LA INSPECCIÓN EDUCATIVA COMO SERVICIO PÚBLICO PARA EL SIGLO XXI-Parte 2

PEDRO GARCÍA. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, Profesor de Educación Secundaria e Inspector de Educación Miembro de la Asociación REDES
JOSÉ MARÍA PÉREZ. Diplomado en Magisterio., licenciado en Psicología. Ha ejercido como maestro y profesor de educación secundaria. Actualmente ejerce como como Inspector de educación.
may 10, 2014
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2. ORGANIZACIÓN INTERNA.

2.1. Dependencia-independencia, jerarquía y coordinación.

Debe combinarse la dependencia, al más alto nivel administrativo (Viceconsejería como mínimo), con un control o seguimiento plural y aportación de propuestas sobre líneas de actuación, realizado por el Parlamento andaluz, a través de la comisión de educación, con tendencia a la progresiva independencia del poder político que gobierne en cada momento. Concretamente, la Inspección se organizaría bajo la jefatura y coordinación de una inspección General, con un Inspector Central Delegado en cada provincia, nombrado por el Titular de la Viceconsejería a propuesta del titular de la inspección general. Todos los inspectores de Andalucía dependerían funcionalmente de la Inspección General y orgánicamente de la Viceconsejería. La inspección general deberá escuchar a los inspectores de cada provincia antes de la designación del inspector jefe central delegado. Con la independencia que otorgaría la forma de designación de los responsables y la dependencia administrativa de alto nivel, pero con independencia para la formulación de los planes, la inspección de cada provincia deberá tener en cuenta las líneas generales que se le propongan desde Consejería competente en educación y el Parlamento Andaluz.

Para lo anterior debe ponerse fin a la dependencia del Delegado Provincial que, a la postre, determina, en gran medida, la organización del trabajo de la Inspección, no sólo por designar al Jefe de Servicio, sino también por su influencia en el funcionamiento del trabajo diario. Al mismo tiempo, como hemos dicho, proponemos la participación de los inspectores, al menos siendo oídos, en la designación de esa nueva figura de Inspector central Delegado.

Por último, proponemos cambiar la figura del coordinador por coordinador-jefe de equipo, con objeto de reforzar sus funciones. Su designación se realizará tras la configuración de los equipos y por los miembros de los mismos. Podrán presentarse candidaturas y se tendrán en cuenta sus méritos. El aspirante deberá presentar un plan de trabajo y contar con el acuerdo explícito del equipo de inspectores.

2.2. Autonomía, homologación y consecuencias.

En los nuevos tiempos, debido a los constantes y acelerados cambios, las necesidades de centros y zonas se diversifican progresivamente. Esto conduce a la necesidad de mantener unos márgenes amplios de autonomía y flexibilidad, en contra de la obsesión por un intento de homologación absoluta que, a fin de cuentas, se queda en la mera formulación, puesto que no se dan las condiciones profundas y necesarias para que se produzca. Debemos tener en cuenta que la auténtica homologación se produce tras la formación común, la reflexión compartida y el debate y las prácticas continuadas.

Por tanto, tanto la planificación como el desarrollo del trabajo de los inspectores, deberá combinar las actuaciones comunes, con criterios claros e indicadores de referencia para todos, con la autonomía para responder a necesidades de zonas y centros concretos.

Esta autonomía debe basarse en un principio de confianza de los que ostentan mayor rango, en la escala de jerarquía, sobre la totalidad de los inspectores de Andalucía.

Para la unificación de criterios tanto en el nivel de zona, como en el de comunidad autónoma, deberán potenciarse mecanismos de comunicación y trabajo en red, con carácter horizontal, para poner en contacto a inspectores de toda la comunidad autónoma que desarrollen trabajos comunes.

Dicho aumento del poder, basado en la responsabilidad, debe traducirse en una mayor incidencia de las propuestas cuando estén fundadas en evidencias y pruebas. Por ejemplo, sobre recursos, dirección, interinidad, planes y proyectos, etc. En definitiva, los informes y dictámenes de la inspección educativa, con los necesarios contrastes y evidencias, deben tener consecuencias para centros y sistema.

En la organización interna, hay que incluir la participación y coordinación de la inspección con los otros servicios educativos de las Delegaciones Provinciales que deben respetar y no suplantar o ignorar las funciones y atribuciones de la misma. Dicha coordinación es de particular relevancia con los servicios responsables de la formación del profesorado que deberían partir para su trabajo de los informes de necesidades, de resultados y de planes de la Inspección Educativa y, por supuesto, de los Dictámenes que realice.

2.3. Apuntes sobre organización interna.

Debe mantenerse el inspector de referencia de los centros, entre otros motivos, por el fuerte carácter simbólico que posee. En cualquier caso, la referencialidad debería ser mezcla de emergencia individual para el diagnóstico de necesidades concretas de los centros y la coordinación con otros inspectores en intervenciones concretas que requieran trabajo conjunto. Eliminar la referencialidad individual, de forma absoluta, implica graves riesgos de dejar a la inspección en un “limbo” estructural, dentro del sistema, salvo que se reorganizaran otros elementos del mismo que ahora, salvo sorpresa, no está previsto modificar.

Planificación del trabajo.

Nos oponemos a una planificación general totalmente cerrada, con presunción de homologación absoluta que encorseta e impide contextualizar y dar respuestas a necesidades concretas y sentidas por los miembros de los centros. Aunque sí defendemos que la Administración educativa proponga líneas generales, basadas en objetivos prioritarios, que deberán ser tenidas en cuenta al planificar el trabajo en una zona o localidad, por los inspectores que trabajen en las mismas.

Desde nuestro punto de vista, la inspección educativa debe realizar planes de trabajo zonales que respondan, en un tanto por ciento a las prioridades establecidas por la administración educativa y, en otra parte, desarrollados con total autonomía, aunque fundamentados y basados en análisis de necesidades de la zona.
Trabajo en equipo y por zonas.

La inspección debe trabajar organizándose en equipos de zona que pueden albergar subequipos, en función de la configuración geográfica o las necesidades de trabajo. Las zonas deben ser abarcables y relativamente homogéneas. Los equipos deberán constituirse con criterios de eficacia y eficiencia, atendiendo a las características de las zonas, a la experiencia y mérito de los inspectores, evitando configuraciones que den lugar a desequilibrios que dificulten el desarrollo de las actuaciones y el trabajo en equipo real.
Al finalizar el periodo de permanencia de un equipo de inspectores en una zona, sus miembros deberán presentar un Dictamen final sobre necesidades, problemas y resultados alcanzados en la dicha zona. Dicho dictamen será público y conocido por toda la comunidad educativa.

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