¿Educación Superior o solo universitaria?

1.             ¿Juego de palabras? Ni si quiera eso. Es sólo tomar el rábano por las hojas, sin fijarse en el producto. Tres grupos se han constituido para la batalla y cada uno parapetado en lo que son sus fortalezas y sus debilidades.

 

¿Qué es la educación superior en el Perú? Para el peruano común y corriente al que  los huachafos llaman “hombre de a pie”, es el nivel de educación máximo al que debe llegar el hombre instruido. Pero ¿Alguien ha pensado en explicar en sencillo, en simple,  a toda la comunidad  qué es la educación superior?

 

Así se ha empezado a “pontificar” sobre algo que no se conoce o se sabe por cultura general, pero no con argumentos legales. Por ello quisiéramos refrescar y situar en su contexto lo que estamos hablando. En la Ley  General de Educación Nº 28044, en el Título III La Estructura del Sistema Educativo. Capítulo I Disposiciones General Art. 29º Etapas del Sistema Educativo, se nos dice que el sistema Educativo comprende las siguientes etapas: a) Educación Básica y b) Educación Superior. Sobre esta última nos dice la ley que “…está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país.”

 En el Capítulo V La Educación Superior en el art. 49º Definición y finalidad, se dice que “es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la Educación Básica.”

 En el Art. 50º se dice que las instituciones que imparten educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. El Art. 51 se refiere a las instituciones universitarias, así como a institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior, que pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica.

 Hasta aquí este preámbulo para ubicar  la denominada educación superior y el tipo de instituciones que la desarrollan: las universidades y los institutos, escuelas y otros.

 2.            Ausencia. Como podrá apreciarse se nos dice cual es  la finalidad de la educación superior, pero no se elabora un marco que sustente la política de educación superior, en la constitución de la educación peruana. Una normatividad sin un marco teórico, sin historia, sin institucionalidad, sin filosofía, y sin la noción de calidad en educación superior, puede caer fácilmente en una ley marco reglamentarista.

 

La carencia de aspecto central y medular de la educación superior nacional lleva a reducir la propuesta legal a una normatividad sin espíritu, sin objetivos claros y menos metas precisas referidas al nivel en que se quiere formar a los futuros profesionales del país.

 

Esta ausencia de planteamientos teóricos, filosóficos, pedagógicos y de  los nuevos enfoques que se quiere para la formación de profesionales para el siglo XXI, hace posible que cualquiera en el mercado pueda formar una organización de acuerdo a sus intereses mercantilistas, antes que aporte al desarrollo del país.

 

Diagnósticos, estudios, investigaciones sobre el estado de nuestra educación superior existen en los anaqueles de los investigadores y en el olvido de los funcionarios que deben conocerlas para tomar decisiones adecuadas y no tamizadas por tendencias y enfoques político partidistas.

 

El artículo “Mayor acceso con menor calidad en la educación  superior: algunas evidencias desde las habilidades de los estudiantes” realizada por Gustavo Yamada, Juan F. Castro, José L. Bacigalupo y Luciana Velarde, de la Universidad del Pacífico. (Revista APUNTESD.Vol. XL, N° 72, primer semestre 2013: páginas 7-32 / ISSN 0252-1865), es una de los pocos del presente año 2013 que desde la investigación, reflexión y academia presenta el problema de la educación superior de manera crítica, sin entrar en los matices de la propiedad institucional, autonomía y dependencia del presupuesto nacional. El artículo se refiere a la evolución del acceso a la educación superior en el país y evalúa también la hipótesis de que ella misma ha venido acompañada de un deterioro en las habilidades del estudiante universitario promedio. Por ello afirman que el incremento al acceso a la educación superior ha contribuido a la caída de la calidad educativa.

 Un estudio serio, concreto, que no se deja teñir por intereses mezquinos de defensa de derechos particulares nos presenta otra entrada al tema de la educación superior. Consideramos de importancia compartir lo que los autores a modo de conclusión precisan, pues abarca a todo el sistema educativo en breves líneas y deja un mensaje importante para el Estado.

 “El conjunto de información discutida aquí es consistente con la hipótesis de que en la última década ha habido un deterioro en el acervo de habilidades con las que los jóvenes ingresan a la educación superior. Como hemos observado, la promoción de la iniciativa privada ha generado un incremento sustantivo en la oferta educativa en respuesta a la mayor demanda por educación superior en nuestra sociedad. No obstante, en un país con logros de aprendizaje muy pobres, estos desarrollos pueden llevar a una caída en el nivel de habilidades de los alumnos universitarios. Si bien un incremento en el acceso a la educación superior es deseable como herramienta para el desarrollo económico y humano del país, es necesario que venga acompañado de reglas de juego que preserven sistemas de admisión relativamente exigentes. Asimismo, la educación básica debe incrementar sustantivamente los aprendizajes de los estudiantes. De nada sirve tener un mayor porcentaje de nuestros jóvenes con educación superior completa si al llegar al mercado laboral lo único que obtendremos será una mayor proporción de desempleados con títulos (y un incremento del subempleo profesional).

 Frente  a estas conclusiones no se puede responder sólo con una nueva ley universitaria que sesga el tema. Lo que debería hacerse es abordar de una buena vez el tema de la educación superior como política de Estado en el marco que estipula la Ley de Educación Nº 28044. No seguirnos lamentando y fundamentando cambios a partir de informes periodísticos televisivos. Lo que expresa esta investigación es más que suficiente para hacer una agenda de trabajo de académicos de prestigio dedicados a formar profesionales. Por ello se deduce que un conjunto de postulantes con un nivel bajo de habilidades, de la mano con instituciones educativas con estándares de admisión demasiado flexibles, son evidencias a favor de la hipótesis de un deterioro en la calidad de la educación superior.

 3. ¿Cuánto cuesta ser audaces? El cálculo político, el “respeto” al qué dirán, el querer contentar a todos, en un mundo en permanente conflicto, hacen que se posterguen decisiones que sabemos son un obstáculo para el desarrollo de una política educativa ceñida a las demandas del país, con proyección al futuro. Por ello consideramos importante tener en cuenta lo siguiente

 

– el diseño de los lineamientos de una política de educación superior convocando a las principales universidades públicas para tal tarea. Abrir el debate sobre los lineamientos de la educación superior entre las instituciones nacionales;

 

– modificar sustantivamente el DL 882 Ley de Promoción de la inversión  en la educación luego de hacer una evaluación de lo realizado a la fecha en la aplicación del DL. La interpretación que se hace del DL 882 ha llevado a excesos negativos en algunos casos y en otros ha alcanzado importantes  aportes. Ya el informe sobre Educación Superior en Iberoamérica 2011 coordinado por José Joaquín Bunner, en el capítulo A.5. Perspectivas nacionales A.5.15 Perú: advertía,  “Con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 882 en 1996, se crea un tipo de universidad denominada «con fines de lucro». La actual legislación establece una diferenciación entre universidades «institucionalizadas» y universidades que se encuentran con «Autorización provisional» del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU. Las primeras comprenden universidades creadas antes del año 1995 o que posteriormente han sido autorizadas definitivamente por el CONAFU para funcionar con autonomía, por lo cual no están obligadas a ninguna evaluación externa sobre su calidad. Cuando una Universidad se crea, depende provisionalmente del CONAFU por un periodo de evaluación que dura no menos de cinco años hasta su autorización definitiva. Después de su autorización, las universidades pueden establecer programas (presenciales, semi-presenciales, a distancia o virtuales) sin control de su pertinencia y calidad. Soslayar esta opinión técnica y creer que debe reemplazársele por una Superintendencia, es burocratizar la educación superior y dejar otros problemas por resolver;

 

–              crear un ente coordinador y regulador que asegure la calidad de las universidades e institutos y escuelas superiores, mediante la planificación y toma decisiones de manera integrada sobre el sistema de la Educación Superior en coherencia con las necesidades y políticas de desarrollo del país;

 

–              hacer realidad lo que el art. 50º de la Ley General de Educación enuncia sobre La articulación, para garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento. Por ello las instituciones que imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismo de coordinación que hagan posible la subsanación y convalidación de estudios;

 

–              existen conceptos como autonomía, transparencia, rendición de cuentas, la ética del actuar y el desempeño de los docentes, acreditación, que son necesario revisarlos, y enriquecerlos desde la perspectiva de la mundialización que estamos viviendo. No puede la educación superior estar de espaldas  a los fenómenos sociales. Todo lo contrario, es necesario incorporarlos y abrirse a sectores mayoritarios, incluirlos y no seguirlos manteniendo sólo como objetos de estudio e investigación.

 ¿Quién se atreve a proponer la agenda de manera lúcida y sin el riesgo de caer en sambenitos? ¿Quién convoca a los académicos probos y les proporcionan los medios para elaborar una propuesta de Lineamientos de la Educación Superior del Perú? De no hacerlo nos veremos próximamente envueltos en una vorágine de apetitos mercantilistas que lejos de pensar y velar por la calidad de los profesionales que requiere el Perú, piensa más en amasar fortunas. ¿Por qué reducir el tema sólo a la formación universitaria y no atreverse a abordar el tema de la Educación Superior? Estamos a tiempo. (21.12.13)

LEY DE REFORMA MAGISTERIAL

1. Nombre inadecuado: La presente ley de Reforma Magisterial aprobada entre gallos y media noche, sin un debate sustantivo, sin aportes importantes, sin mirar más allá del “sonsonete” de que nunca nadie cumplió con los maestros como ahora. A veces la soberbia enturbia la razón y obnubila la inteligencia cuando se ignoran antecedentes, acuerdos, recomendaciones a las que se encuentra comprometida la educación nacional.
Si uno quiere ser sincero, esta ley no aporta nada a la sustancia de lo que es el magisterio. Todo se reduce a la parte crematística de la profesión docente. Por ello es una “reforma” de lo legislado a nivel de situación laboral y remuneraciones y las formas como se deben observar su aplicación. ¿Qué implica esta norma?
El Presidente de la comisión de Educación, Juventud y Deporte expresó en el informativo del Congreso “Quienes cuestionan la reforma aprobada les sugiero que primero lean la ley. Es una norma que unifica dos leyes, esa es la gran ventaja y lo que la hace más equitativa más justa. Es eminentemente meritocrática, se implementaran evaluaciones, formaciones continuas a través del Ministerio de Educación con maestrías, doctorados, se empodera al director para una mejor función del ejercicio profesional docente y su participación en las evaluaciones, entre otros tantos beneficios que estará al servicio de todos los maestros del país”, (EL HERALDO, 22.11.12) ¿Cómo la podemos leer si no se publica nada de la versión oficial? ¿Han tenido el tiempo suficiente para incorporar los aportes de los congresistas en el Pleno del Congreso?
Lo complejo de este discurso que busca explicar aquello que no es se complica más cuando sigue declarando “… que otro de los objetivos es garantizar la calidad de la institución educativa, la idoneidad de los profesores y autoridades educativas, así como el buen desempeño para dar al alumno una educación de calidad. La Ley busca beneficiar a más de 200 mil docentes y establece ocho escalas magisteriales a las que podrán acceder los profesores a lo largo de sus 30 años de servicio, ya que el ingreso a la carrera magisterial será por concurso público y se formaliza con resolución de nombramiento en la primera escala magisterial”, agregó.”
Ley del profesorado, Ley de Carrera Pública Magisterial, Ley de Reforma Magisterial, son sinónimo de mejoras al escalafón docente. Por ello debería denominarse con propiedad esta Ley que trata de conciliar formas y maneras de clasificar a los docentes en el régimen laboral de acuerdo a leyes concordadas sobre las relaciones del Estado con sus trabajadores. Lo demás es discurso para las graderías.
2. Cuando el desconocimiento nos gobierna. Muchos han opinado sobre este dictamen, muchos han alcanzado aportes, pero ha primado una decisión política que hizo caso omiso de lo que significa derechos adquiridos, se ha mezclado lo profesional pedagógico y lo laboral remunerativo.
Indudablemente, había que racionalizar la herencia recibida, pero no crear el caos con esta LRM que ha sido el disparador de la situación en la que se encuentra la educación nacional.
¿Cómo puede llamarse LRM cuando de reforma no aporta sino hace un reordenamiento basado en la necesidad de concordar las anteriores leyes? ¿Cómo puede confundirse planos en una legislación que trata de poner orden en el escalafón docente y a la vez también expresa ““Se establece una serie de sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución del servicio la cual se producirá por no presentarse a la evaluación sin causa justificada, así como el haber sido condenado por delito doloso, contra la libertad sexual, apología o delito de terrorismo, ebriedad, hostigamiento sexual, entre otras faltas que atenten contra el proceso educativo y perjudique a los alumnos” (Ibídem).
Las intervenciones de algunos congresistas la noche del pleno donde no hubo debate sino un sinnúmero de planteamientos y observaciones al dictamen hicieron referencia a ciertas “trampas” que puede servir de pretexto para no cumplir con lo planteado en la ley. Por ejemplo “las asignaciones” dependerán de los recursos con que cuente el presupuesto. En buen romance depende de lo que diga el MEF. ¿Y lo que dice el Acuerdo Nacional? Otra perla es la que se establece en las Disposiciones Transitorias donde se dejan las puertas abiertas para justificar el no otorgar determinado beneficio. En fin,, sería largo enumerar las observaciones que se hicieron. ¿Quién garantiza que éstas serán incluidas en la ley que debería promulgarse?
2. La resaca de todo lo sufrido. Las reacciones no se han dejado esperar. Sobre todo de quienes tuvieron la oportunidad de mejorar la legislación de la Carrera Pública y por cálculo político no lo hicieron. No se trata de actuar manu militari en democracia y menos en educación y sus maestros. No será fácil aceptar una ley que no refleja el sentir de lo que los docentes esperaban. No se trata de oponerse, ni dar pie a medidas populistas. Todo lo contrario. Las medidas populistas las padecimos como docentes y estamos curados para dejarnos marear por las promesas provenientes de quienes piensan que los docentes siguen siendo siervos de un Estado que les ha dado siempre la espalda y sin embargo les exige aquello que no se les ha dado.
Una pena que esta oportunidad se deje pasar por carencia de un razonamiento político. Los actores de la educación son personas de la sociedad que tienen la responsabilidad de educar a niños y jóvenes del país. Merecen respeto, merecen comprensión, merecen atención a sus demandas. Se les exige y mucho y saben comprarse el pleito en cuanta cruzada educativa se promueva. Ejemplo reciente es cómo acompañan el proceso que se promueve bajo el lema “Cambiemos la educación, cambiemos todos”.
La tarea en adelante es ardua y la ministra lo ha expresado cuando ha declarado que “Construir las bases de confianza entre el magisterio y la sociedad es ahora el reto”. Sin duda debe hilarse fino políticamente y utilizar los medios masivos de comunicación –por ejemplo el Canal 7; el Canal del Congreso- para hacer una difusión pedagógica y no sólo política de la norma aprobada. Lanzar opiniones a cuanto micrófono y cámara invita no es saludable. No se trata de prefabricar frases ni tener intenciones salvadoras, que de eso está plagada la política nacional. Se trata de tener un discurso coherente, transparente, dirigido a la razón y al entendimiento del docente y a la sociedad. Vendrán posiblemente días duros, pero no debe caerse en la provocación de quienes tratan de desconocer la institucionalidad sindical, con el pretexto de sus observaciones a la LRM y maltratan a los docentes y piden actuar con decisión, es decir con autoritarismo. (Ver el editorial de El Comercio 24.11.12.en http://elcomercio.pe/actualidad/1500727/noticia-editorial-comenzo-carrera) Se debe ser prudente y equitativo en el tratamiento del tema. (24.11.12)

El país del nunca jamás.

1. Un dictamen. El 14 de noviembre, se conoció el dictamen que la Comisión de Educación, Juventud y Deportes presentó a la Presidencia del Congreso de la República. El texto sustitutorio de la Ley de Reforma Magisterial consta de 79 artículos, 16 Disposiciones complementarias, transitorias y finales.

Días antes el sindicato, publicó en su página web una carta que llamaba a consulta a un Paro Nacional “Contra la Ley antimagisterial y cumplimiento de derechos adquiridos” (Oficio Circular Nº20-CEN/SUTEP). Expresan su posición frente a las medidas tomadas y en otra carta dirigida al Congreso Nacional expresan su preocupación por la forma apresurada cómo se ha aprobado en la Comisión el Dictamen que se presenta ante el Pleno para ser debatido.

El dictamen contiene muchas páginas, de antecedentes y recordaris de lo que se quiere con esta nueva ley. En esencia estamos de acuerdo, pero en la parte crematística se aprecia que de la anterior propuesta “consensuada” que presentó el Ejecutivo, no queda nada.

Se trata de la educación nacional, se trata de los docentes responsables de hacerla suya y ejecutar la política educativa y eso significa palabras mayores. Y por ello ¿cómo un sector social puede aspirar a tanto si los recursos no alcanzan? ¿Cómo atreverse a construir equipos profesionales que empiezan a responder a los cambios, si existe poco interés por solucionar los problemas más sensibles como es el económico, para hacer posible una nueva reforma magisterial?

En el análisis que hace el Sindicato en su carta al Congreso, expresa que se desconocen derechos adquiridos y se le resta al magisterio peruano la posibilidad de hacer una carrera pública.

Así están las cosas. El dictamen tantas veces prometido que se discutiría en el Pleno la semana que pasó y que se aprobaría, quedó en promesas. Sólo se hizo saber a los maestros que se les otorgaría por única vez la suma de 300 soles, tal como se comprometió el gobierno en el momento de la suspensión de la última huelga general.

2. ¿La misma vara? Las recomendaciones que se hacen en el sector productivo cuando una empresa no rinde de acuerdo a lo planificado, es que estudie las causas. La más de las veces estas radican en la insatisfacción de su personal de planta por la poca preocupación para pagarles lo justo en su salario y menos reconocer otros derechos laborales. La empresa debe tomar, entonces, medidas básicas que hagan que los trabajadores se comprometan con los objetivos de desarrollo de la empresa y dar lo mejor de su conocimiento y experiencia para salir adelante. Y podemos ver que eso viene ocurriendo y estamos en un crecimiento sostenido porque existe inversión.

¿Por qué esta misma medida, que es recibida por el sector economía con mucha satisfacción, no es válida para los trabajadores del sector educación? ¿Por qué el Estado no puede tomar la decisión política de tener otra mirada al tema económico de los docentes? Si se quiere de una buena vez que se unifique, dignifique y respete los derechos de todos los maestros con esta nueva ley ¿por qué no actúan en consecuencia? ¿Acaso son los docentes los únicos responsables de su actual situación económica? ¿De quién es responsabilidad la pauperización del magisterio? ¿Sólo de ellos?

Una propuesta coherente que busque realmente una adecuación de lo económico a la propuesta pedagógica y a las nuevas relaciones sociales que se plantean, tiene un costo y éste no se quiere reconocer. ¿Se aspira así a lograr mejores rendimientos de docentes que no pueden romper el círculo perverso de la pobreza que les obliga a tener dos o tres actividades, además de la docente, para poder sobrevivir con su familia de manera digna? ¿Puede exigirse al maestro calidad profesional cuando no cuenta con el tiempo pertinente para una dedicación exclusiva?

Consideramos que seguir con el modelo económico que prioriza en el discurso el desarrollo económico y social y en la práctica un empresario tiene más escucha que un director de una institución educativa o de un docente de aula. Se achaca toda la intransigencia al Sindicato siendo esta, una institución creada para la defensa de los derechos de los docentes. Estamos apreciando hoy en Europa cómo se refieren a los sindicatos quienes están en el poder y quienes representan a los grupos de poder económico y cómo los que pesan en la política son los que representan a las grandes corporaciones como el FMI, el BM y otros.

3. Lo pendiente. Sin duda queda el debate pendiente. Pero si no existe el ánimo de concertar entre lo que exigen los docentes y lo que ofrece el gobierno, no habrá conciliación y menos compromiso. Podrá imponerse una decisión, pero no para solucionar el tema económico de los docentes, sino se refrendará lo que el modelo económico impone a una realidad, sin el menor rubor, quitándole el contenido a lo que significa la equidad cuando se trata de los docentes del país.

De un lado esperamos que exista cordura para rectificar lo que ha sido un mutis para el foro cuando se dice que se han tomado en cuenta todo lo que enumera la propuesta. Sin embargo quedará en el sentir nacional de los docentes, que sus demandas no fueron tomadas en cuenta como base para una solución integral (la propuesta que alcanzó el sindicato para que no se sienta que la nueva propuesta es una degradación, el concepto de evaluación de los maestros introducido por la comisión del Congreso, la poca atención a los maestros contratados, a los auxiliares de educación, los docentes de la educación privada y los cesantes).

Ha habido mucha información sobre experiencias y legislación comparada de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Finlandia, Singapur; opiniones de personajes invitados, presentación de la Ministra de Educación; opinión del Consejo Nacional de Educación, de los representantes de los docentes. Sin duda nadie puede oponerse lo que se sustenta en la siguiente cita: “A tales efectos, es muy importante corregir todas las distorsiones en los conceptos remunerativos , simplificarlos y ordenarlos para el pago correcto y oportuno a todos los profesores en actividad, nombrados y contratados que laboran en las instituciones de educación básica y técnico-productiva y los profesores de las distintas instancias de la gestión educativa descentralizada, instituciones y programas educativos, unidad de gestión educativa local, direcciones regionales de educación y el Ministerio de Educación. Cabe precisar que la aplicación de la presente norma, en ningún caso implica la rebaja de categoría ni disminución de las remuneraciones, porque la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo garantiza el financiamiento para su implementación. En consecuencia, la integración de todos los profesores en un solo régimen laboral, con incrementos salariales para todos y mayores oportunidades de movilidad horizontal y vertical durante su vida laboral activa, oportunidades a las que podrán acceder previa evaluación contribuirán a mejorar el desempeño docente, la calidad del servicio educativo público y los aprendizajes de los estudiantes, que finalmente constituyen la misión de la profesión docente y del sistema educativo.” (Dictamen la Comisión de Educación, Juventud y Deportes)

En la letra todo parece coherente, pero la intención es no reconocer derechos adquiridos sino ajustarlos a lo que el ministerio de economía determina. Un verso del vals El Plebeyo (Señor, por qué los seres no son de igual valor) quiere reflejar lo que significa para el docente, una vez más, ser relegado por intereses mezquinos que acrecienta la brecha entre los que tiene el poder económico y los que demandan equidad. Lo que no puede quitarse al docente es el afán de servir mejor, de dedicarse a sus alumnos, a la comunidad. Si ello no merece un reconocimiento quedan como postizas las campañas que se vienen haciendo para alcanzar una mejor educación en el país. ¿Estamos en el país del nunca jamás? (17.11.12)

Debate del proyecto de ley de la reforma magisterial

1. ¿Un debate entre iguales? La Comisión de Educación del Congreso en estos días está “debatiendo” la propuesta de Ley de Reforma Magisterial. Hubiera sido bueno poder seguir este debate a través del Canal del Congreso, pero no se difunde el día ni la hora en que este se realiza.

El debate del anteproyecto no es equitativo. ¿Quién tiene la voz y parecer de los docentes? ¿Son los congresistas lo suficientemente ilustrados en el tema y problema magisterial? Lo que se ha conocido estos días es lo que publicó un diario local “Se entrampa norma magisterial. Grupo parlamentario propuso algunas modificaciones que incrementarían su financiamiento en otros S/. 720 millones. Ministros de Educación y Economía les solicitaron que no actúen con exceso de optimismo.”

¿Por qué crear falsas expectativas, sabiendo que sólo se cuenta con 720 millones de nuevos soles dispuestos por la Caja Fiscal? El reporte nos dice que tanto la ministra de educación como el ministro de economía expresaron su desacuerdo con dicha propuesta. “»Como gobierno, por supuesto que no estamos satisfechos en lo que estamos poniendo. Nos gustaría poner mucho más, pero tenemos que ir equilibrando lo que aspiramos a hacer con lo que podemos hacer, y por eso lo que planteamos son los tramos que nos ponen una lógica de viabilidad», sostuvo Salas, quien pidió a los parlamentarios no pecar de optimistas al aprobar un dictamen inviable que luego se convierta en una mentira. «Sentimos que lo peor que se le puede hacer a un docente, hoy por hoy, es mentirle. (…) Un exceso de optimismo después no nos vaya a traer de porrazo a la realidad y en la práctica se convertiría en otra forma de mentirles a los maestros. Prefiero partir de lo que realmente podemos hacer para progresivamente mejorar en una línea sincera», agregó.

En esa misma línea, el titular del MEF explicó que aprobar algunos cambios dispuestos por la Comisión de Educación (en la primera y novena disposición complementaria y en el artículo 78° del proyecto de ley) duplicarían el presupuesto asignado a la misma, lo cual implicaría S/. 720 millones adicionales. «Eso, (aceptar que sí se cuenta con ese monto) sería mentirles a los docentes», dijo. (La República, 06.11)

También el ministro de economía expresó que sólo modificar la escala magisterial propuesta y colocar a los maestros que hoy están en los niveles III y IV de la Ley del Profesorado en el escalafón III de la Ley de Reforma Magisterial implica S/. 120 millones; mientras que equiparar la remuneración de profesores contratados a lo que perciben hoy los maestros del I nivel, significa otros S/. 400 millones. A esto se suman otros S/. 180 millones por concepto del incremento de las horas pedagógicas (de 24 a 30 horas en 3 años) para los docentes del nivel secundario. Dijo además que se debe actuar con responsabilidad, sin salirse del monto financiado.

¿Cuál es la propuesta de la Comisión de Educación del Congreso? ¿Lo que mezquinamente informan los diarios? ¿No existe un documento que informe del avance realizado?

2. ¿Empezando la tempestad? Siendo este tema tan susceptible para un magisterio maltratado, relegado y poco reconocido, justas son sus preocupaciones cuando expresan en un pronunciamiento el día 04.11.12 cuyo título dice a la claras de sus preocupaciones: “El magisterio exige una Ley para el desarrollo profesional, no un instrumento de despido, mutilación de derechos y degradación profesional”. ¿Qué ha ocurrido? Se denuncia que no se respetan los derechos adquiridos; se los mutilan casi por completo y son reemplazados por la meritocracia. Este documento está en la página web del SUTEP (http://es.slideshare.net/censutep/comunicado-sutep-041112).

Un análisis objetivo frente a hechos y pocos argumentos pedagógicos se plantea en la misma página web del sindicato donde da cuenta de la Asamblea Nacional de Delegados efectuada el día 06.11.12 .Se presentan documentos como Análisis y Propuestas del SUTEP a propósito del debate por una nueva Ley para el Magisterio. No existe aún la difusión de las conclusiones a que ha llegado esta Asamblea.

Si nos atenemos al Comunicado del día 04.11, en el punto 3 el SUTEP expresa que “Los artículos aprobados hasta ahora por la Comisión, no recogen los aportes de los maestros sustentados en nuestro proyecto de nueva Ley del Profesorado”; que (la Ley) “…nacerá sin el consenso social del magisterio y será responsabilidad del Poder legislativo y del Ejecutivo si pretenden aprobarla al caballazo”.

Ante esta situación y ciñéndonos a las noticias aparecidas estos días el Presidente de la Comisión de Educación del Congreso ha afirmado: “…El dictamen del proyecto de la Ley de Reforma Magisterial será aprobado la próxima semana a fin de someterlo al Pleno del Congreso para su sanción definitiva” “Dijo que se ha concluido con la aprobación de 79 artículos que condensa el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y solo falta debatir y aprobar 16 disposiciones complementarias, transitorias y finales, que podrían ser vistas hoy por la tarde, mañana jueves y el próximo lunes 12. Mora indicó que la labor es concienzuda y mesurada en torno a los dispositivos del proyecto reformista. «No nos apura nada. Tenemos la misión de elaborar responsablemente una ley importante y, principalmente, no aceptamos presiones de nadie», enfatizó. Precisó que la bonificación de 300 soles que se dará a los maestros, que suma en total 107 millones de soles, será financiada con la partida presupuestal del Sector Educación, lo que consideró inadecuado ya que no compartía el acto de desvestir un santo para vestir a otro.

En la sesión de hoy, el grupo de trabajo aprobó 15 artículos relacionados a la jornada de trabajo y vacaciones de los profesores, reasignaciones, permutas, encargaturas, licencias, destaques, permisos, racionalización y contrataciones.
Entre los dispositivos referentes a contrataciones se indica que «las plazas vacantes existentes en las instituciones educativas, no cubiertas por nombramiento, son atendidas vía concurso público de contratación docente. Para postular se requiere ser profesional con título de profesor o licenciado en educación. Los profesores contratados no forman parte de la carrera pública magisterial». (CORREO. 07.11.12)

Se avecina la discusión del Presupuesto Nacional y se ha previsto la suma que calculó el MED en coordinación con el MEF. Si la nueva Ley a discutir se entregará el 12 de este mes y la agenda está muy recargada, ¿cuándo se aprobará la propuesta? ¿Está entrampada la Comisión de Educación con las modificaciones hechas a la propuesta del Ejecutivo?

Una es la letra con que se construye la Ley otra el espíritu con que se la quiere cumplir. Si existe una estrategia del gobierno que se refleja en el anteproyecto y una propuesta del sindicato, se ha debido conciliar los puntos más controversiales. Poca información, poca presencia de los actores en la construcción de una ley que significa remontar una época donde el docente era instrumento de manipulación según los intereses políticos.

El editorial de La República (04.11) podría volver medio turbio el horizonte. “Se esperaba un debate serio entre el gobierno y el parlamento pero el MEF ha vetado todo cambio y asumido la posición de gran legislador, violando los fueros del parlamento y dejando de lado una práctica común de los estados modernos donde gobiernos y congresos negocian y concuerdan…. El motivo del veto es la decisión de la Comisión del Congreso de reformular las escalas en la nueva ley… En visión del MEF los cambios merecen el calificativo de excesivo optimismo; en la visión de los profesores y del Congreso es un acto de justicia, que si bien implica, según el MEF, el incremento de 720 millones adicionales, es una inversión que forma parte de un conjunto más ambicioso de cambios en la educación. La ideología que esconden estos argumentos salta a la vista. El MEF procura una reforma de la calidad de la educación con salarios deprimidos y pretende una meritocracia con sueldos bajos. Esta concepción ya hizo fracasar la Ley de la Carrera Pública Magisterial porque el MEF impidió con los mismos argumentos de ahora el ingreso de más profesores al nuevo régimen. Esa norma fracasó por falta de financiamiento.”

Este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el congreso sin duda postergará -como siempre- los beneficios económicos de los docentes peruanos. Siempre habrá un pretexto para la postergación. Así se habla y proclama de la calidad de la educación. Lo menos que se espera políticamente es una decisión política y una actitud de las autoridades educativas que se entiende están por las demandas de los docentes. ¿Quién los escuchará? ¿Se espera otra medida de fuerza? (10.11.12)