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El Proyecto Educativo Nacional (PEN) y el fortalecimiento de la escuela pública

21 agosto 2011

En nuestra sociedad se tiene una manera de percibir las necesidades de acuerdo a las conveniencias, a los intereses de una clase social. Poco existe de solidaridad, de equidad, de inclusión. Todo lo contrario, nos hemos acostumbrado a hablar a media voz y no decir las cosas respetando el pensamiento del otro. Somos avaros para practicar la tolerancia y para compartir, para vivir en democracia.

En las últimas décadas ha sido necesario que vengan misiones auspiciadas por agencias y bancos para hacernos ver que es necesario un cambio en educación. Que la educación que se brinda no es de calidad, que los aprendizajes de los alumnos no están a la altura de los estándares e indicadores que requiere la sociedad de hoy. Y así hemos ido sumando de quinquenio en quinquenio recetas para mejorar nuestra educación. ¿Qué resultados hemos obtenido? Muchos estudios existen sobre el tema, pero poco parece que han servido para que se formule una política educativa ajustada a nuestras necesidades. Pero claro, el Estado no ha gastado casi nada en investigación educativa y menos en tener en cuenta lo que desde las instituciones de la sociedad se ha realizado.

Sin duda, la historia nos muestra el lugar preponderante que tiene la estructura económica dentro de las grandes rebeliones sociales que han ocurrido, ya que cuando ésta no es lo suficientemente sólida como para soportar la demandas y necesidades de la sociedad, simplemente se hace necesario un cambio, pero en esta tónica, lo que más que nunca adquiere relevancia para todos nosotros, es la utilización que los seres humanos le hemos dado a la educación, imaginándola como el único medio posible para extender y hacer efectivos los cambios necesarios. Sin embargo, encontramos que no se ha acogido los aportes de quien no está en el poder. Todo aporte desde la otra orilla ha sido tomado como crítica, como oposición, antes que como contribución para solucionar problemas crónicos que se tiene y mejorar la educación que requiere nuestra población.

La escuela forma parte del derecho a la educación que tenemos todos los seres humanos. Este derecho, del que muy pocos se acuerdan, debe hacernos pensar que se funda en la dignidad del ser humano que es inalienable y que toda persona pueda contar con los recursos necesarios para desarrollar sus capacidades, comprender el mundo en que vive y adquirir la preparación necesaria para ejercer la ciudadanía democrática.

Por ello la escuela pública es una filosofía, un concepto educativo y un modelo pedagógico que se fundamenta en el derecho de todos los ciudadanos a la educación y que se adopten las medidas presupuestarias para hacerla realidad. Las recomendaciones que hacen los expertos sobre inversión, antes que la atención a un derecho, han hecho mucho daño y han debilitado a nuestras escuelas. El afán de colocar créditos en aras de alcanzar la calidad de la educación, hizo olvidar que la educación pública se financia con fondos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos y que éstos son vigilados por la comunidad. Pero como andábamos con gobiernos que tenían la democracia como telón de fondo, empezaron a “endulzar” con la asesoría y apoyo externo, sin decir claramente que aquello que aportaban, era parte de un crédito que además debíamos de pagar. ¿Renunciamos a nuestra soberanía? ¿Renunciamos al derecho de darnos la educación que nos conviene como país soberano? Muchos podrán dar respuesta a estas preguntas, pero aquellas relacionadas con la soberanía y el derecho de la ciudadanía, muy pocos. Así estamos de hipotecados.

La auténtica educación pública tiene raíces en lo sembrado hace ya siglos, en la revolución francesa, donde existieron intelectuales que lucharon por cambiar y lograr la emancipación del sistema educativo (que en esos momentos se encontraba desfavorecido y carente de principios básicos), para poder consolidar la transición económica, política y social por la que lucharon.

La libertad, la justicia, la igualdad, y los adjetivos que constitucionalmente hoy le conocemos a la educación, como pública, obligatoria, y gratuita, fueron reconocidos como necesarios para lograr que la educación llegara a todos los niños y niñas sin distinciones de cualquier tipo. ¿Podemos decir que se viene cumpliendo esto?, ¿Y dónde estuvo la voluntad política?

Nos hemos contentado con el mejoramiento de la cobertura educativa, el discurso de la calidad de la educación, el mejoramiento de los aprendizajes. El Estado ha ido despreocupándose de la escuela pública, de la formación de docentes, de contar con un sistema de actualización permanente, al punto que toda la entelequia que heredamos, está a contracorriente de lo que el desarrollo del país requiere, del ejercicio de la ciudadanía y por lo tanto de los valores democráticos.

Esta escuela, que debe ser la célula desde donde se construya y fortalezca el Proyecto Educativo Nacional, urge de una atención inmediata. Una política coherente con lo expresado debería llevar a repensar la escuela que hoy se tiene y desarrolla en el país y que ha crecido a la sombra de directivas y normas que el docente y los alumnos deberían cumplir, de acuerdo a un calendario que hace omisión de los PEI (Proyecto Educativo Institucional), antes que desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus competencias.

En estos días de rebelión estudiantil chilena, llamó la atención el contenido de un cartel que portaba un estudiante que decía “5 años de estudios y 15 años para pagarlos”. ¿No será que esto también es válido para nuestro país, para nuestros estudiantes? Sin pensar en el significado de lo que es invertir en educación, muchos han optado por la educación de sus hijos en la escuela privada, sin duda porque tenían mejor atención pedagógica, cívica, formación en valores y otros. Con ello le hemos ido facilitando al Estado la poca inversión en educación, la poca atención en la formulación de una política educativa acorde con nuestra realidad diversa, plurilingüe y multicultural. Y por supuesto con ello hemos colaborado en devaluar la escuela pública, aquella que tenía patio empedrado o como nos decía Nicomedes Santa Cruz donde “Tener primaria completa era raro en mi niñez (nos sentábamos de a tres en una sola carpeta)…”

Profesores desplazados, alumnos dispersos, constituyen en nuestras zonas rurales de costa, sierra y selva, el mal que ha ido destruyendo la educación para el pueblo. ¿Y en las ciudades y zonas marginales? Contadas son las escuelas que tienen una infraestructura idónea; docentes nombrados, materiales educativos y servicio de electricidad. ¿Se realiza allí la supervisión, el monitoreo a pesar de la cercanía de las UGEL? ¿Cuentan éstas con el personal y presupuesto adecuado para el cumplimiento de sus funciones?

A pesar de la Ley General de Educación (Cap. II La Institución Educativa Art. 66º) que reconoce a la escuela como la primera instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, y que por finalidad tiene el logro de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes, vemos que esto se queda en palabras, pues el tiempo de los docentes tiene un serio recargo administrativo que sirve para estadísticas y para apreciar la inversión, pero poco se dice del rendimiento de los alumnos, del desarrollo e impacto de la institución en la comunidad. Está tan venida a menos que los propios docentes se sienten maltratados en su autoestima.

Lo que estipula la Ley en los artículos 67º, 68º,69º, 70º, pocas regiones y UGELES han aplicado, pues en las prioridades emanadas desde la sede central de educación, no se ha reparado en ello. ¿Miedos políticos?, ¿debilidad presupuestaria?, ¿falta de liderazgo?, ¿intereses encontrados? ¡Vaya usted a saber! Lo que sí podemos constatar es que la escuela pública está tan desmerecida que se ha creído que dándoles unos miles de soles para refacción de infraestructura se ha solucionado el problema. ¿Se les ha prestado un apoyo técnico pedagógico mediante la supervisión, el monitoreo?

Por ello hace bien la Ministra de Educación en reafirmar que se trabajará por hacer realidad la aplicación del PEN y a la par en el fortalecimiento de la escuela pública.

Sin duda este deseo que es profesional y político, demanda el desarrollo de relaciones y establecimiento de alianzas en donde deberían primar los derechos de la ciudadanía antes que los intereses por responder a modelos que vemos que no tienen buena aplicación si antes no se tienen en consideración desarrollos de políticas previas en donde se cuente con docentes, infraestructura y una política educativa que parta de mirar al interior del país, nuestra diversidad, donde se revaloren los aportes de quienes han hecho de la educación un tema de estudio e investigación.

El nuevo equipo de educación sin duda navegará a contracorriente para generar una opinión pública que sepa distinguir lo urgente y lo importante para la ciudadanía y no estar a merced de la ley de la oferta y la demanda. Una educación que tenga su norte en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y el fortalecimiento de la escuela pública que debe convertirse en su célula o cimiento.

La tarea es vasta. Demandará trabajar a dos ritmos, uno que mantenga lo que se viene desarrollando y otro planificando teniendo en cuenta el PEN, pero ambos dirigidos a llegar a un punto de quiebre que haga surgir una educación peruana diferente y no limitada a la aplicación de modelos que responden a diseños dirigidos a servir al mercado antes que al derecho al desarrollo humano, al respeto a la ciudadanía, a la democracia, a la tolerancia, a la solidaridad, a la equidad, a una gestión institucional verdaderamente desde la comunidad. ¿Será pedir mucho? ¿Será posible realizarlo? (13.08.11)