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INICIO DE CLASES: ESFUERZOS, TENSIONES, CONTRADICCIONES. “Cambiemos todos” de una buena vez.

10 marzo 2012

El titular quiere describir lo que viene sucediendo en el desarrollo de la política educativa al inicio del año escolar 2012.

Cifras como siempre que denotan el crecimiento de la población escolar. Se estima que hoy estaremos bordeando los 9 millones de estudiantes a nivel nacional. Sin duda llama la atención que hoy tengamos 76 mil instituciones educativas que atender. Millones de textos escolares para las escuelas públicas. Miles de maestros nombrados y contratados.

Tensiones diversas promovidas por padres de familia, por empresas editoras diversas; por aquellos que tienen sus niños que aún no tienen la edad para cursar el primer grado y que desean que se matriculen; por docentes que temen perder las ventajas obtenidas por haber ingresado a la Carrera Pública Magisterial; por denuncias que en Kañaris uno de los distritos más pobres aún no ha iniciado la matrícula y otras que nos anuncian por ejemplo que Corea del Sur digitaliza su currículo, que elimina libros de texto impresos y que usará libros digitales en el 2015.

Sin duda habrá desde noticias de esta envergadura hasta videos de la situación de los colegios deteriorados, de colegios abandonados, de un director que se fugó con el dinero que le envió el Ministerio de Educación para la refacción de los locales escolares…

Noticias para hacer relatos y hasta novelas de lo que ocurre el primer día de clases, se suceden todos los años. Pero con argumentos de hechos reales, concretos, que denotan una falta de previsión, de iniciativa, de voluntad para cumplir con responsabilidades inherentes a la profesión de ser docentes. Una pintura de lo que es nuestra burocracia anquilosada en un Estado que se resiste a cambiar.

Leer la historia de los hechos siempre es bueno. Más todavía cuando se inicia una nueva manera de enfocar la educación nacional. Vicios y costumbres de una cultura educativa que no cambia a pesar de los deseos y voluntades, llevan a continuar con esta situación. Lima no es el Perú. Lima es una parte y con sus tres valles se puede tener una réplica de lo que debe preverse cuando de decisiones se trata.

Existe un informe del comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo que dice “…en la visita realizada por las diversas oficinas defensoriales del país, constataron que alrededor del 27% de los colegios visitados no contaban con recursos para realizar el mantenimiento preventivo y de los que si recibieron recursos solamente el 58% habían iniciado los trabajos.” (PERU 21, 28.02.12).

Sin duda habrá otras turbulencias y al compás de ellas debería sacarse conclusiones de la experiencia de este año. Las responsabilidades que deben asumirse. Lo evidente es que no basta tener todas las ganas de hacer las cosas bien, pensando en los demás, si no se toman las precauciones que toda situación requiere. ¿Se pudieron diseñar planes alternativos? Sin duda. Pero la prisa sin pausa es la peor enemiga de lo bueno.

No se trata de echar la culpa, sino poner en evidencia la falta de eficiencia de cuadros operativos para cumplir decisiones y transformarlas en acciones. Existe mucha preocupación para que los Directores (llamados huchafamente Gerentes creyendo que la escuela es una empresa) sean buenos gestores de sus escuelas, pero ¿existe la misma preocupación para que quienes cumplan las decisiones en el Ministerio estén al nivel de las mismas? ¿Se les ha capacitado? ¿Son los más idóneos?

Es evidente que alguien con buena voluntad le sugirió a la Ministra que se podía cumplir con los plazos previstos; que todos los directores podían recabar sus cheques para la mejora de la infraestructura; que los textos estarían en sus puntos de distribución de acuerdo a un cronograma, pero ¿le informaron también de los problemas que se habían tenido en años anteriores? ¿le han informado que las UGEL no tienen recursos para enviar los textos a todas las escuelas? ¿Qué los directores tienen que agenciarse recursos para llevar los textos y materiales? ¿Que las alianzas institucionales funcionan unas veces y otras no?

La buena intención que se tenga debe acompañarse de eficiencia y eficacia. Todo el esfuerzo de la Campaña de Movilización no puede ser maltratado por quienes no tienen los objetivos claros y menos la voluntad de que las cosas cambien en educación.

El “Cambiemos todos…” ha calado más en las zonas alejadas de la Capital. Maestras y maestros ilusionados porque su escuela será Escuela Marca Perú; Directores porque tendrán los textos y los maestros contratados, padres de familia que multiplican con su esfuerzo el dinero para infraestructura enviado por el Ministerio.

Sin embargo el esfuerzo desplegado debe ser acompañado por toda la comunidad y no sólo por los padres de familia que tienen hijos en edad escolar. Las normas diseñadas y puestas en vigor por el Ministerio de Educación pueden no ser comprendidas. Debe tenerse confianza en que esta gestión se la está jugando por una nueva educación se brinde a los niños y niñas del país. Mejorar la educación ahora es necesario y urgente. La exclusión no puede seguir siendo el sino de nuestro país, de nuestra sociedad. Todos deberíamos comprometernos, no temporalmente, sino de manera sostenida y continua con la educación de nuestros hijos y de la sociedad.

La aprobación de la Ley Nº 29839 que modifica la Ley 29694 que “protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisión de textos Escolares, para lograr su eficiencia.”, ha vuelto la discusión sobre los textos escolares. Opiniones y percepciones encontradas. Cada uno ve el problema desde sus propios intereses. Muchos ángulos habrá que profundizar, pero no puede seguirse discutiendo por cuestiones de coyuntura, si no se aborda el tema central de la educación nacional (03-03.12).

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¿Existe una política editorial sobre textos escolares? Entre denuncias y “la casa siempre gana”

16 marzo 2011

Es importante escribir sobre el tema y no sólo porque se volvió la “denuncia” de la semana en el país, sino porque desnuda una vez más la orfandad con que se navega en política educativa y evidencia que es el mercado que sin ambages incursiona ya en las políticas sociales.

El libre mercado –oferta y demanda- está haciendo furor tanto en el discurso político, como en la vida diaria nacional. El caso de la denuncias sobre los precios de los textos escolares y el “tráfico” de “comisiones” entre la oferta, no de precios entre editoriales por la calidad del producto, sino de soles contantes y sonantes que van a enriquecer las ganancias de quien tiene la potestad de hacer “el negocio”.

No es un tema y problema de hoy. Todo lo contrario. Es un añejo tema al que el Estado nunca supo responder de manera clara, directa, precisa. Quienes tienen la responsabilidad de decidir, de vigilar, de advertir son demasiado “sensibles” a las influencias, lobbies le llaman hoy, de quienes poseen la empresa y editorial para producir los textos escolares.

El tema de la producción de textos escolares no es simple. Es bastante complejo. Lo que se aprecia y denuncia hoy es el tramado de una serie de mecanismos que se ponen en ejecución, no en los meses de matrícula e inicio del año escolar, sino todo lo contrario. El proceso productivo de un texto se planifica con mucha antelación, así como el establecimiento de los márgenes de inversión y ganancias. Aproximadamente con un año de antelación se planifica y se estructuran presupuestos donde se consideran no sólo insumos y mano de obra calificada, sino la inversión en promoción, publicidad y ofertas para posicionar el producto en el mercado.

Es indudable que a nivel empresarial se deben tomar todas las medidas para que en la inversión que se realice no se atente contra la seguridad económica de la empresa, pero también es necesario que se tenga en cuenta la función social del servicio de la producción de los textos escolares. No es un producto cualquiera. Requiere un trato especial pues está dirigido a quienes obligatoriamente deben hacer la inversión: los padres de familia.

¿A quién le compete la responsabilidad de la vigilancia sobre la edición y costos de los textos? Al Estado y dentro de él al Ministerio de Educación que es el responsable de diseñar y ejecutar la política educativa que no se inicia ni agota en la dotación de infraestructura, de plazas docentes, de contrato de maestros, sino también debe dar lineamientos para el diseño e impresión de textos escolares. Sin duda existe una política pues el Ministerio de Educación elabora e imprime sus propios textos para los alumnos de las instituciones públicas oficiales. Esta política debería ser general y regir tanto para textos que se utilizan en la escuela pública como en la privada. El acceso al conocimiento y aprendizaje no debe responder a estos criterios diferenciados, aunque los enfoques de algunas instituciones educativas nos muestren lo contrario. No es posible que nos enteremos de estas situaciones sólo cuando existen denuncias sobre licitaciones y nada más. Pero ¿qué sucede con los alumnos de las instituciones educativas privadas? ¿Qué política se tiene para que las empresas dedicadas a la impresión y dotación de los textos escolares para alumnos de esas instituciones no lucren con los precios?

La orfandad de recursos legales ante el “descubrimiento” de ciertas prácticas que atentan contra la economía familiar desde el sector educación son evidentes y alarmantes. ¿Cómo es posible que sosteniendo un discurso de calidad de la educación, se olviden de la equidad? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta los otros niños que no asisten a la escuela pública y los gastos que debe afrontar el padre de familia? Reglas del mercado, o como dice algún funcionario quien quiere celeste, que le cueste”. Un Estado que se olvida que los principales actores de este proceso son las personas es un Estado excluyente.

No uno sino muchos vicios se dan en la producción de textos escolares. Es difícil determinar desde cuándo se incuba esta corrupción (¿qué otro nombre debe llevar esta manera de ofertar textos ofreciendo ganancias por lo bajo?).

Poco a poco la industria editorial del libro de texto escolar fue apareciendo en el horizonte educativo, cuando las enciclopedias escolares dieron paso a otros textos especializados. Conforme se incrementaba la matrícula aumentaba la demanda de textos y se empezó a apreciar que un “filón” de la economía de las industrias gráficas estaría en la inversión en edición de los textos escolares. Aparecieron las compañías con soporte empresarial que imprimían los textos escolares. El siguiente paso, habiendo estudiado el mercado, estas empresas formaron equipos de trabajo especializados –por lo general de educadores destacados- para que elaborasen los textos escolares, de acuerdo a las pautas del currículo y las determinadas normas del Ministerio de Educación.

Una antigua publicación del INIDE (Instituto Nacional de Investigación Educativa) del año 1975 titulada Manual de Procedimientos. Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo, nos indica que hubo preocupación del Ministerio de Educación sobre el tema de la elaboración de textos. El propósito de esta Resolución Directoral Superior era racionalizar los procedimientos en el Ministerio de Educación. El Manual consta de dos capítulos, en el primero se describe el título del procedimiento, el objetivo, base legal, requisitos, órgano responsable y el trámite del procedimiento. En el segundo está referido a la conformación de las Comisiones Ad hoc, los requisitos mínimos para la evaluación de textos y la guía y tabla de evaluación de textos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. INIDE. MANUAL DE, PROCEDIMIENTO Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo. Lima, 1975), Si bien no existe una referencia al costo del texto, el Ministerio tuvo la preocupación de establecer Indicadores para la evaluación por áreas del contenido. Sería conveniente hacer el seguimiento de los procedimientos de entonces. ¿Existen hoy documentos parecidos? Lo ignoramos. Pero a decir del Ministro “… se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares… Se va a trabajar un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta, que son para el uso de las escuelas privadas- más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige.” (LA REPÚBLICA. 09.03.11). Consideramos que esto no basta, pues no se aborda el tema del costo de producción del texto escolar que en este caso es el centro del problema. ¿Por qué se encarece tanto el libro para las instituciones particulares?

El vice ministro de Gestión Pedagógica en contraposición declaró a una radio “Cada libro (elaborado por el Ministerio de Educación) cuesta entre 6 y 8 soles” yo diría que son mejores (que los libros de los colegios particulares)” (RPP.09.03.11). Si esto es así no se justifica que los textos elaborados por las editoriales cuesten tanto.

Parece que el ministro no conoce sobre el tema y sobre el problema. Una cosa es dirigir una universidad particular y otra la educación nacional.

Volviendo a lo narrado, el desarrollo de la industria editorial para textos se volvió importante, interesante económicamente, a partir de los años 90. El desarrollo posterior es conocido al punto que dejamos de llevar nuestros textos a imprimir a Colombia –por calidad y precios- . El adelanto de la tecnología permitió trabajar una nueva propuesta para la edición de textos escolares. Impresión de calidad, uso del color, diagramación, desarrollo del contenido de las materias, utilización de dibujos, gráficos, fotografías tratando de elaborar un producto más atractivo (competitivo en la jerga de hoy), para “conquistar” el mercado, merced a la oferta.

En paralelo se fue trabajando la línea de distribución de acuerdo a los cánones del mercado. Se empezó así en “promocionar” los textos entre los docentes de primaria y secundaria, luego capacitación especializada desarrollada por especialistas financiados por la editorial que promovía el evento, reparto gratuito de textos, etc. Indudablemente esta inversión que se hacía debería recuperarse mediante el compromiso tácito de los docentes de recomendar la compra del libro de tal editorial a sus alumnos. Quedaba asegurada la venta del material y el retorno de la inversión con “alguito” de ganancia. Las modalidades fueron cambiando y perfeccionando según las recomendaciones del mercado.

De entonces a hoy se fueron perfeccionando las relaciones productor-consumidor; empresa – promotor. Esto lo saben los docentes, las autoridades que hoy se sorprenden ante la denuncia de un programa de TV. Esta práctica no es de ahora pues. Lo preocupante es que sabiéndolo se hicieron de la “vista gorda”. Hasta hoy salvo el documento recordado, no se hizo nada al respecto. Se ha buscado un “biombo” amparo recurriendo a la ley de defensa del consumidor; la ley de protección a la economía familiar y a la promesa de crear una comisión para castigar a responsables. También advertir –amenazar a las escuelas que serán multadas hasta por un millón de soles si se les comprueban faltas. ¿Sirve esto de algo si no existe un real compromiso político de defensa del consumidor? Tenemos el caso de una infracción de la empresa de helados Donofrio que después de dos años de ser denunciada por estafa a los consumidores al promocionar productos que no correspondían a la promoción, recién se le impone la multa. ¿Cómo confiar entonces en estas instituciones?

Decir que cuatro editoriales (San Marcos, Corefo, Santillana y Hilder) entregaban el 30% de comisión a las autoridades de los centros educativos por cada libro vendido, según el informe periodístico, no es descubrir la pólvora. Si se sabe ¿qué se hace? También que la negociación se iniciaba cuando las editoriales brindaban al colegio cierta cantidad de textos con un precio determinado, para luego ser ofertados a los estudiantes a un costo mucho mayor, y sorprenderse. ¿No se sabía de esto?

Las firmas enunciadas no son desconocidas. Basta ir al portal de internet para poder contar con la información que se requiera y la forma como promocionan la formación en valores. ¿Qué valores? ¿Del consumismo? ¿De la explotación? Hacer cálculos y malabares explicativos y rasgarse las vestiduras por este mayúsculo escándalo y llamarlo “indignante negocio” de algunas editoriales, al menos suena hoy como un sarcasmo contra la protección del derecho a la educación que todos tenemos. Y más cuando se calculan las multas “por violar la Ley de Protección a la Economía Familiar y el Código de Protección y Defensa del Consumidor que prohíben direccionar (sic) la compra de libros y demás artículos escolares hacia un determinado proveedor o editorial.(La República 08.03.11) ¿No se sabe acaso que desde que termina el año anterior las instituciones educativas envían cartas-comunicados a los padres de familia sobre los costos del años venidero tanto en pensiones como en textos, uniformes regulares y deportivos y otros materiales? ¿Para qué están las UGEL? ¿Qué supervisan?

Se recurre hoy a la asociación de colegios privados para “analizar en profundidad este tema tan cuestionado”. (La República 08.03.11). También ha declarado el Presidente de la Cámara Peruana del Libro deplorando estas “malas prácticas de las editoriales y directores que confabulan en contra de los derechos de los padres. Ha convocado a una reunión entre los miembros de su institución para firmar un pacto ético en el cual todos los participantes se comprometan a desaparecer estas malas prácticas. De no ser acatado este pacto por las editoriales, serán separadas de la Cámara.

Además el vice ministro de Gestión institucional, expresó que “Los directores de colegios privados deben explicar qué han hecho con el dinero. ¿Han invertido en mejorar la infraestructura de sus centros educativos? (La República 08.03.11). El ex presidente de la Asociación Peruana de consumidores (ASPEC) y candidato al congreso, presentó una denuncia ante INDECOPI en contra de las cuestionadas empresas. “El objetivo es que estas editoriales devuelvan el dinero” también expresó que es lamentable que estas editoriales lucren con los textos escolares, aún cuando el Estado les concede exoneraciones de impuestos (La República 08.03.11). Una congresista pedirá a las comisiones de Fiscalización y Educación del Congreso una investigación referente a los altos costos en los precios de libros escolares que realizan las empresas editoras en complicidad con los directores de algunos centros educativos. ((La República 08.03.11).

La falta de idoneidad con que es gestionado el Ministerio de Educación una vez más salta a relucir. No se trata de ser un empresario exitoso en el rubro de la educación superior privada (el ministro es el propietario de la Universidad Particular San Martín de Porres), para ser garantía en la conducción de la educación nacional. Puede estar rodeado de los mejores funcionarios del sector, pero es él que responde políticamente por lo que se haga, deje de hacer o las desidias que se cometan atentando contra la economía familiar.

El Presidente de la República, tan interesado en los temas educativos cuando se trata de figurar, ha pedido a INDECOPI actuar en relación con la denuncia de negociados entre algunas editoriales y colegios privados, para vender libros escolares a mayor precio a los padres de familia. También expresó que si bien ese tema forma parte del mundo privado, también la Dirección de Educación Privada (sic) del Ministerio de Educación debe encargarse del asunto, porque hay muchos colegios que abusan y padres que se dejan abusar en vez de denunciar. (EL PERUANO. 09.03.11) El Ministro de Educación calificando a esta práctica de las editoriales como “nefasta” ha expresado que se exigirá a las editoriales publicar precios oficiales de los libros vendidos (La República, 09.03.11). Además anunció que se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares, que a raíz de esta comercialización ha sido perjudicada. “Se va a trabajar en un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta –que son para uso de las escuelas privadas– más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige” resaltó. De acuerdo a estas medidas, a partir de la fecha el Ministerio de Educación solicitará a todas la editoriales publicar desde el primero de enero de cada año, los precios oficiales de sus libros. “De tal manera que todos los padres de familia tengan conocimiento oportuno de este precio y por lo cual no puedan pagar ni un sol más”, agregó. Nuevamente señalamos que es importante saber el costo de producción del texto y no “disfrazarlo” con el llamado “precio oficial”.

De un lado hay que decir al señor Presidente que no se trata de un problema que sólo atañe a la Dirección de Educación Privada –esta no existe- por lo tanto es un problema de política educativa que no debe hacer distingos entre público – privado. La equidad en educación es importante para que todos los niños y jóvenes peruanos reciban la educación de calidad que tanto se pregona. De otro lado, no se trata de “control” de precios de los libros solamente, sino de todo lo que concierne al material didáctico que adquieren los padres de familia por demanda de las instituciones educativas. La fijación de un precio justo debe darse desde el establecimiento de los costos de producción, más si existe una desgravación del IGV. ¿Qué diferencia los libros para la educación oficial y de la educación privada? ¿En dónde se incrementa el precio? El celo que se quiere poner ahora debe ser para todos sin distingos de ninguna naturaleza.

El sistema económico en el que nos encontramos que se rige por la oferta y la demanda, no debe ser motivo para atropellar derechos y menos para aprovecharse de un segmento de la sociedad que tienen por obligación de proporcionarle instrumentos de aprendizaje a sus hijos. Pero este celo debe ir más allá pues el modelo económico se presta para otras maneras de explotar a quienes necesitan del recurso educación para superarse. Como lo expresa un diario: “Ello no debe limitarse a los abusos y negociado con libros, sino también a los cursos, pasantías y hasta viajes para algunos docentes o directivos, financiados por algunas editoriales, como compensación por elegir sus textos para los alumnos” (EL COMERCIO, 09.03.11).

El día 10 de marzo, los diarios quieren amainar la preocupación y el rechazo por este “asalto” a la economía de las familias con el pretexto de la adquisición de textos escolares. Así tenemos los titulares “Solo comprarán a editoriales que firmen el Pacto Ético” El próximo año el Estado comprará textos por 130 millones de soles. Descartan exigencia de compra de libros en colegios públicos. (EL PERUANO. 10.03.11); Indecopi. Toma medida contra editoriales investigadas. Presenta lista de precios. Entidad atendió más de 600 llamadas de padres de familia (EL PERUANO. 10.03.11); contra precios onerosos. A implementar el código. (EL PERUANO. 10.03.11); Proponen Observatorio de Precios para textos escolares (LA REPÚBLICA,10.03.11) Editoriales devolverán dinero excedente por compra de libros (diario16. 10.03.11); Textos escolares: publican lista de precios (PERU 21,10.03.11); Apafa cree que negociado continuará (diario16.10.03.11). ¿No sabrán acaso que todo esto es “letra muerta”. Muchas editoriales han anunciado que firmarán el pacto ético, sin duda es una buena intención, sin embargo sería bueno conocer el pacto que firmarán, para que no se les olvide ciertos principios que deben normar las relaciones interpersonales e interinstitucionales de un Estado que es democrático y que tiene por sobre todo la defensa de los derechos que nos asisten a todos los peruanos.

En medio de la batahola de denuncias y de propósito de enmienda, no existe una sola mención de parte de las empresas editoriales ni de las instituciones educativas de aceptación de la falta cometida de manera explícita. Por ello llama la atención que sólo la APAFA exprese su preocupación expresando que las cosas continuarán: “El presidente de la Confederación de Apafas del Perú, Miguel Chipanba Sotomayor, manifestó ayer que el “negociado de las editoriales nunca va a parar debido a que ministros, viceministros y hasta funcionarios del Ministerio de Educación, así como todas las autoridades y maestros de las UGELs y colegios, están comprometidos con las editoriales. “Estas empresas siempre auspician todos sus eventos y hasta les pagan no solo por dictar conferencias en Lima y provincias, sino también por imprimir los textos escolares del gobierno”, alertó. (diario16.10.03.11). Sin duda una advertencia a tener en cuenta.

De otro lado no es bueno dejar de lado las preocupaciones de los padres de familia que expresan sus comentarios a las noticias, pues estas opiniones expresan cómo perciben y cómo sienten este engaño y la poca confianza que tienen en las decisiones del Estado y las palabras de los funcionarios. Ojalá que las investigaciones vayan a y al fondo de los problemas evidenciados y que de una vez por todas no “soplen la pluma” a otros que si bien tienen que ver con el tema, no tienen la responsabilidad y decisión política que se requiere. No basta proclamar cotidianamente desde el Presidente a sus funcionarios de confianza la calidad de la educación que no se reduce sólo a lo que se viene haciendo con la Carrera Pública Magisterial, pero ignorando los términos del Acuerdo Nacional, del Proyecto Educativo Nacional. La frivolidad y la egolatría no deben impregnar la política educativa como hoy. Es necesario que en estos pocos meses que quedan de gobierno, si no se puede remontar las desidias, sepan reconocer con una autocrítica lo que se dejó de hacer por falta de una voluntad política coherente, ajena a la palabrería hueca, que “encantará culebras” pero que no aporta nada a la construcción de país y menos a una educación que merece una calidad sin eufemismos.

Existen muchas cosas que revisar en el sector educación que no sólo de textos se trata. También de licitaciones, el retraso de la entrega de obras, licitaciones que se hacen al amparo de normas específicas y otras tantas formas de “sacarle la vuelta” al Estado para el enriquecimiento de unos pocos y el perjuicio de muchos. El libre mercado no puede ser el pretexto para renunciar deberes y derechos del ciudadano peruano. No puede ser disculpa que las conclusiones de las investigaciones sea “que la casa siempre gana” porque esas son las reglas del libre mercado. (12.03.11)