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El río entre las piedras -El derecho humano a la educación y la interculturalidad- (III)

13 enero 2014

Vernor Muñoz [1]

1] Educador, abogado y activista costarricense de los derechos humanos. Relator Especial de las Naciones

Unidas sobre el derecho a la educación.

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Autonomía, desarrollo y discriminación

a. Agua en la sombra

La sombra que arroja la cuantificación económica y su desesperada urgencia para que todos los procesos sean regidos por sus términos, hacen que las instituciones estatales y comunitarias inevitablemente se afecten por los determinantes financieros.

 A pesar de que el mercado no ha logrado socavar las milenarias formas de expresión cultural de los pueblos, los condicionamientos del capital permean la vida social en muchas de sus manifestaciones, traduciéndolas en términos de costos y ganancias.

 Por lo anteriormente dicho, es evidente que la instalación y el funcionamiento de los sistemas educativos, requieren del financiamiento necesario para la universalización del derecho humano a la educación.

 Resulta entonces necesario que los estados destinen recursos suficientes para cubrir las necesidades educativas de los pueblos, lo cual obliga al establecimiento de prioridades, en los que generalmente la educación queda relegada por considerársele más un gasto que una inversión.

 Esa ausencia de previsión financiera para las escuelas11 ha provocado dos prácticas cuestionables: primero, la existencia de tarifas o de requerimientos materiales para los y las estudiantes del sistema público (compra de uniformes, cuadernos, libros de texto, etc), como requisitos para el ingreso escolar.

 Segundo, que ante la ausencia o baja calidad de escuelas públicas se ha producido un auge de instituciones privadas, que normalmente resultan prohibitivas por los costos de los servicios reservados para las familias más adineradas.

 Así por ejemplo, el informe de la UNICEF denominado “Cuido y educación en la temprana infancia en los países del E-9 : estado y vistazo”, llega a la conclusión de que, por término medio, sólo el 32% de los niños en edad preescolar acuden a centros educativos en los países sobrepoblados.

Según ese informe, el país del Grupo E-9 en el que está más desarrollada la educación preescolar es México, donde el 76% de los niños de más de tres años de edad frecuentan centros de enseñanza preprimaria. Después vienen Braisl (55%), China (39%), India (29%), Indonesia (19%), Niegria (18%), Egipto (10%) y Pakistán (8%). Aunque no exiten datos precisos ni abundantes sobre este particular, el informe señala que es el sector privado el principal proveedor de servicio de Atención y Educación de la Primera Infancia[1].

Lo que suele ser más dramático de la situación descrita, es que en la práctica el derecho a la educación se reserva para quien pueda pagarlo. Además, los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de este derecho son escasos y poco accesibles para las comunidades discriminadas.

Aún cuando la existencia de factores económicos es determinante para garantizar el acceso y el derecho a la educación, la implementación progresiva de la educación primaria gratuita y obligatoria no sólo está vinculada con la existencia de tarifas u otros condicionantes económicos en los centros de educación primaria y secundaria.

 También hay que considerar todos los condicionamientos de orden cultural, la deprivación social, la pobreza y las trabas del patriarcado, que alejan del derecho a la educación especialmente a las niñas, a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes y a las poblaciones migrantes.

 b. El río nace, no se hace

Hasta ahora, hemos visto que el principal enemigo de la gestión educativa en el marco de la interculturalidad y de la autonomía indígena, es la imposición estructural, centralizada y unidireccional que provoca el patriarcado y su propuesta política  homogeneizante.

Esa propuesta se alimenta de otra forma de dominación financiera, que niega los recursos económicos necesarios para el pleno desarrollo de la educación. No obstante, el problema no termina allí, pues debemos considerar además la existencia de un modelo de “desarrollo global” con el que se pretende reducir todos los procesos culturales, a una cuestión de eficiencia mercantil y de crecimiento económico.

 Según Latouche, en este modelo el bienestar es entendido como el bientener, presentado ahora como deber moral[2].

 La otra cuestión es que eso que llaman “desarrollo”, en el que la educación cuenta como una variable cuantitativa, constituye más bien una imagen-modelo de la sociedad consumista y sobredesarrollada del primer mundo, que se impone a los países pobres y despreciados como intento de consolidación de un sistema inequitativo. 

Esa noción de desarrollo relega a la educación a su papel instructor y reproductivo subordinado a la oferta y la demanda. Pero además, esa noción siempre obedece a intereses externos a las comunidades necesitadas.

 “La expresión educación para el desarrollo y su variante educación en el desarrollo reflejan una ideología que percibe tanto a la educación como al desarrollo, como factores económicos cuantificables, sujetos a las manipulaciones del planificador. Está implícita la noción de que la educación está aquí, que el desarrollo está allá y que un cuerpo o agencia profesional externo tiene tanto el poder como el derecho de organizar al primero en una relación funcional con el segundo”[3]

 Esta tendencia se observa en ciertos países que han desplegado fuertes campañas de marketing internacional de sus sistemas educativos, incluso buscando socios en países latinoamericanos que perciben esas ofertas como opciones interesantes para quienes pueden pagarlas, claro está.

 Si más bien entendemos el desarrollo como un proceso para conocer posibilidades destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, resulta evidente que ese desarrollo debe también ser autónomo, o sea, debe partir de las necesidades y las respuestas de las personas implicadas, que generalmente no son incluidos-as en la toma de decisiones. La construcción del conocimiento, implica adueñarse de los procesos.

 Lamentablemente, tal como señala Oloka, “el desarrollo económico fue largamente considerado como un derecho del Estado, en abstracción de las personas que lo constituyen”[4] y tal consideración ha partido de la premisa de uniformar criterios y prejuicios acerca de las capacidades de las personas para el ejercicio de la ciudadanía.

 La pobreza, por ejemplo, es comúnmente asociada con la falta de ingresos. No obstante, en realidad la pobreza es una compleja muestra de deprivaciones, desde no tener suficiente alimento, hasta la discriminación y la negación al respeto por la dignidad humana. La pobreza también puede significar falta de acceso a los servicios fundamentales, como la educación, y la exclusión de los procesos participativos, de la escogencia y oportunidades que ofrece la sociedad a otros y otras de sus miembros[5].

Los pueblos indígenas americanos, pero también las personas afrodescendientes, son testigos de esta realidad. 

c. La magia del agua dulce

Una vez diseccionado el viejo paradigma de la educación, sabemos ahora que el mundo del aprendizaje es inmensamente mayor y más rico que el mundo de la enseñanza.

El aprendizaje es, pues, como el agua que alimenta al mundo: una acción compleja y sensible de los seres humanos, que funda conocimientos en todos los ámbitos de la vida y que se vincula con los diferentes mecanismos sociales, económicos, políticos y culturales.

 El aprendizaje es naturalmente interactivo y se nutre de la multiplicidad de formas, fenómenos, ideas y percepciones, de modo que es un proceso que se autopropone con autonomía, pero en íntima constitución social.

 El “desarrollo”, la política y la ciudadanía, también son procesos educativos, en la medida en que las personas se apropien autónomamente del análisis de realidad y de la búsqueda de soluciones a los problemas.

 El ejercicio educativo se proyecta en acciones de incidencia, que se entienden como las capacidades de influir en la toma de decisiones y en la participación de la construcción de una ciudadanía activa que converge y convive con otras manifestaciones culturales y tiene como base la experiencia acumulada.

 La interculturalidad recoge la memoria histórica de los movimientos étnicos, contraculturales y sociales, logrando visibilizar las especificidades y descubriendo los contactos generales compartidos.

 Más aún, “la diversidad presupone cuestionar el conformismo, las asimetrías sociales y también las injusticias. En este sentido, el mensaje de la diversidad no es neutro. Asumir la diversidad como relación significa, por de pronto, aceptar la inter y multiculturalidad como un nuevo paradigma de organización social en donde conceptos como la responsabilidad social, la ciudadanía activa, el empoderamiento, la participación ciudadana, la democracia deliberativa se redefinen y vigorizan”[6]

.d. La cascada es verdad que se revela

La diversidad y la interculturalidad como ejercicios de aprendizaje designan también una presencia de las personas, entendida como visión del mundo y de la vida, que representa el fundamento de sus interacciones sociales. Ese factor de educación autonómica es resultado tanto de una experiencia empírica como de una elaboración conceptual que se propone como verdad objetivada.

 Al hallarnos en presencia de una rica epistemología de la cultura, el desarrollo como proceso de aprendizaje tiene la posibilidad de transmutarse, de encontrar sentido en los procesos de democratización y en la lucha de los pueblos indígenas y de otras  comunidades alternativas, contra la discriminación y la deprivación social. 

Es así posible comprender que el único desarrollo aceptable es aquel que tenga como fin la realización de todos los derechos humanos, incluyendo los económicos. 

Esa epistemología se revela objetivamente en las manifestaciones culturales, que permiten a las personas aprender sobre las bases que sostienen las formas de expresión[7].

 La diversidad se reconoce y valora a partir de la afirmación de la propia identidad. El reconocimiento del otro y la otra pasa por el reconocimiento del conflicto, la posibilidad del consenso, la aceptación del disenso y del diálogo respetuoso. 

Las relaciones interculturales pueden ser intensas prácticas democráticas, pues se sustentan en el intercambio propositivo, de modo que la interculturalidad implica el empoderamiento de los sectores socioculturales históricamente excluidos, y es un recurso para el desarrollo sostenible y sustentable en países multiétnicos, multiculturales y multilingües[8].

 Creemos que existen realidades posibles y acciones necesarias en las que el lenguaje es expresión, además de comunicación. Sabemos que los pueblos indígenas expresan tanto como el mundo necesita. Lo que falta es escuchar con humildad y pararnos con firmeza.

 Esas voces en la llama sin su sombra, significan que el mundo no es una totalidad fija y que no hay error más grande que creer que las piedras pueden aprisonar al río.

 En esa corriente ha nacido el mundo y, como bien se sabe, su camino al mar significa también el ascenso de la lluvia convertida en cielo.

[1] Cuya realización corresponde prioritariamente a los gobiernos, según el marco de acción de Dakar.

[2] Citado por Carmen, Raff. Desarrollo Autónomo. EUNA, Heredia, 2004, p. 27.

[3] Ibid, p.83

[4] Oloka-Onyango, J. Beyond the rethoric: reinvigoranting the struggle for economic and social rights in Africa. Originalmente impreso en California Westgern International Law Journal. http://www.umn.edu/humanrts/africa/Oloka-Onyango.html, p. 12.

[5] Innocenti social monitor 2004. Econcmic grouth and child poverty in the CEE/CIS and the Baltic states. UNICEF Innocenti Reserach Centre, p. 4.

[6] Magendzo, Abraham. Conferencia internacional “Evaluación y rendición de cuentas en la

educación en derechos humanos”. 4 abril 2004.

[7] Berríos, Mario. Detrás del arcoiris: epistemología de la cultura popular en América Latina. http//www.felafacs.org/dialogos

[8]  En términos similares, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, op cit, pp.197-200

COLEGIO SECUNDARIO MAYOR: UN DILEMA

8 noviembre 2011

NOTA: Escribí desde siempre de manera crítica sobre el Colegio, no por el afán de oponerse sino por que las cosas no respondían a estudios y menos recomendaciones técnicas, sino, todo lo contrario a una iniciativa -que atropellaba todo- y que saciaba las ansias locas de un mandatario que tuvo un ego colosal sin importarle si sus decisiones eran adecuadas o no. Rodeado de unos aulicos asesores técnicos que decían sí señor sin importarles la educación nacional. Por ello nunca se supo el verdadero compromiso que había detrás de la creación del CSM. Con mucho voluntarismo, antes que con convicciones técnico pedagógicas se sacó adelante el Colegio, ocultando la realidad. La nueva administración ha demorado en dar una informción sustantiva sobre la realidad económico financiera y más técnico pedagógica de los que es en realidad el CSM más allá de los “pantallazos” que dió el anterior régimen. Hoy el retraso de la convocatoria, pero ésta es un pretexto para ignorar si el proyecto es sustentable a futuro. Lamentablemente quienes “denuncian” retrasos e invocan una rectificación, antes callaron en todos los idiomas ejerciendo el cargo que les competía. No fueron capaces de ponerse firmes a tanto desporpósito como el anunciar para el 2010 dos nuevos colegios secundarios mayores en el interior del pais. Allí se guardó un “silencio cómplice” sin dar explicaciones. Hoy los juicios que se ensayan para criticar el retraso de la convocatoria nos hubiera gustado escucharlos cuando se ejercía el viceministerio respectivo en la gestión anterior. Pero es pedir peras al olmo. Consideramos que el CSM es importante, pero debemos pensar si el lo que se requiere centralizando la excelencia en la capital y olvidándose de las promesas política de inclusión en educación.
El día de hoy en el diario El Comercio ha salido la siguiente información, que queremos compartirla, pues no se trata sólo de un retraso, sino de ajustar todo a las prioridades que la actual gestión ha determinado.

EL COMERCIO. Lima, 08 de noviembre de 2011-11-08
DEBIÓ PUBLICARSE EL 15 DE OCTUBRE
Educación retrasa convocatoria para postular al Colegio Mayor
Comisión evaluará costos y mecanismo de selección de los estudiantes. Una gran parte del presupuesto se va en alquilar Club Huampaní
Por: Carmen Gallegos
Martes 8 de Noviembre del 2011
El retraso en la convocatoria para postular al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, situado en el club vacacional Huampaní de Chosica, ha generado un clima de incertidumbre entre profesores, padres y alumnos.
Aunque el proceso de admisión para el 2012 debió comenzar el 15 de octubre, a fin de captar a alumnos de segundo de secundaria de colegios nacionales del país que ocupen el primer y segundo puesto, hasta el momento no hay fecha definida.
Al respecto, Marilú Martens, directora del colegio hasta el 17 de octubre, señaló que este retraso afecta a los alumnos de los hogares más alejados. “Todo estaba preparado, solo faltaba la firma del viceministro para lanzar la convocatoria. Ahora no va a llegar la información a tiempo”, dijo.
Ante estas interrogantes, el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, emitió un comunicado que dejó más dudas que respuestas.
Según el documento, una comisión de especialistas, que debe instalarse en noviembre, evaluará la “consistencia” del colegio, los mecanismos de selección de alumnos y “la articulación del colegio a una política educativa que prioriza la inclusión social”.
También se evaluará “costo-efectividad de la propuesta [el Colegio Mayor] tomando en cuenta que en la actualidad el costo por alumno es de US$12.000 anuales”, reza el comunicado. No obstante, hasta el momento no se ha nombrado a la referida comisión.
Juan Toro Saldaña, actual director del Colegio Mayor, informó que, pese al retraso en la convocatoria, las fechas de las evaluaciones e inicio de clases se mantendrán. “La convocatoria tiene que llegar a 26 regiones. Inmediatamente el Minedu [Ministerio de Educación] nos dé el pase, la colgaremos en el portal del colegio”, explicó.
COSTOSO ALQUILER
Se sabe que la actual gestión del Minedu evalúa si vale la pena destinar S/.32 millones anuales a una institución de élite. Sin embargo, la mitad de este presupuesto se va en pagar las instalaciones y servicios del Centro Vacacional Huampaní.
Curiosamente este local también le pertenece al sector Educación y antes funcionaba como centro recreacional para sus trabajadores.
Actualmente, el 60% del club es usado por el colegio y el resto como centro de convenciones.
La ex directora Martens explicó que el residentado significa un gran costo.
“El colegio alquila el local del Centro Vacacional Huampaní, que es del mismo ministerio. De un bolsillo va al otro bolsillo. Se paga un servicio de hotel, alimentación y lavandería. Esos servicios los da Huampaní a precios muy elevados”, explicó.
Esta versión fue confirmada por el actual director, quien explicó que por cada alumno se pagan S/.24 diarios en tres comidas y S/.23 diarios por cama.
A esto hay que sumarle el costo de usar la piscina, la lavandería, entre otros servicios para 843 estudiantes. Todo ello significa S/.1’000.200 mensuales.
“Yo he recibido la institución con un convenio suscrito entre la anterior gestión del Minedu y el directorio de Huampaní. Es un convenio draconiano por seis años de alquiler donde todas las ventajas las tiene Huampaní. Ese convenio tenemos que evaluarlo y modificarlo”, comentó.
Padres de familia protestan
Ayer unos 40 padres de familia, que tienen a sus niños en el Colegio Mayor, protestaron frente a la sede del Ministerio de Educación en San Borja por el retraso en la convocatoria 2012. Muchos de ellos llegaron desde provincias.
Es el caso de Margarita Arribasplata, quien viajó desde la provincia de San Pablo, en Cajamarca, para averiguar la situación del colegio de sus dos hijos.
“Mis niños están asustados porque primero cambiaron a la directora Martens de un momento a otro. Y ahora no sale la convocatoria. No sabemos qué pasa. Estoy indignada”, comentó.
Julián Huerta, director de la Apafa del colegio, contó que durante días estuvieron esperando que saliera la convocatoria en la página web del colegio. “Los mejores alumnos del Perú quieren postular. No se puede jugar con ellos”, reclamó.
LAS CIFRAS
50% de los 843 alumnos del Colegio Mayor proviene de hogares en situación de pobreza extrema. El 60% de estudiantes procede de provincias.
300 vacantes para alumnos de tercero de secundaria deberán ser cubiertas en el proceso de admisión. En la convocatoria anterior postularon 3.300.
PUNTO DE VISTA
Se ha perjudicado a los alumnos
El retraso en la convocatoria para postular al colegio Mayor ha generado una gran incertidumbre. Ha pasado cerca de un mes y no hay convocatoria. Tampoco un pronunciamiento oficial del Ministerio de educación.
Este retraso ha perjudicado el proceso de información de cerca de 400 mil alumnos en segundo de secundaria.
Creo que reconocer a los mejores alumnos de los colegios nacionales y premiarlos con un colegio de excelencia se enmarca en la política de inclusión social. Al igual que el recién creado programa beca 18. Yo espero que el Minedu se rectifique.
IDEL VEXLER. EX VICEMINISTRO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

¿Existe una política editorial sobre textos escolares? Entre denuncias y “la casa siempre gana”

16 marzo 2011

Es importante escribir sobre el tema y no sólo porque se volvió la “denuncia” de la semana en el país, sino porque desnuda una vez más la orfandad con que se navega en política educativa y evidencia que es el mercado que sin ambages incursiona ya en las políticas sociales.

El libre mercado –oferta y demanda- está haciendo furor tanto en el discurso político, como en la vida diaria nacional. El caso de la denuncias sobre los precios de los textos escolares y el “tráfico” de “comisiones” entre la oferta, no de precios entre editoriales por la calidad del producto, sino de soles contantes y sonantes que van a enriquecer las ganancias de quien tiene la potestad de hacer “el negocio”.

No es un tema y problema de hoy. Todo lo contrario. Es un añejo tema al que el Estado nunca supo responder de manera clara, directa, precisa. Quienes tienen la responsabilidad de decidir, de vigilar, de advertir son demasiado “sensibles” a las influencias, lobbies le llaman hoy, de quienes poseen la empresa y editorial para producir los textos escolares.

El tema de la producción de textos escolares no es simple. Es bastante complejo. Lo que se aprecia y denuncia hoy es el tramado de una serie de mecanismos que se ponen en ejecución, no en los meses de matrícula e inicio del año escolar, sino todo lo contrario. El proceso productivo de un texto se planifica con mucha antelación, así como el establecimiento de los márgenes de inversión y ganancias. Aproximadamente con un año de antelación se planifica y se estructuran presupuestos donde se consideran no sólo insumos y mano de obra calificada, sino la inversión en promoción, publicidad y ofertas para posicionar el producto en el mercado.

Es indudable que a nivel empresarial se deben tomar todas las medidas para que en la inversión que se realice no se atente contra la seguridad económica de la empresa, pero también es necesario que se tenga en cuenta la función social del servicio de la producción de los textos escolares. No es un producto cualquiera. Requiere un trato especial pues está dirigido a quienes obligatoriamente deben hacer la inversión: los padres de familia.

¿A quién le compete la responsabilidad de la vigilancia sobre la edición y costos de los textos? Al Estado y dentro de él al Ministerio de Educación que es el responsable de diseñar y ejecutar la política educativa que no se inicia ni agota en la dotación de infraestructura, de plazas docentes, de contrato de maestros, sino también debe dar lineamientos para el diseño e impresión de textos escolares. Sin duda existe una política pues el Ministerio de Educación elabora e imprime sus propios textos para los alumnos de las instituciones públicas oficiales. Esta política debería ser general y regir tanto para textos que se utilizan en la escuela pública como en la privada. El acceso al conocimiento y aprendizaje no debe responder a estos criterios diferenciados, aunque los enfoques de algunas instituciones educativas nos muestren lo contrario. No es posible que nos enteremos de estas situaciones sólo cuando existen denuncias sobre licitaciones y nada más. Pero ¿qué sucede con los alumnos de las instituciones educativas privadas? ¿Qué política se tiene para que las empresas dedicadas a la impresión y dotación de los textos escolares para alumnos de esas instituciones no lucren con los precios?

La orfandad de recursos legales ante el “descubrimiento” de ciertas prácticas que atentan contra la economía familiar desde el sector educación son evidentes y alarmantes. ¿Cómo es posible que sosteniendo un discurso de calidad de la educación, se olviden de la equidad? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta los otros niños que no asisten a la escuela pública y los gastos que debe afrontar el padre de familia? Reglas del mercado, o como dice algún funcionario quien quiere celeste, que le cueste”. Un Estado que se olvida que los principales actores de este proceso son las personas es un Estado excluyente.

No uno sino muchos vicios se dan en la producción de textos escolares. Es difícil determinar desde cuándo se incuba esta corrupción (¿qué otro nombre debe llevar esta manera de ofertar textos ofreciendo ganancias por lo bajo?).

Poco a poco la industria editorial del libro de texto escolar fue apareciendo en el horizonte educativo, cuando las enciclopedias escolares dieron paso a otros textos especializados. Conforme se incrementaba la matrícula aumentaba la demanda de textos y se empezó a apreciar que un “filón” de la economía de las industrias gráficas estaría en la inversión en edición de los textos escolares. Aparecieron las compañías con soporte empresarial que imprimían los textos escolares. El siguiente paso, habiendo estudiado el mercado, estas empresas formaron equipos de trabajo especializados –por lo general de educadores destacados- para que elaborasen los textos escolares, de acuerdo a las pautas del currículo y las determinadas normas del Ministerio de Educación.

Una antigua publicación del INIDE (Instituto Nacional de Investigación Educativa) del año 1975 titulada Manual de Procedimientos. Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo, nos indica que hubo preocupación del Ministerio de Educación sobre el tema de la elaboración de textos. El propósito de esta Resolución Directoral Superior era racionalizar los procedimientos en el Ministerio de Educación. El Manual consta de dos capítulos, en el primero se describe el título del procedimiento, el objetivo, base legal, requisitos, órgano responsable y el trámite del procedimiento. En el segundo está referido a la conformación de las Comisiones Ad hoc, los requisitos mínimos para la evaluación de textos y la guía y tabla de evaluación de textos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. INIDE. MANUAL DE, PROCEDIMIENTO Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo. Lima, 1975), Si bien no existe una referencia al costo del texto, el Ministerio tuvo la preocupación de establecer Indicadores para la evaluación por áreas del contenido. Sería conveniente hacer el seguimiento de los procedimientos de entonces. ¿Existen hoy documentos parecidos? Lo ignoramos. Pero a decir del Ministro “… se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares… Se va a trabajar un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta, que son para el uso de las escuelas privadas- más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige.” (LA REPÚBLICA. 09.03.11). Consideramos que esto no basta, pues no se aborda el tema del costo de producción del texto escolar que en este caso es el centro del problema. ¿Por qué se encarece tanto el libro para las instituciones particulares?

El vice ministro de Gestión Pedagógica en contraposición declaró a una radio “Cada libro (elaborado por el Ministerio de Educación) cuesta entre 6 y 8 soles” yo diría que son mejores (que los libros de los colegios particulares)” (RPP.09.03.11). Si esto es así no se justifica que los textos elaborados por las editoriales cuesten tanto.

Parece que el ministro no conoce sobre el tema y sobre el problema. Una cosa es dirigir una universidad particular y otra la educación nacional.

Volviendo a lo narrado, el desarrollo de la industria editorial para textos se volvió importante, interesante económicamente, a partir de los años 90. El desarrollo posterior es conocido al punto que dejamos de llevar nuestros textos a imprimir a Colombia –por calidad y precios- . El adelanto de la tecnología permitió trabajar una nueva propuesta para la edición de textos escolares. Impresión de calidad, uso del color, diagramación, desarrollo del contenido de las materias, utilización de dibujos, gráficos, fotografías tratando de elaborar un producto más atractivo (competitivo en la jerga de hoy), para “conquistar” el mercado, merced a la oferta.

En paralelo se fue trabajando la línea de distribución de acuerdo a los cánones del mercado. Se empezó así en “promocionar” los textos entre los docentes de primaria y secundaria, luego capacitación especializada desarrollada por especialistas financiados por la editorial que promovía el evento, reparto gratuito de textos, etc. Indudablemente esta inversión que se hacía debería recuperarse mediante el compromiso tácito de los docentes de recomendar la compra del libro de tal editorial a sus alumnos. Quedaba asegurada la venta del material y el retorno de la inversión con “alguito” de ganancia. Las modalidades fueron cambiando y perfeccionando según las recomendaciones del mercado.

De entonces a hoy se fueron perfeccionando las relaciones productor-consumidor; empresa – promotor. Esto lo saben los docentes, las autoridades que hoy se sorprenden ante la denuncia de un programa de TV. Esta práctica no es de ahora pues. Lo preocupante es que sabiéndolo se hicieron de la “vista gorda”. Hasta hoy salvo el documento recordado, no se hizo nada al respecto. Se ha buscado un “biombo” amparo recurriendo a la ley de defensa del consumidor; la ley de protección a la economía familiar y a la promesa de crear una comisión para castigar a responsables. También advertir –amenazar a las escuelas que serán multadas hasta por un millón de soles si se les comprueban faltas. ¿Sirve esto de algo si no existe un real compromiso político de defensa del consumidor? Tenemos el caso de una infracción de la empresa de helados Donofrio que después de dos años de ser denunciada por estafa a los consumidores al promocionar productos que no correspondían a la promoción, recién se le impone la multa. ¿Cómo confiar entonces en estas instituciones?

Decir que cuatro editoriales (San Marcos, Corefo, Santillana y Hilder) entregaban el 30% de comisión a las autoridades de los centros educativos por cada libro vendido, según el informe periodístico, no es descubrir la pólvora. Si se sabe ¿qué se hace? También que la negociación se iniciaba cuando las editoriales brindaban al colegio cierta cantidad de textos con un precio determinado, para luego ser ofertados a los estudiantes a un costo mucho mayor, y sorprenderse. ¿No se sabía de esto?

Las firmas enunciadas no son desconocidas. Basta ir al portal de internet para poder contar con la información que se requiera y la forma como promocionan la formación en valores. ¿Qué valores? ¿Del consumismo? ¿De la explotación? Hacer cálculos y malabares explicativos y rasgarse las vestiduras por este mayúsculo escándalo y llamarlo “indignante negocio” de algunas editoriales, al menos suena hoy como un sarcasmo contra la protección del derecho a la educación que todos tenemos. Y más cuando se calculan las multas “por violar la Ley de Protección a la Economía Familiar y el Código de Protección y Defensa del Consumidor que prohíben direccionar (sic) la compra de libros y demás artículos escolares hacia un determinado proveedor o editorial.(La República 08.03.11) ¿No se sabe acaso que desde que termina el año anterior las instituciones educativas envían cartas-comunicados a los padres de familia sobre los costos del años venidero tanto en pensiones como en textos, uniformes regulares y deportivos y otros materiales? ¿Para qué están las UGEL? ¿Qué supervisan?

Se recurre hoy a la asociación de colegios privados para “analizar en profundidad este tema tan cuestionado”. (La República 08.03.11). También ha declarado el Presidente de la Cámara Peruana del Libro deplorando estas “malas prácticas de las editoriales y directores que confabulan en contra de los derechos de los padres. Ha convocado a una reunión entre los miembros de su institución para firmar un pacto ético en el cual todos los participantes se comprometan a desaparecer estas malas prácticas. De no ser acatado este pacto por las editoriales, serán separadas de la Cámara.

Además el vice ministro de Gestión institucional, expresó que “Los directores de colegios privados deben explicar qué han hecho con el dinero. ¿Han invertido en mejorar la infraestructura de sus centros educativos? (La República 08.03.11). El ex presidente de la Asociación Peruana de consumidores (ASPEC) y candidato al congreso, presentó una denuncia ante INDECOPI en contra de las cuestionadas empresas. “El objetivo es que estas editoriales devuelvan el dinero” también expresó que es lamentable que estas editoriales lucren con los textos escolares, aún cuando el Estado les concede exoneraciones de impuestos (La República 08.03.11). Una congresista pedirá a las comisiones de Fiscalización y Educación del Congreso una investigación referente a los altos costos en los precios de libros escolares que realizan las empresas editoras en complicidad con los directores de algunos centros educativos. ((La República 08.03.11).

La falta de idoneidad con que es gestionado el Ministerio de Educación una vez más salta a relucir. No se trata de ser un empresario exitoso en el rubro de la educación superior privada (el ministro es el propietario de la Universidad Particular San Martín de Porres), para ser garantía en la conducción de la educación nacional. Puede estar rodeado de los mejores funcionarios del sector, pero es él que responde políticamente por lo que se haga, deje de hacer o las desidias que se cometan atentando contra la economía familiar.

El Presidente de la República, tan interesado en los temas educativos cuando se trata de figurar, ha pedido a INDECOPI actuar en relación con la denuncia de negociados entre algunas editoriales y colegios privados, para vender libros escolares a mayor precio a los padres de familia. También expresó que si bien ese tema forma parte del mundo privado, también la Dirección de Educación Privada (sic) del Ministerio de Educación debe encargarse del asunto, porque hay muchos colegios que abusan y padres que se dejan abusar en vez de denunciar. (EL PERUANO. 09.03.11) El Ministro de Educación calificando a esta práctica de las editoriales como “nefasta” ha expresado que se exigirá a las editoriales publicar precios oficiales de los libros vendidos (La República, 09.03.11). Además anunció que se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares, que a raíz de esta comercialización ha sido perjudicada. “Se va a trabajar en un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta –que son para uso de las escuelas privadas– más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige” resaltó. De acuerdo a estas medidas, a partir de la fecha el Ministerio de Educación solicitará a todas la editoriales publicar desde el primero de enero de cada año, los precios oficiales de sus libros. “De tal manera que todos los padres de familia tengan conocimiento oportuno de este precio y por lo cual no puedan pagar ni un sol más”, agregó. Nuevamente señalamos que es importante saber el costo de producción del texto y no “disfrazarlo” con el llamado “precio oficial”.

De un lado hay que decir al señor Presidente que no se trata de un problema que sólo atañe a la Dirección de Educación Privada –esta no existe- por lo tanto es un problema de política educativa que no debe hacer distingos entre público – privado. La equidad en educación es importante para que todos los niños y jóvenes peruanos reciban la educación de calidad que tanto se pregona. De otro lado, no se trata de “control” de precios de los libros solamente, sino de todo lo que concierne al material didáctico que adquieren los padres de familia por demanda de las instituciones educativas. La fijación de un precio justo debe darse desde el establecimiento de los costos de producción, más si existe una desgravación del IGV. ¿Qué diferencia los libros para la educación oficial y de la educación privada? ¿En dónde se incrementa el precio? El celo que se quiere poner ahora debe ser para todos sin distingos de ninguna naturaleza.

El sistema económico en el que nos encontramos que se rige por la oferta y la demanda, no debe ser motivo para atropellar derechos y menos para aprovecharse de un segmento de la sociedad que tienen por obligación de proporcionarle instrumentos de aprendizaje a sus hijos. Pero este celo debe ir más allá pues el modelo económico se presta para otras maneras de explotar a quienes necesitan del recurso educación para superarse. Como lo expresa un diario: “Ello no debe limitarse a los abusos y negociado con libros, sino también a los cursos, pasantías y hasta viajes para algunos docentes o directivos, financiados por algunas editoriales, como compensación por elegir sus textos para los alumnos” (EL COMERCIO, 09.03.11).

El día 10 de marzo, los diarios quieren amainar la preocupación y el rechazo por este “asalto” a la economía de las familias con el pretexto de la adquisición de textos escolares. Así tenemos los titulares “Solo comprarán a editoriales que firmen el Pacto Ético” El próximo año el Estado comprará textos por 130 millones de soles. Descartan exigencia de compra de libros en colegios públicos. (EL PERUANO. 10.03.11); Indecopi. Toma medida contra editoriales investigadas. Presenta lista de precios. Entidad atendió más de 600 llamadas de padres de familia (EL PERUANO. 10.03.11); contra precios onerosos. A implementar el código. (EL PERUANO. 10.03.11); Proponen Observatorio de Precios para textos escolares (LA REPÚBLICA,10.03.11) Editoriales devolverán dinero excedente por compra de libros (diario16. 10.03.11); Textos escolares: publican lista de precios (PERU 21,10.03.11); Apafa cree que negociado continuará (diario16.10.03.11). ¿No sabrán acaso que todo esto es “letra muerta”. Muchas editoriales han anunciado que firmarán el pacto ético, sin duda es una buena intención, sin embargo sería bueno conocer el pacto que firmarán, para que no se les olvide ciertos principios que deben normar las relaciones interpersonales e interinstitucionales de un Estado que es democrático y que tiene por sobre todo la defensa de los derechos que nos asisten a todos los peruanos.

En medio de la batahola de denuncias y de propósito de enmienda, no existe una sola mención de parte de las empresas editoriales ni de las instituciones educativas de aceptación de la falta cometida de manera explícita. Por ello llama la atención que sólo la APAFA exprese su preocupación expresando que las cosas continuarán: “El presidente de la Confederación de Apafas del Perú, Miguel Chipanba Sotomayor, manifestó ayer que el “negociado de las editoriales nunca va a parar debido a que ministros, viceministros y hasta funcionarios del Ministerio de Educación, así como todas las autoridades y maestros de las UGELs y colegios, están comprometidos con las editoriales. “Estas empresas siempre auspician todos sus eventos y hasta les pagan no solo por dictar conferencias en Lima y provincias, sino también por imprimir los textos escolares del gobierno”, alertó. (diario16.10.03.11). Sin duda una advertencia a tener en cuenta.

De otro lado no es bueno dejar de lado las preocupaciones de los padres de familia que expresan sus comentarios a las noticias, pues estas opiniones expresan cómo perciben y cómo sienten este engaño y la poca confianza que tienen en las decisiones del Estado y las palabras de los funcionarios. Ojalá que las investigaciones vayan a y al fondo de los problemas evidenciados y que de una vez por todas no “soplen la pluma” a otros que si bien tienen que ver con el tema, no tienen la responsabilidad y decisión política que se requiere. No basta proclamar cotidianamente desde el Presidente a sus funcionarios de confianza la calidad de la educación que no se reduce sólo a lo que se viene haciendo con la Carrera Pública Magisterial, pero ignorando los términos del Acuerdo Nacional, del Proyecto Educativo Nacional. La frivolidad y la egolatría no deben impregnar la política educativa como hoy. Es necesario que en estos pocos meses que quedan de gobierno, si no se puede remontar las desidias, sepan reconocer con una autocrítica lo que se dejó de hacer por falta de una voluntad política coherente, ajena a la palabrería hueca, que “encantará culebras” pero que no aporta nada a la construcción de país y menos a una educación que merece una calidad sin eufemismos.

Existen muchas cosas que revisar en el sector educación que no sólo de textos se trata. También de licitaciones, el retraso de la entrega de obras, licitaciones que se hacen al amparo de normas específicas y otras tantas formas de “sacarle la vuelta” al Estado para el enriquecimiento de unos pocos y el perjuicio de muchos. El libre mercado no puede ser el pretexto para renunciar deberes y derechos del ciudadano peruano. No puede ser disculpa que las conclusiones de las investigaciones sea “que la casa siempre gana” porque esas son las reglas del libre mercado. (12.03.11)