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ADMISIÓN 2012 AL COLEGIO SECUNDARIO MAYOR

16 noviembre 2011

LAS DRE, UGEL Y LOS CONSEJOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DEBEN INFORMAR SOBRE ADMISIÓN 2012 AL COLEGIO MAYOR
Los interesados también podrán encontrar información ingresando a la página web de la citada institución educativa (www.colegiomayor.edu.pe).

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los Consejos Educativos Municipales (CEM) están en la obligación de publicar y comunicar todo lo relacionado al proceso de admisión 2012 del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, a todas las instituciones educativas públicas de su jurisdicción.

Así lo establece el Reglamento del Proceso de Admisión publicado por el Ministerio de Educación en la página web de la referida institución educativa.

En ese sentido, el citado reglamento precisa que son los directores de cada institución educativa, los llamados, a informar acerca de la convocatoria y requisitos a los estudiantes, padres de familia, tutores legales o apoderados y a la comunidad educativa en general.

Los interesados en el proceso de admisión 2012 al Colegio Mayor también podrán encontrar información en el prospecto, que se puede obtener ingresando a la página web de la institución educativa (www.colegiomayor.edu.pe).

El reglamento establece que los directores o directoras de las instituciones educativas deben remitir a la UGEL o CEM de su jurisdicción, la lista de los estudiantes postulantes, así como las constancias del orden de mérito obtenido por el postulante en el segundo grado de Educación Secundaria.

Asimismo, deben adjuntar el acta de sesión de la comisión de evaluación, que certifique que el estudiante obtuvo uno de los dos primeros puestos a nivel de la institución educativa en segundo grado de Educación Secundaria en el año 2011 o documentos que acrediten haber obtenido uno de los cinco primeros puestos a nivel nacional en concursos convocados por el Ministerio de Educación.

Todo esto debe ir acompañado de una copia del DNI de cada postulante, copia de Nómina de Matrícula de la sección a la que pertenece, y la ficha informativa del postulante debidamente llenada y firmada, que incluye la autorización del padre, la madre, tutor legal o apoderado para postular.
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
16 Nov. 11

Defensoría del Pueblo: Educación Un informe que deja cabos sueltos

19 diciembre 2009

Sin duda la Defensoría del Pueblo es una institución insignia de nuestra democracia pues está instituyendo una nueva manera de participación respetando los derechos y evidenciando los deberes de la ciudadanía. Es una de la formas de vivir en democracia., aunque algunos con una representatividad relativa, se sientan todo poderosos y por encima del bien y el mal. Ejemplos recientes tenemos de falsos demócratas que se vuelven juez y parte y se declaran la encarnación de la ética y de la justicia. Es duro vivir en democracia y más aún ejercer la función representativa no sintiéndose primus inter pares sino todo lo contrario.

La semana pasada la Defensora del Pueblo presentó el Informe Nº 147 titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”. Indica, el reporte periodístico (aún no ha sido puesto el informe en la página web de la Defensoría ¿?) que existen de manera persistente tres condiciones que favorecen actos de corrupción, irregularidades en procedimientos administrativos; irregularidades en proceso de contratación y nombramiento de personal; y deficiencias en las medidas de control.

La reflexión sobre el Informe Defensorial la hacemos a partir de la Resolución Defensorial Nº 0044-2009/DP del 02 de diciembre del presente año. Es bueno destacar que en el considerando la Defensoría del Pueblo (DP) precisa que para ella “…la corrupción tiene implicancias directas en la vigencia de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de quienes forman parte de la administración estatal, además de incidir negativamente en el desarrollo del país, debilitando valores morales y las bases mismas en que se funda la sociedad democrática.” (Considerando Primero). Sin duda este párrafo requiere una explicación mayor y más sencilla de manera que todo el pueblo pueda entender la magnitud del daño que genera la corrupción a todos los niveles de la población y sus instituciones. Reducirla como hace la generalidad de instituciones y establecimientos públicos a carteles que se refieren a “Denuncias” es hacerle un flaco servicio a conseguir resultados indicadores de avances en este campo. Todo lo contrario, los avisos son un alerta para los corruptos y sus innovadoras formas de seguir corrompiendo.

Consideramos de otro lado que en aras de lo que la DP denomina “la magistratura de la persuasión” desarrolle un trabajo pedagógico de información específica para que el mensaje sea captado y apropiado por la ciudadanía. No bastan las campañas “Educación sin Corrupción” de los años 2006 y 2007, que tienen el efecto de lo que es una campaña de promoción en el sentido de informar al mercado o persuadirlo respecto a sus productos y servicios. Y tenemos como ejemplo las campañas por Navidad, por Fiestas Patrias, y otras, según las temporadas. ¿Por qué no imaginar una educación para el ejercicio de derechos ciudadanos sin corrupción? No es lo mismo promover el combate a la corrupción que erradicarla. Los corruptos sabemos “se las saben todas” y frente a ello no podemos parapetarnos sólo con un tejido legal desconocido por la mayoría y que no hace ante una denuncia sino soplar la responsabilidad de Herodes a Pilatos.
Encomiable el trabajo de la DP, sin embargo hay mucho por delante sobre todo en la pedagogía de la denuncia, en el aprendizaje de lo que significa la corrupción para el ciudadano, para las instituciones, la sociedad y el país. Los vericuetos en que se mueve este flagelo son diversos tanto en la ciudad, los barrios, en la zona rural y otros escenarios sofisticados.

No se trata de señalar los actos y los riesgos de la corrupción en el sector Educación, sino como bien dice la DP identificarlos y localizarlos.

La pedagogía de una educación sin corrupción debe apuntar como parte de la educación ciudadana a señalar cómo la corrupción vulnera derechos fundamentales tanto civiles como políticos o colectivos. Asimismo cuando los recursos son desviados para otros fines afectando directamente la plena realización de estos derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso de la corrupción en educación abarca los diferentes ámbitos del sector (político, administrativo y en las escuelas (Considerando Segundo) y afectan no sólo a la prestación del servicio educativo, sino a lo que la DP denomina al “contenido constitucional del derecho a la educación”. ¿Por qué no explicar este contenido constitucional de una manera que el pueblo lo entienda y se apropie de él? ¿Por qué no hace docencia sobre el contenido de este derecho como lo recuerda el Considerando en los siguientes puntos: i) acceso a una educación adecuada; ii) la permanencia y el respeto a la dignidad escolar; iii) la calidad de la educación; iv) la libertad de enseñanza; v) la libertad de conciencia de los estudiantes; vi) la libertad de cátedra; y, vi) la libertad de creación de centros docentes y universidades (Sentencia del Tribunal Constitucional recaías en el Expediente Nº 0091-2005-AA/TC de fecha 18.02.2005,f.j.Nº6, y el Expediente Nº 4646-2007/PA/TC del 19.V.2008, f.j.Nº15).. Reducir el acto de corrupción a denuncias y registro de cobros indebidos en los procesos de matrícula en las escuelas públicas cuando estos montos se sabe son utilizados para beneficio particular, y hacer de ello todo un escándalo mediático, es favorecer la corrupción antes que combatirla. Urge una pedagogía de información de los derechos ciudadanos que son letra muerta de la Constitución, de la Ley General de Educación; del Plan Multianual del Ministerio de Educación (PESEM), del Plan de Lucha contra la Corrupción. Todos los nombran, pero nadie los conoce como un derecho que tiene el ciudadano.

Los datos que se proporcionan en el Considerando Cuarto del documento que reseñamos nos dicen que “Durante la Campaña Educación sin Corrupción” 2007 se recibieron 1,519 quejas (¿cuál es la diferencia legal entre una queja y una denuncia? ¿Son sinónimos?) De ellas se nos dice que 1,071 fueron declaradas fundadas (¿qué significa fundadas? ¿darle la razón al denunciante o empezar un largo proceso legal? ¿Y mientras qué hace el quejoso o denunciante?). También se nos dice que el mayor número de quejas fundadas estuvo centrado en problemas identificados en la gestión administrativa y “clasificadas en el eje de casos que generan riesgos de corrupción”. (Si existen estos casos generadores de corrupción ¿por qué no se los combate previamente? ¿Qué sucede con la prevención del delito?). Nos dicen además con precisión que el número de quejas asciende a 840 (78.4%) del total. Se identifican las irregularidades: incumplimiento en el dictado de clases, irregularidades en el contenido de las planillas de pago, deficiencias en las medidas de control, irregularidades en el desplazamiento del personal y falta de transparencia y acceso a la información. De otro lado “las quejas por casos de corrupción” ascienden a 119 quejas (11.1%) tipificadas como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas. En tercer lugar los denominados “hechos vulneratorios” (atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual) que registran 112 quejas (10,5%).

Identificando estas quejas por institución se dice que el mayor número de ellas se ubica en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con 466 quejas (43,5%); las Direcciones Regionales de Educación (DRE) cn 272 quejas (25,4%) y finalmente las Instituciones Educativas (I.E.) con 262 quejas (24,5%). De todo ello la DP concluye “Como se puede advertir, el 68,9% de quejas referidas a la problemática de corrupción se concentra en las mismas instancias de gestión educativa (UGEL y DRE)”. Y añade que estos casos presentados en la campaña del 2007 “confirman los problemas presentados en la campaña-piloto llevada a cabo en el 2006”. Se indica que persisten “tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción” (¿Son actos o delitos? ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?): i) ineficiencia de los mecanismos de sanción y control; ii) debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información; y iii) precariedad de la vigilancia ciudadana.” Además expresa la DP que “a pesar de los esfuerzos (¿cuáles? ¿la oficina CADER ha sido evaluada? ¿poner la fotografía de los agresores sexuales, es su función?)…realizados por el Ministerio de Educación para superar tales condiciones, dichos problemas continúan presentándose: a) sobre los casos de corrupción:- impunidad; cobros indebidos; uso indebido del cargo; venta de notas. Sobre los casos que generan riesgos de corrupción: irregularidades en los procedimientos administrativos; en las planillas de pago; en la contratación y nombramiento de personal; en el desplazamiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; falta de transparencia. Sobre los casos de violencia en contra de los (y las) estudiantes: atentados contra la integridad; acoso sexual; violación sexual. Además se advirtieron dos problemas transversales i) la falta de atención de las denuncias presentadas por los alumnos o padres de familia por parte de los Directores de las IE, y, ii) la de mora en el procedimiento de investigación de estos hechos y en la aplicación de sanciones a los responsables por parte de l DRE o la UGEL.”

Se manifiesta también que la demora en la investigación así como la imposición de sanciones a responsables obedece a múltiples factores como la carga procesal que tiene los órganos de la investigación (OCI, CADER o comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios; la falta de recursos humanos o logísticos de estos órganos y la falta de criterios o lineamientos de actuación. (las negritas son nuestras).

Siguen luego en la parte resolutiva las Recomendaciones al Ministerio de Educación para que “regule” en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas…que modifique el articulo 126 de la Ley del profesorado; asimismo el art. 127 de la misma Ley; el art. 133 del Reglamento de la Ley del profesorado; e incorporar en dicho articulo del Reglamento la regulación de la ejecución inmediata o suspensión de las sanciones administrativas. También siguen Recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Congreso de la República; al ministerio de Educación, a las DRE y a las UGEL que “refuercen los Órganos de Control Institucional (OCI) así como las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos dotándolos de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control”.

Fieles al dicho “la pita se rompe por la parte más débil” ¿Por qué sólo se hace referencia sólo a los niveles de DRE, UGEL e IE? ¿Es que en los niveles más altos del sector no existe la corrupción? ¿Son impolutas las personas que ocupan los cargos? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo se adquieren las Laptop (¿hubo licitación? ¿no salió publicada en un diario la fotografía del presidente y el ministro de educación, conversando sobre dicha máquina que la tenían en el escritorio? ¿alguien hizo una denuncia?) Se le ocurrió al presidente y al ministro escuchar al señor Negroponte sobre las bondades de este instrumento y que invirtiendo uno US.100 dólares por máquina se podría dotar de ellas a los alumnos de primaria. ¿los costos son sólo 100 dólares? ¿por qué el señor Negroponte dejó su compañía y ahora aparece como uno de los personajes “auspiciadotes” en una especie de comité de asesores internacionales del Colegio Mayor, sublime “capricho” presidencial? ¿Por qué el Colegio Mayor tiene un estatus fuera de la Educación Básica Regular? ¿Por qué se rompe el sistema educativo nacional con una medida excluyente en medio de la prédica de la educación inclusiva? ¿Por qué el silencio del Ministro de Educación y su Dirección Nacional Superior y Técnico Productiva ante la denuncia sobre la Universidad Alas Peruanas? ¿No tienen nada qué opinar? ¿Por qué interfiere el Presidente y el ministro se deja, en asuntos educativos? Opina del SINEACE y lo urge a que cumpla su rol desconociendo cuáles son sus funciones. ¿Y qué ha pasado con la reconstrucción de la infraestructura educativa de la zona afectada por el sismo de 2007 en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, parte de Huancavelica? ¿Acaso esta interferencia no son la cepa para que nuevas formas de corrupción se generen? Habrán muchas justificaciones sofisticadas, pero poco o nada convincentes ante la opinión pública.

Una pena que la campaña educación sin corrupción no llegue a los altos niveles del aparato del Estado. Se podrá decir que es función del Congreso de la República, pero habrá que recordar que el monstruo de la corrupción se mimetiza cuando de llegar a esos niveles se trata, se han inventado de manera sofisticada palabras como lobys para disfrazar el tema; también se le dice “tráfico de influencias” y quien se sienta tocado (autoridades en general) reacciona como el congresista aquel que muy orondo responde “un pinche funcionario de quinta me quiere involucrar”, hablando despectivamente de un funcionario regional que trata de “defender” a su manera sus fueros y decisiones. ¿Estas no son larvas de corrupción que se regeneran en las altas esferas con el beneplácito de los que detentan el poder.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo es encomiable, pero es necesario hacer pedagogía y docencia desde este nivel sobre son los derechos ciudadanos y romper inercias para que en el país que se dice democrático no existan intocables que se parapetan en los subterfugios tinterillescos para hacer valer su verdad.

Es necesario además que la Defensoría del Pueblo haga docencia y difusión sobre lo que es la ética ciudadana, y lo que significa la ética del funcionario público y de los políticos que fueron elegidos por el pueblo, más allá de la preferencia política. Nuestro país no necesita seguir maquillando la democracia, los derechos humanos, con palabras altisonantes sino con la difusión de mensajes educativos que esclarezcan, que cuestionen cuando lo requiera la realidad. No dejemos el derecho a la fiscalización a quienes son un poder que responde también a intereses particulares: los medios de comunicación. Existen muchos cabos sueltos, que es necesario no perderlos de vista si queremos empezar a salir del laberinto de la corrupción. (12.12.09)

CPM: luego de la prueba…de Herodes a Pilatos

27 junio 2009

Sin duda es un artículo que a muchos llamará la atención, pero poco se habla de los resultados de la prueba que dieron los docentes que postulan para incorporarse a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Sin duda los resultados han sido buenos si tenemos en cuenta que fueron 9,417; los docentes evaluados, y aquellos clasificados para la segunda etapa con nota igual o mayor de 14 son 7, 108; los maestros no clasificados 2,309. Según dijo el Ministro en conferencia de prensa el porcentaje de clasificados ha sido de 75.48%.

Si a estos resultados los cruzamos por niveles magisteriales, tendremos de los 7,108 docentes clasificados, al Nivel II acceden 941; al III, 4502; al IV, 1378; y al V, 187 docentes. El resultado por nivel educativo ha sido: para Educación Básica Regular: Clasificados: Nivel Inicial 652; Primaria, 2666; Secundaria 3281; Educación Especial 105. Educación Básica Alternativa: Inicial/Intermedio 44; Avanzado, 226; Educación Técnico Productiva 134 docentes.

En un estudio que ha realizado el profesor Sigfredo Chiroque, del Instituto de Pedagogía Popular, Maestro peruano 2009, expresa que en el 2008 trabajaban un total de 472,461 docentes, en educación básica regular, básica alternativa, básica adultos, básica especial, técnico-productiva y superior no universitaria (formadores de los Institutos Superiores). De este total 312,424 (66.13%) laboran en el sector público y 160,037 (33.87%) en el sector privado.

Para ser realista y menos triunfalistas que en educación como para comer pescado hay que tener mucho cuidado, la realidad que se tiene es poco menos que auspiciosa en beneficio de la mejora del docente, por más que se diga que quienes ingresen a la carrera magisterial ganarán más. Eso es en el papel irrefutable, pero la realidad hace que los docentes sean prejuiciosos. La cantidad de docentes contratados a los que no se paga a tiempo a pesar que las autoridades del Ministerio expresan que todo está financiado y sin embargo los Presidentes Regionales tienen que interponer recursos para que el ministerio de Economía y Finanzas “suelte” la plata. O como acontece en la municipalización de la educación, donde una región ha devuelto los recursos porque las municipalidades no están en capacidad para gestionarlos; y otra que expresa que devuelve los recursos dejando a los docentes impagos. Y estas noticias que se conocen porque los propios actores recurren a los medios de comunicación que las autoridades responsables no leen ni escuchan, ¿acaso no generan desconfianza en las promesas empeñadas por el ministro que le pinta “pajaritos en el aire” al Presidente de la República?

Los resultados hablan por si solos y los hechos reafirman la desconfianza.

Pero, el proceso sigue. Ahora viene una Segunda Etapa: Evaluación de la Idoneidad: para los niveles magisteriales II y III será el 16 de agosto; para los niveles magisteriales IV y V se aplicará el 27 de septiembre. La denominada Consolidación Final se ha determinado para el II y II nivel magisterial la publicación de resultados el 012 de septiembre; y la expedición de resoluciones de incorporación entre el 02 y 08 de septiembre; para el IV y V nivel magisterial los resultados se publicarán el 26 de octubre y la expedición de resoluciones de incorporación será el 27 de octubre al 2 de noviembre.

Sin duda los tiempos son los estimados y las previsiones han tenido en cuenta que nada perturbará el proceso. Sin embargo el 23 de junio se emite una Resolución Ministerial Nº 0197-2009-ED publicada en el diario oficial el 25 de junio donde se Aprueban normas para la evaluación de los criterios de formación, méritos, experiencia profesional en la segunda etapa del Proceso de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29062. Esta RM tiene dos artículos: el primero que aprueba la norma y da cuenta que en un anexo –no publicado en la misma- pero se dice que forma parte de la presente resolución; en el Artículo 2º se expresa que el anexo será publicado en el Portal Electrónico del Ministerio de Educación…”bajo responsabilidad”. ¿Responsabilidad de quién? ¿Del funcionario, de la secretaria, de los técnicos? Ni una nota de prensa que “informe” sobre esta resolución ni sobre las normas que se publican en el Portal. Pero eso sí han salido los dos viceministros haciendo llamados a los profesores para que cumplan con lo expresado en las normas referidas.
Más de un profesor de la capital –imaginarse lo que sucede en provincias- está preocupado por los tiempos porque desde el día 27 hasta el 29 de junio además de ser fin de semana el 29 es feriado. Recién el viernes la Agencia Oficial ANDINA en su versión digital anuncia “El Ministerio de Educación dispuso que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana, atiendan, este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 (feriado), los trámites de los docentes clasificados para la segunda etapa de incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Así lo dio a conocer hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, al tiempo de invocar a las autoridades educativas del resto del país, para que hagan lo mismo con sus maestros clasificados.” ¿Cuántos funcionarios sabrán esta medida? ¿Por qué no prever esta situación? ¿Acaso no se tiene un calendario?
Pero no solamente esta medida, sino otras que contiene la norma para la evaluación, de manera especial el numeral 4 que contiene cinco ítems vertebrales del proceso: 4.1 Evaluación del desempeño en la institución educativa donde no existe CONEI; 4.2 Situaciones especiales de profesores concursantes; situaciones especiales en la presentación del expediente; 4.4 Presentación del expediente; normas complementarias para la evaluación del expediente. Todo este contenido ha podido divulgarse antes, si se hubiera tenido un equipo competente encargado de la estrategia a desarrollar desde el inicio del proceso. ¿Por qué no se hizo? Si el proceso es tan importante –como que lo es- ¿por qué no darle la atención debida? Los enredos de la gestión en educación se evidencian en estas medidas.
Sin embargo, cuando de responsabilidades se trata, es decir, el chivo expiatorio a quien inmolar, si algo falla está sí bien puesto en el numeral “5. Responsabilidades. 5.1 Responsabilidades Generales. El Director de la UGEL es responsable de verificar que se cumplan las normas del Ministerio de Educación en la segunda etapa del Programa de Incorporación en las Instituciones Educativas de su ámbito; y, el Director de la DRE, de las que están en el suyo. El Ministerio de Educación es responsable de la planificación, organización, supervisión y normatividad, a nivel nacional. 5.2 Responsabilidades en relación al cronograma a. La Institución Educativa, bajo responsabilidad administrativa de su Director o de quien haga sus veces, entregará antes del 27 de junio a los profesores clasificados, la evaluación de desempeño profesional realizada por el Director y el CONEI. b. La misma fecha se aplica al Director de UGEL y DRE, en la evaluación de desempeño de especialistas. La responsabilidad administrativa la comparte con el responsable de Personal y el Jefe del Área del Especialista postulante.”

A buen entendedor pocas palabras. El funcionario debe cumplir. ¿Y los funcionarios que deben velar por entregar la información con el debido tiempo, no tienen la misma o más responsabilidad que los funcionarios de las DRE y las UGEL? ¿Se ha puesto en el lugar de los docentes que deben hacer las gestiones personales? No existe en este punto del proceso un sindicato a quien cargarle la culpa. Así nos acercamos a la fecha de reconocimiento del maestro, en su día, el 6 de julio. Una vez más, de Herodes a Pilatos, pues existen en nuestra época muchos que se lavarán las manos y otros seguirán con el discurso que se sacrifican por la educación de calidad.
(27.06.09)