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¿EDUCACIÓN SIN CORRUPCIÓN?

20 febrero 2010

El Informe Nº 147 llamado Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción es un documento cuyo contenido debería trascender las noticias cotidianas.

Este Informe impreso en diciembre 2009 tiene 300 páginas distribuidas en tres capítulos. Sin duda un documento que debería conocer todo docente, funcionario de educación y ciudadano en general para conceptuar lo que significa la corrupción desde un enfoque de derechos y sus implicancias en el derecho a la educación. (Cap.I); Las acciones contra la corrupción en el sector educación; políticas y organización institucional en material anticorrupción (Cap. II) y la Campaña “Educación sin corrupción2007”. Resultados de la Supervisión”. (Cap. III).

El alcance que hace dicho informe empieza conceptualizando y determinando desde lo que los padres de familia aspiran como educación para sus hijos. Precisa que la educación permite desarrollar a las personas libremente su personalidad y dignidad, haciendo posible la participación activa en la vida social con tolerancia, respeto a los valores, al medio ambiente y los derechos humanos.

Sin embargo en el portal del Ministerio de Educación en el sitio De Interés, que es como un cajón de sastre pues hay de todo, desde Resoluciones, directivas, normas, etc., en letras rojas leemos “PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO SANCIONADO POR DELITO DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Oficina de Prensa y Comunicaciones Ministerio de Educación 07.02.10). ¿Amerita este encabezado una noticia que es de carácter policial en un portal donde aparecen las políticas educativas? Esta nota que lleva varios días para escarnio de la profesión docente ¿qué finalidad tiene? Indudablemente dar a conocer a individuos que deshonran la profesión docente y que nunca más deberían ejercerla. Con el mismo rigor y derecho esperamos que se informe a la comunidad educativa y a la sociedad sobre otros actos de corrupción como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad, venta de notas. Esperamos que se diga algo también sobre irregularidades en los procedimientos administrativos; irregularidades en las planillas de pago; irregularidades en la contratación y nombramiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; incumplimiento de obligaciones para garantizar una infraestructura adecuada; falta de transparencia. ¿es que no ha habido ningún acto que merezca tipificarse con los de este listado que señala la Defensoría del Pueblo? Inconcebible si nos atenemos a la cantidad de denuncias públicas tanto de los medios como de los propios agraviados y del sindicato. Existe un silencio rayano en la prepotencia y soberbia que recuerda a los que distinguía a quienes se creían dueños de la verdad en la época de gobiernos militares y en débiles gobiernos democráticos. Cuán cierto es aquello “quien calla otorga”.

¿Qué hemos hecho en el país sobre el tema de la corrupción en educación? Lo primero es que no se tiene claro conceptualmente lo que significa y lo que implica. Sólo manejamos el límite de lo lícito y lo ilícito. Esa línea difusa para unos y firme para otros es burlado fácilmente, cuando se tiene poder, no sólo de dinero sino político. Conciencia laxa le dicen en ética o moral. Esa laxitud permite lo que se ha dado en llamar en el país, la “mecedora”. Todo es permisible dependiendo del lugar social donde uno se encuentre. Una cosa es ser funcionario con poder, o funcionario dependiente y otra es ser un ciudadano común que por derecho pide ser escuchado, atendido. En medio de estas tensiones existen ofertas que dependen del nivel del corruptor y del corrupto. ¿Qué docente no se ha tropezado alguna vez, con una oferta pecuniaria de un padre de familia para que se favorezca a un hijo que no estudió durante el año escolar? ¿Qué profesor /a no ha sido sometido a una oferta de contar con su nombramiento a cambio de los dos primeros sueldos?

Quienes ejercen las funciones directivas sufren otras formas de tentación u ofertas que las resumen con el criollo «favor con favor se paga» o se hacen de la vista gorda al momento de tomar decisiones. Y si seguimos subiendo la escala jerárquica la corrupción tiene mil y un disfraces, se metamorfosea cual iguana y toma el color del ambiente donde se encuentra. Por ello es fácil escuchar y decir que la corrupción existe desde que se creó el mundo y que cualquier esfuerzo que se haga es en vano. Una fácil manera de justificar desde la utilización de recursos del Estado, hasta la comercialización de textos, de notas, de recomendaciones.

El Informe 147 de la Defensoría del Pueblo es un documento que debería estudiarse en los centros de formación docente, en el sindicato de docentes, pues por primera vez en el Perú se puede contar con conceptos y definiciones que permiten situar el tema de la corrupción como el comején que corroe la madera de las instituciones y la sociedad toda. Luchar contra ella implica no sólo declamar la lucha y reducir los avances a lo que la Defensoría considera “Otros hechos vulneratorios”: casos de maltrato físico y psicológico, acoso y violación sexual en contra de los y las estudiantes. Eso es desviar o recortar el contenido de lo que significa la corrupción como tal. La nota de prensa del Ministerio aparecida en el portal del Ministerio de Educación dando cuenta de lo que informó el viceministro de Gestión Pedagógica evidencia una orfandad en el manejo del concepto corrupción. Nos hubiera interesado saber qué ha ocurrido con las denuncias de los docentes sobre la venta de las respuestas de las pruebas que dieron en las distintas fases del concurso para ingresar a la Carrera Pública Magisterial. También las razones técnico pedagógicas que se tuvieron para imponer la nota 14 como mínima en un sistema de calificación vigesimal. Hubiera sido muy importante saber los criterios pedagógicos y de especialidad con que se diseñaron las pruebas de lógico-matemáticas y de comunicación. ¿Por qué existe negociado en el otorgamiento de las plazas? ¿Por qué los docentes hablan de una “tarifa” para que se les otorgue los puestos de trabajo que les corresponde? ¿Acaso no se habla en los pasillos de las distintas sedes del Ministerio que en las UGELES existe un “comercio” de las plazas? ¿Cuánto cuesta una plaza en Cajamarca y cuánto cuesta en Villa María del Triunfo? ¿Por qué algunos profesores que han obtenido notas sobresalientes, a pesar de los “ajustes técnicos” (que nunca se explicaron convincentemente y el único culpable fue el último de la cadena de mando? ¿nadie lo supervisó? ¿quién fue su jefe?) una vez llegados a la UGEL correspondiente no les otorgan su plaza sino les dicen que ya está cubierta? ¿Por qué hasta la fecha el Ministerio de Educación no tiene una nueva sede y sus funcionarios están dispersos? ¿De quién es la responsabilidad?

Hemos reclamado al Ministerio de Educación una rendición de cuentas desde fines del 2009 e inicios de 2010. Pero como siempre se hace de oídos sordos. La Defensoría al respecto expresa “La falta de un sistema de rendición de cuentas y la poca capacidad organizativa de la sociedad permiten que una minoría explote y excluya a la mayoría. Este círculo vicioso explica la permanencia de niveles de pobreza y subdesarrollo.”(Infortme Defensorial Nº 147, pág 18). Se habla desde el Estado y del gobierno de la gobernabilidad que debe existir y muchos políticos hablan de atentados a la gobernabilidad del país, sin embargo quienes deben promoverla y cautelar por ella, no le ponen la atención debida. Por ello tenemos a la corrupción “vivita y coleando” y “No hay duda de que la corrupción debilita el deber de rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos humanos queden impunes.” (Tomado delPrácticasde Buen Gobierno para la protección de los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2008, p. 2. citado por el Informe Defensorila 147).

Requerimos de una educación promovida desde el Estado y desde las instituciones de la sociedad civil y que diseñe “…estrategias que incorporen al ciudadano –ya sea como fuente de opinión o como actor importante– en la lucha contra la corrupción. De este modo, la participación ciudadana se debe entender no solamente como el cumplimiento de las normas que promueven mecanismos de rendición de cuentas o vigilancia ciudadana, sino también en términos de fortalecimiento de las capacidades de esa ciudadanía para exigir sus derechos y denunciar actos de corrupción.”(Informe Defensorial p.24) Las omisiones y silencios ministeriales ante la denuncia de casos concretos o la laxitud en las investigaciones atenta contra los derechos humanos. ¿Lo han pensado el ministro, los viceministros y demás autoridades del sector?

Considerando el grado en que se han extendido las prácticas de corrupción en todo el mundo la comunidad internacional ha adoptado compromisos, a fin de combatir y prevenir la corrupción en el sector Educación. Por ello debe recordarse que en la Reunión Regional de las Américas de Evaluación de Educación para Todos (República Dominicana febrero del 2000), los países de América Latina, el Caribe y América del Norte no solo renovaron los compromisos adoptados en la “Conferencia Mundial de Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 1990), sino además establecieron mecanismos de formulación de presupuestos y asignación de recursos con amplia participación social que permitan dotar de transparencia y credibilidad al manejo de los recursos y garanticen la rendición de cuentas, para lo cual la información adecuada y oportuna es un insumo fundamental. (Educación para Todos. Marco de Acción para las Américas, Adoptado en la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, Santo Domingo, República Dominicana del 10 al 12 de febrero de 2000. París: UNESCO, 2000, p 39.). Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en Dakar, Senegal, (abril, 2000) se señaló que “la corrupción constituye un obstáculo considerable para el uso efectivo de los recursos destinados a la educación y debe eliminarse sin contemplaciones”.Recomendaba que se debía establecer estructuras para que la sociedad civil pueda “participar en sistemas de presupuestación y financiación transparentes”. De esta manera se obligaría a los poderes públicos a rendir cuentas. (Marco de Acción de DAKAR, Adoptado por el Foro Mundial sobre Educación. Dakar, Senegal, del 26 al 28 de abril de 2000. París: UNESCO, 2000, párrafo 25.

Las consultoras Margarita Peña y Jeannette Rodríguez, citadas por el informe expresan que “Esta preocupación de la comunidad internacional tiene su sustento en el hecho de que si bien diversos estudios muestran que se han realizado numerosos esfuerzos para abordar el tema de la corrupción, tanto de manera global como sectorial, sin embargo, el sector Educación no ha recibido la atención apropiada por parte de las autoridades a pesar de las sólidas razones para otorgar una prioridad particular al desafío de combatir la corrupción en la educación.” (Transparencia en Educación. Maestrosen Colombia, París, Instituto Internacional de Planeación de la Educación-UNESCO, 2005, p. 6.)

Las razones que proporciona el Informe Defensorial 147 nos dicen que ninguna reforma en el funcionamiento del sector Educación con el fin de aumentar el acceso a la educación de calidad puede ser exitosa si los problemas de corrupción –que comportan graves implicancias, tanto para la eficiencia en el uso de los recursos como para la calidad de la educación y los resultados escolares– son tratados de una manera apropiada. Asimismo el comportamiento poco ético y la falta de integridad en el sector Educación se contradicen con uno de los principales objetivos de la educación, que es el de formar buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, de los derechos humanos y de la justicia

¿Qué hacer si se han dado señales de que como siempre “acuerdo firmado acuerdo olvidado”? La salida no es crear una oficina para que reciba denuncias, quejas, investigue y sancione. En nuestro país el CADER (Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos) debe establecer una línea de base que desarrolle acciones y políticas públicas coordinadas que no respondan únicamente a la coyuntura o a acciones aisladas. Sin duda, en dichas políticas públicas debe estar presente un enfoque anticorrupción que no solo esté destinado a actuar con posterioridad al hecho, sino, sobre todo, a establecer mecanismos administrativos basados en la transparencia y rendición de cuentas que garanticen la no comisión de dichas malas prácticas.

En el Ministerio de Educación se han incorporado muchos mecanismos de control (Control Institucional (OCI), las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) y las Comisiones Permanentes de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPPAD). De ellos tres se encuentran en el Ministerio de Educación, en las Direcciones Regionales de Educación y en las Unidades de Gestión Educativa Local sin embargo los dispositivos son ineficaces. En lo que se refiere a participación y vigilancia ciudadana, ésta se desarrolla en todas las instancias descentralizadas de gestión educativa y recae en los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), en los Consejos de Participación Local (COPALE), en los Consejos de Participación Regional (COPARE) y en el Consejo Nacional de Educación (CNE), los cuales tienen alcance institucional, local, regional y nacional respectivamente. ¿Se les ha capacitado o se les ha enviado la directiva solamente? ¿Con qué criterio se ha seleccionado al personal de las oficinas? ¿Qué calificación tienen? Toda función demanda un perfil profesional y capacitación, sin embargo poco se hace al respecto.

Es preocupante leer las conclusiones a que llega el Informe Defensorial. A partir de los resultados de la Campaña Educación sin corrupción 2007: se recibieron 1,519 quejas. De éstas, 1,071 fueron declaradas fundadas (es decir, se determinó que existió una afectación de los derechos de las personas que las presentaron). De estas, el 78.4% están referidas a riesgos de corrupción, las cuales tienen que ver con problemas en los diferentes aspectos de la gestión administrativa de las instancias educativas descentralizadas. Por su parte, las quejas por casos de corrupción comprobados constituyen un 11,1%. En esa medida, el 89,5% del total de quejas fundadas está relacionado con la problemática de la corrupción. (Conclusión17, págs. 271-272).

Del total de quejas presentadas, el mayor número de ellas tuvo por objeto a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) (43, 5%). Si a esa cifra se suma el 25.4% de las quejas presentadas contra las Direcciones Regionales de Educación (DRE), se obtiene este resultado: el 68,9% de quejas referidas a la problemática de la corrupción se concentra en dichas instancias de gestión educativa. (Conslusión18, pág.272)

Siguiendo con el análisis de los cinco tipos de quejas más recurrentes, cuatro de ellas se ubican en el eje de casos que generan riesgos de corrupción (irregularidades en los procedimientos administrativos, incumplimiento del dictado de clases, irregularidades en las planillas de pago e irregularidades en la contratación y nombramiento de personal). De estas cuatro, tres tipos de quejas están relacionadas con problemas en la gestión administrativa y de recursos humanos, y un tipo de queja tiene que ver con deficiencias en las medidas de control. El tipo de queja que se ubica en el quinto lugar (atentados contra la integridad) se encuentra en el eje de otros hechos vulneratorios, y guarda relación con la aplicación de métodos de disciplina en la escuela, incompatibles con la dignidad humana, así como con el incumplimiento de las obligaciones de los docentes y autoridades de las I.E.(Conclusión 21. Pág.273).

Las Recomendaciones evidencian una carencia de responsabilidad en los responsables del sector, sin embargo, no existen denuncias. ¿Y dónde queda el reglamento del código de ética de la función pública?

En este sentido llamar la atención con la publicidad que da el Ministerio a la sanción de profesores y administrativos por violación de la libertad sexual parece desproporcionado y más todavía si se guarda silencio sobre las denuncias públicas realizadas por docentes y padres de familia sobre otros temas de corrupción. ¿A dónde recurrir? Bien harían las autoridades de educación que a nivel nacional se conozca y estudie el Informe Defensorial 147 para evitar que se sigan cometiendo abusos en nombre de la calidad de la educación, de la transparencia y de la equidad. Hubo esfuerzos sin duda como el proyecto de Ley de Probidad, que sin embargo se quedó en la agenda parlamentaria para su discusión y aprobación, hasta que fue cambiado el gobierno. Por ello el Informe Defensorial 147 no debe caer en saco roto. ¿Quién da el primer paso? (13.02.10)

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Defensoría del Pueblo: Educación Un informe que deja cabos sueltos

19 diciembre 2009

Sin duda la Defensoría del Pueblo es una institución insignia de nuestra democracia pues está instituyendo una nueva manera de participación respetando los derechos y evidenciando los deberes de la ciudadanía. Es una de la formas de vivir en democracia., aunque algunos con una representatividad relativa, se sientan todo poderosos y por encima del bien y el mal. Ejemplos recientes tenemos de falsos demócratas que se vuelven juez y parte y se declaran la encarnación de la ética y de la justicia. Es duro vivir en democracia y más aún ejercer la función representativa no sintiéndose primus inter pares sino todo lo contrario.

La semana pasada la Defensora del Pueblo presentó el Informe Nº 147 titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”. Indica, el reporte periodístico (aún no ha sido puesto el informe en la página web de la Defensoría ¿?) que existen de manera persistente tres condiciones que favorecen actos de corrupción, irregularidades en procedimientos administrativos; irregularidades en proceso de contratación y nombramiento de personal; y deficiencias en las medidas de control.

La reflexión sobre el Informe Defensorial la hacemos a partir de la Resolución Defensorial Nº 0044-2009/DP del 02 de diciembre del presente año. Es bueno destacar que en el considerando la Defensoría del Pueblo (DP) precisa que para ella “…la corrupción tiene implicancias directas en la vigencia de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de quienes forman parte de la administración estatal, además de incidir negativamente en el desarrollo del país, debilitando valores morales y las bases mismas en que se funda la sociedad democrática.” (Considerando Primero). Sin duda este párrafo requiere una explicación mayor y más sencilla de manera que todo el pueblo pueda entender la magnitud del daño que genera la corrupción a todos los niveles de la población y sus instituciones. Reducirla como hace la generalidad de instituciones y establecimientos públicos a carteles que se refieren a “Denuncias” es hacerle un flaco servicio a conseguir resultados indicadores de avances en este campo. Todo lo contrario, los avisos son un alerta para los corruptos y sus innovadoras formas de seguir corrompiendo.

Consideramos de otro lado que en aras de lo que la DP denomina “la magistratura de la persuasión” desarrolle un trabajo pedagógico de información específica para que el mensaje sea captado y apropiado por la ciudadanía. No bastan las campañas “Educación sin Corrupción” de los años 2006 y 2007, que tienen el efecto de lo que es una campaña de promoción en el sentido de informar al mercado o persuadirlo respecto a sus productos y servicios. Y tenemos como ejemplo las campañas por Navidad, por Fiestas Patrias, y otras, según las temporadas. ¿Por qué no imaginar una educación para el ejercicio de derechos ciudadanos sin corrupción? No es lo mismo promover el combate a la corrupción que erradicarla. Los corruptos sabemos “se las saben todas” y frente a ello no podemos parapetarnos sólo con un tejido legal desconocido por la mayoría y que no hace ante una denuncia sino soplar la responsabilidad de Herodes a Pilatos.
Encomiable el trabajo de la DP, sin embargo hay mucho por delante sobre todo en la pedagogía de la denuncia, en el aprendizaje de lo que significa la corrupción para el ciudadano, para las instituciones, la sociedad y el país. Los vericuetos en que se mueve este flagelo son diversos tanto en la ciudad, los barrios, en la zona rural y otros escenarios sofisticados.

No se trata de señalar los actos y los riesgos de la corrupción en el sector Educación, sino como bien dice la DP identificarlos y localizarlos.

La pedagogía de una educación sin corrupción debe apuntar como parte de la educación ciudadana a señalar cómo la corrupción vulnera derechos fundamentales tanto civiles como políticos o colectivos. Asimismo cuando los recursos son desviados para otros fines afectando directamente la plena realización de estos derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso de la corrupción en educación abarca los diferentes ámbitos del sector (político, administrativo y en las escuelas (Considerando Segundo) y afectan no sólo a la prestación del servicio educativo, sino a lo que la DP denomina al “contenido constitucional del derecho a la educación”. ¿Por qué no explicar este contenido constitucional de una manera que el pueblo lo entienda y se apropie de él? ¿Por qué no hace docencia sobre el contenido de este derecho como lo recuerda el Considerando en los siguientes puntos: i) acceso a una educación adecuada; ii) la permanencia y el respeto a la dignidad escolar; iii) la calidad de la educación; iv) la libertad de enseñanza; v) la libertad de conciencia de los estudiantes; vi) la libertad de cátedra; y, vi) la libertad de creación de centros docentes y universidades (Sentencia del Tribunal Constitucional recaías en el Expediente Nº 0091-2005-AA/TC de fecha 18.02.2005,f.j.Nº6, y el Expediente Nº 4646-2007/PA/TC del 19.V.2008, f.j.Nº15).. Reducir el acto de corrupción a denuncias y registro de cobros indebidos en los procesos de matrícula en las escuelas públicas cuando estos montos se sabe son utilizados para beneficio particular, y hacer de ello todo un escándalo mediático, es favorecer la corrupción antes que combatirla. Urge una pedagogía de información de los derechos ciudadanos que son letra muerta de la Constitución, de la Ley General de Educación; del Plan Multianual del Ministerio de Educación (PESEM), del Plan de Lucha contra la Corrupción. Todos los nombran, pero nadie los conoce como un derecho que tiene el ciudadano.

Los datos que se proporcionan en el Considerando Cuarto del documento que reseñamos nos dicen que “Durante la Campaña Educación sin Corrupción” 2007 se recibieron 1,519 quejas (¿cuál es la diferencia legal entre una queja y una denuncia? ¿Son sinónimos?) De ellas se nos dice que 1,071 fueron declaradas fundadas (¿qué significa fundadas? ¿darle la razón al denunciante o empezar un largo proceso legal? ¿Y mientras qué hace el quejoso o denunciante?). También se nos dice que el mayor número de quejas fundadas estuvo centrado en problemas identificados en la gestión administrativa y “clasificadas en el eje de casos que generan riesgos de corrupción”. (Si existen estos casos generadores de corrupción ¿por qué no se los combate previamente? ¿Qué sucede con la prevención del delito?). Nos dicen además con precisión que el número de quejas asciende a 840 (78.4%) del total. Se identifican las irregularidades: incumplimiento en el dictado de clases, irregularidades en el contenido de las planillas de pago, deficiencias en las medidas de control, irregularidades en el desplazamiento del personal y falta de transparencia y acceso a la información. De otro lado “las quejas por casos de corrupción” ascienden a 119 quejas (11.1%) tipificadas como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas. En tercer lugar los denominados “hechos vulneratorios” (atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual) que registran 112 quejas (10,5%).

Identificando estas quejas por institución se dice que el mayor número de ellas se ubica en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con 466 quejas (43,5%); las Direcciones Regionales de Educación (DRE) cn 272 quejas (25,4%) y finalmente las Instituciones Educativas (I.E.) con 262 quejas (24,5%). De todo ello la DP concluye “Como se puede advertir, el 68,9% de quejas referidas a la problemática de corrupción se concentra en las mismas instancias de gestión educativa (UGEL y DRE)”. Y añade que estos casos presentados en la campaña del 2007 “confirman los problemas presentados en la campaña-piloto llevada a cabo en el 2006”. Se indica que persisten “tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción” (¿Son actos o delitos? ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?): i) ineficiencia de los mecanismos de sanción y control; ii) debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información; y iii) precariedad de la vigilancia ciudadana.” Además expresa la DP que “a pesar de los esfuerzos (¿cuáles? ¿la oficina CADER ha sido evaluada? ¿poner la fotografía de los agresores sexuales, es su función?)…realizados por el Ministerio de Educación para superar tales condiciones, dichos problemas continúan presentándose: a) sobre los casos de corrupción:- impunidad; cobros indebidos; uso indebido del cargo; venta de notas. Sobre los casos que generan riesgos de corrupción: irregularidades en los procedimientos administrativos; en las planillas de pago; en la contratación y nombramiento de personal; en el desplazamiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; falta de transparencia. Sobre los casos de violencia en contra de los (y las) estudiantes: atentados contra la integridad; acoso sexual; violación sexual. Además se advirtieron dos problemas transversales i) la falta de atención de las denuncias presentadas por los alumnos o padres de familia por parte de los Directores de las IE, y, ii) la de mora en el procedimiento de investigación de estos hechos y en la aplicación de sanciones a los responsables por parte de l DRE o la UGEL.”

Se manifiesta también que la demora en la investigación así como la imposición de sanciones a responsables obedece a múltiples factores como la carga procesal que tiene los órganos de la investigación (OCI, CADER o comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; la falta de recursos humanos o logísticos de estos órganos y la falta de criterios o lineamientos de actuación. (las negritas son nuestras).

Siguen luego en la parte resolutiva las Recomendaciones al Ministerio de Educación para que “regule” en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas…que modifique el articulo 126 de la Ley del profesorado; asimismo el art. 127 de la misma Ley; el art. 133 del Reglamento de la Ley del profesorado; e incorporar en dicho articulo del Reglamento la regulación de la ejecución inmediata o suspensión de las sanciones administrativas. También siguen Recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Congreso de la República; al ministerio de Educación, a las DRE y a las UGEL que “refuercen los Órganos de Control Institucional (OCI) así como las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos dotándolos de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control”.

Fieles al dicho “la pita se rompe por la parte más débil” ¿Por qué sólo se hace referencia sólo a los niveles de DRE, UGEL e IE? ¿Es que en los niveles más altos del sector no existe la corrupción? ¿Son impolutas las personas que ocupan los cargos? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo se adquieren las Laptop (¿hubo licitación? ¿no salió publicada en un diario la fotografía del presidente y el ministro de educación, conversando sobre dicha máquina que la tenían en el escritorio? ¿alguien hizo una denuncia?) Se le ocurrió al presidente y al ministro escuchar al señor Negroponte sobre las bondades de este instrumento y que invirtiendo uno US.100 dólares por máquina se podría dotar de ellas a los alumnos de primaria. ¿los costos son sólo 100 dólares? ¿por qué el señor Negroponte dejó su compañía y ahora aparece como uno de los personajes “auspiciadotes” en una especie de comité de asesores internacionales del Colegio Mayor, sublime “capricho” presidencial? ¿Por qué el Colegio Mayor tiene un estatus fuera de la Educación Básica Regular? ¿Por qué se rompe el sistema educativo nacional con una medida excluyente en medio de la prédica de la educación inclusiva? ¿Por qué el silencio del Ministro de Educación y su Dirección Nacional Superior y Técnico Productiva ante la denuncia sobre la Universidad Alas Peruanas? ¿No tienen nada qué opinar? ¿Por qué interfiere el Presidente y el ministro se deja, en asuntos educativos? Opina del SINEACE y lo urge a que cumpla su rol desconociendo cuáles son sus funciones. ¿Y qué ha pasado con la reconstrucción de la infraestructura educativa de la zona afectada por el sismo de 2007 en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, parte de Huancavelica? ¿Acaso esta interferencia no son la cepa para que nuevas formas de corrupción se generen? Habrán muchas justificaciones sofisticadas, pero poco o nada convincentes ante la opinión pública.

Una pena que la campaña educación sin corrupción no llegue a los altos niveles del aparato del Estado. Se podrá decir que es función del Congreso de la República, pero habrá que recordar que el monstruo de la corrupción se mimetiza cuando de llegar a esos niveles se trata, se han inventado de manera sofisticada palabras como lobys para disfrazar el tema; también se le dice “tráfico de influencias” y quien se sienta tocado (autoridades en general) reacciona como el congresista aquel que muy orondo responde “un pinche funcionario de quinta me quiere involucrar”, hablando despectivamente de un funcionario regional que trata de “defender” a su manera sus fueros y decisiones. ¿Estas no son larvas de corrupción que se regeneran en las altas esferas con el beneplácito de los que detentan el poder.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo es encomiable, pero es necesario hacer pedagogía y docencia desde este nivel sobre son los derechos ciudadanos y romper inercias para que en el país que se dice democrático no existan intocables que se parapetan en los subterfugios tinterillescos para hacer valer su verdad.

Es necesario además que la Defensoría del Pueblo haga docencia y difusión sobre lo que es la ética ciudadana, y lo que significa la ética del funcionario público y de los políticos que fueron elegidos por el pueblo, más allá de la preferencia política. Nuestro país no necesita seguir maquillando la democracia, los derechos humanos, con palabras altisonantes sino con la difusión de mensajes educativos que esclarezcan, que cuestionen cuando lo requiera la realidad. No dejemos el derecho a la fiscalización a quienes son un poder que responde también a intereses particulares: los medios de comunicación. Existen muchos cabos sueltos, que es necesario no perderlos de vista si queremos empezar a salir del laberinto de la corrupción. (12.12.09)