como existe un Consenso de Washington para la política económica, también existe para las políticas sociales. Estados Unidos tiene intención de que la educación forme parte de la agenda de la “Ronda del Milenio” de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El objetivo de las negociaciones es ampliar el Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS), para abarcar los servicios básicos como salud y educación. Ello prohibiría a los países mantener el control del comercio y de la inversión en este sector. Les obligaría a abrir sus sistemas de educación a la competencia de empresas o agencias, y abriría la posibilidad de que políticas impulsadas por los estados nacionales puedan ser vistas como barreras al comercio de la educación.[1]

Existen distintas formas de conjugar el verbo privatizar como estrategia de la actual reestructuración capitalista, y las dinámicas que supone sólo pueden ser comprendidas en el contexto de cada actividad específica en el proceso de transferencia al sector privado.

Si bien privatizar, en sentido amplio, significa delegar responsabilidades hacia organizaciones o entidades privadas o de particulares, ésta adopta formas diferentes según el ámbito del que se trate. En el campo educacional algunas son más aptas que otras. Allí existen formas de privatizar que no resultan tan directas y visibles, y las estrategias son más difusas y opacas, lo que hace de ellas un fenómeno específico.

Whitty distingue tres tendencias que se están desarrollando en el campo educacional, en diferentes países, en los cuales la oferta educacional ha estado fundamentalmente a cargo del sector público: a) la privatización del sector público; b) subsidios directos al sector privado; c) fomento indirecto del sector privado.(1986-pag.301) , la privatización de la enseñanza estatal, adopta diversas formas. La más común es la transferencia de escuelas

La primera tendencia estatal es al sector privado (al estilo de las privatizaciones de las empresas productivas del Estado: telecomunicaciones, energía, etcétera), o la concesión de determinados servicios, antes desempeñados por empleados públicos, a una empresa privada, que sigue siendo costeado con fondos públicos. El caso más claro es el de los comedores escolares o los servicios de limpieza. Pero dentro de esta última forma, se han concesionado cuestiones mucho más importantes de política educativa, como es la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes (CBC) de los distintos niveles del sistema educativo, a través de suculentos contratos a expertos y la licitación del perfeccionamiento docente.

La segunda tendencia, los subsidios directos al sector privado, son los que históricamente han primado cuando existen sistemas de enseñanza mixtos, es decir de enseñanza pública y de enseñanza privada. Los colegios de enseñanza privada reciben fondos públicos, generalmente para el pago de sueldos del personal de la escuela, y exenciones fiscales. Estos fondos hacen que prosperen los colegios privados a costa de los colegios estatales. Una vez más, se beneficia el sector privado a expensas de fondos públicos.

La tercera tendencia,fomento indirecto al sector privado, es quizás la que ha cobrado mayor relevancia a partir de la implementación de las políticas neoliberales. Se trata del apoyo oficial al sector privado, que adopta la forma de subsidios ocultos, y reduce la capacidad del sector público para competir frente a él.

Estas estrategias comienzan a delinearse a partir de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos de la jurisdicción Nacional a las Provincias y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que tras el discurso de la descentralización y federalización oculta su verdadero significado, que no es otra cosa que la transferencia de funciones y responsabilidades de un organismo central a otros organismos de gestión locales. Pero esta delegación de funciones y responsabilidades, que está asociada directamente a mecanismos de financiamiento y gestión empresarial, encubre el doble juego centralización-descentralización. Se descentraliza la responsabilidad del financiamiento y los resultados, pero se centraliza el planeamiento, la evaluación, la formación docente, los contenidos a enseñar, es decir el control político-pedagógico.

Estas políticas descentralizadoras, bajo el discurso del mejoramiento de la calidad de la educación obtenida sólo a partir de la competitividad y la gestión responsable, son las que llevan implícitas las diferentes formas de privatizar.

Pero de estas distintas tendencias, la más relevante de analizar por su paulatina pero constante introducción pero también por lo que oculta, es la del fomento indirecto al sector privado. Dentro de ella han surgido dos propuestas, una es la del voucher o bono escolar y la otra es la de las escuelas charter. Ambas integran la variedad más conocida dentro de los programas de libre elección. En ellas los padres o clientes eligen y se responsabilizan por la elección realizada. Las mismas se basan en un enfoque económico que supone que las conductas humanas pueden ser entendidas como comportamientos económicos. Es decir, “[…] que los individuos se mueven racionalmente en la sociedad para maximizar utilidades y que disponen de toda la información existente para tomar sus decisiones; entienden el mercado como un espacio de intercambio de bienes públicos, y éste es lo más eficiente que existe para adjudicar recursos.” (Cosse,G.-1999)

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