CUIDADO CON LOS IDUS DE JUNIO

1. Los idus de junio. Sí parecen los de marzo, aquellos de la historia. Plutarco cuenta que César había sido advertido del peligro, pero había desestimado la aviso: Lo que es más extraordinario aún es que un vidente le había advertido del grave peligro que le amenazaba en el idus de marzo, y ese día cuando iba al Senado, Julio César encontró al vidente y riendo le dijo: «El idus de marzo ya ha llegado»; a lo que el vidente contestó compasivamente: «Sí, pero aún no ha acabado».

Traigo a colación esta historia, pues la coyuntura educativa empieza a entrar en un tobogán peligroso si no se toman decisiones políticas para con las medidas pendientes que existen en el sector y frente a las cuales las promesas no satisfacen. Aunque tarde pero los idus de marzo han llegado, en pleno junio. Y aún el mes no termina.

Se inician con un comunicado del CONARE-SUTEP (facción radical que busca la reorientación y reconstrucción del SUTEP desde las bases hasta el CEN), anunciando para el 20 de junio el inicio de una huelga nacional indefinida.

El SUTEP (Sindicato reconocido oficialmente) anuncia un paro nacional para el jueves 14 de junio Por la reconquista de la Calidad de la Educación. Su plataforma o pliego de reclamos expresa que este paro se realiza por: Un mayor presupuesto para mejores escuelas y educación para nuestros estudiantes; Pago de la deuda y de la continua del 30% por preparación de clases; Aumento de sueldos y pensiones; Cumplimiento del pago por 20, 25 y 30 años y otros beneficios; Por una nueva ley del profesorado que unifique y dignifique al magisterio; Por la defensa del medio ambiente, el agua y la vida; Pago inmediato de los haberes de maestros contratados.

A esto se debe añadir una campaña en medios para atender el bullying en las escuelas del país y que el Estado contrate a psicólogos para que asesoren y traten a los alumnos en las instituciones educativas. Acompañan esta campaña y exigencia los medios de comunicación con exposición de casos, denuncias de padres de familia, al punto que los docentes son los responsables de esta situación. Un editorial de un diario bajo el titular “El sendero del maestro” expresa “Finalmente, el Ministerio de Educación se dio cuenta de que existe el ‘bullying’ y que está frente a un problema que requiere ser encarado. Por ello, ha anunciado un barrido de colegios para determinar la magnitud de la violencia e intimidación que los alumnos están enfrentando. Y prosigue “Incluso, algunas de las medidas que están tomando parecen adecuadas, desde el establecimiento de una línea telefónica para que las víctimas puedan denunciar a sus agresores sin sufrir represalias, hasta el hecho de que las comisarías pondrán efectivos policiales a disposición de los colegios que lo consideren necesario”. Para agudizar más la tensión en la comunidad los medios radiales y televisivos de manera alarmante e indignante ha sido la denuncia de que hubieran participado maestros en el caso de una niña de 12 años que se suicidó al no soportar el acoso de sus compañeras mediante insultos. No se ha evaluado el impacto de esta denuncia policial en donde los actores son los alumnos, los docentes y los padres de familia.

Se ha emitido juicios de valor para denigrar a los docentes al punto de afirmar que actúan en complicidad con los directores, pues estos niegan los incidentes.

Con este escenario descrito concluyen que el problema central de la educación peruana es la baja calidad del profesorado. Se mezclan temas y problemas, reivindicaciones sindicales con temas de formación de educandos en donde la responsabilidad central también hay que buscarla en la familia, su entorno y no sólo en la escuela.

2. Atizando el fogón. Quien ha ejercido alguna vez un cargo connotado en la educación desde el gobierno, se espera que sea ponderado en sus expresiones para no exponerse a que le recuerden el “por qué no lo hizo cuando fue parte del gobierno”. Pero no. Todo lo contrario. Pareciera que hoy se ven las cosas claras cuando ayer veía todo nublado y la consigna era ningunear a los maestros y acatar gozosamente lo que el Presidente de la República se inspiraba en sus reuniones dominicales con el Ministro. Sobre ello nada. Parece que hubiera un alzhéimer en ciernes en la memoria de algunos y de otros.

¿Tanto han cambiado las condiciones económicas en 11 meses para el sector educación? ¿Tanto ha cambiado el panorama nacional educativo que cosecha lo sembrado en quinquenios anteriores? Por eso nos asombra escuchar y leer declaraciones sobre lo que no se hace, cuando no se tiene la suficiente bonhomía para hacer una autocrítica. ¿Si todo se hizo bien por qué se demoraron tanto en la anterior gestión para poner en ejecución la Carrera Pública Magisterial? ¿Si todo se hizo bien, se azuzó con declaraciones y medidas denigrantes la imagen del docente como para que olvidara sus penurias y reclamos?

Por ello nos llama la atención leer en un diario el siguiente titular (Perú 2112.0612) “Vexler denuncia grave retroceso” y “Advierte que ministra Salas dejó de lado proceso de capacitación docente. Afirma que se desactivó Carrera Pública Magisterial, marginando a miles de profesores. También dice que “Los avances logrados se están tirando al tacho. El ex viceministro de Gestión Pedagógica Idel Vexler denunció que la ministra de Educación, Patricia Salas, desactivó la Carrera Pública Magisterial (CPM), que otorgaba un aumento de sueldos a los docentes por méritos y concursos nacionales.” ¿Qué buscaba con estas declaraciones? ¿Más leña al fuego? ¿Mostrar que lo que se hizo en su gestión era impecable?

En otro diario el día 14, día del paro, no de la huelga, el mismo señor escribe en un espacio denominado Polémica por el paro magisterial con el título “Promovido por radicales” … “En principio pareciera que es el comienzo del fin de una relación estrecha entre el Ministerio de Educación y los dirigentes oficiales del SUTEP, lo cual ha traído consigo la paralización total de la implementación de la Carrera Pública Magisterial y la capacitación docente a cargo de las mejores universidades públicas y privadas del país.” Y continúa “Sin duda, esto es una ganancia de los directivos gremiales. También, se llega con la expectativa de la mayoría de maestros de tener un aumento de sueldos que todos los candidatos a la presidencia ofrecieron, entre ellos Ollanta Humala. Por eso, es necesario que haya un solo escalafón magisterial donde los profesores puedan incorporarse del primero al quinto nivel, con un aumento plano del piso salarial y diferenciado, mediante evaluaciones de sus méritos profesionales. Pero, desde luego en el marco de la Carrera Pública Magisterial.” (LA REPÚBLICA, 14.06.12).

Sabe bien él cómo se manejan las relaciones cuando se debe atender a reclamos justos. No es fácil. Y más cuando desde la otra orilla y a menos de 11 meses de haber ejercido el cargo se empieza a señalar el camino a seguir. Sabe bien de la entrega del equipo que está a cargo del ministerio de educación; sabe más que nadie que en educación se requiere un cambio generacional en la conducción, que no se ejerce el cargo para estar sobre todos los maestros sino para servirlos y atenderlos en sus carencias, emergencias y necesidades. Sabe bien que al docente no le alcanza el sueldo. Más lo sabe después de once años en ejercicio que la valla más alta que debe vencerse es las que pone el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso esperaba una reflexión ponderada desde el título, que recuerda épocas pasadas cuando se denigró al docente peruano. Los problemas que se aduce, no son nuevos, son heredados que en quinquenios no se supo o no se pudo solucionar.

3. ¿Luz al final del túnel? Hoy un día después del paro -exitoso para unos, débil para otros-, la vida no sigue igual, sino los que creemos que al maestro se le debe valorar y por lo tanto al equipo ministerial debe dársele el apoyo necesario, nos queda decir como diría el poeta “»Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «no mueras, te amo tanto…” (César Vallejo. Masa).

¿Pero qué hacer cuando se empieza a “manipular” la noticia con estos titulares en un mismo diario que a su vez pertenece a una cadena de medios escritos y televisivos? En primera página se abre con el siguiente titular: “CONTINUIDAD. LA MERITOCRACIA SEGUIRÁ SIENDO EL EJE EN EL MAGISTERIO Los maestros solo tendrán aumentos según sus méritos” y en su página dos en la sección Tema del día se abre con este título: “UNA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN PERUANA La ministra Salas anuncia el relanzamiento de la Ley de Carrera Pública Magisterial” (El Comercio. 15.06.12). ¿No era acaso lo más importante el segundo titular? La noticia da cuenta de la conferencia de prensa de la Ministra, donde hace importantes anuncios.

Debe reconocerse que no existe en este gobierno una metodología de comunicación confiable que brinde claridad en lo que se viene haciendo desde el Estado en educación y en otros sectores. Se llegan a límites en los cuales se requiere tomar la iniciativa y no dejar que se desborde las desmedidas ansias de figuración de los que hoy no están en las marchas ni en la protesta, pero de manera cómoda las alientan con medias verdades.

La conferencia de prensa que dio la Ministra Salas indica que las premoniciones lastimeras no tienen asidero. No se trata de responder a la coyuntura, se trata de construir una alternativa en donde se converja mediante el consenso y no se incentive lo que durante décadas se ha acostumbrado: rechazar por rechazar, antes que estudiar, comprender, preguntar, pero teniendo un horizonte claro: lo que demanda la calidad educativa de nuestra educación nacional y lo que deben ser nuestros maestros en este nuevo sistema. No se trata de dar leyes, correctivos, sino crear un sistema coherente.

La ministra de Educación, anunció una serie de medidas en favor de los maestros a través de la ejecución de una nueva política de desarrollo educativo y docente en el país. Esto último significará el relanzamiento de la Ley de Carrera Pública Magisterial, mejorar la oferta de formación para todos los docentes del país, la innovación pedagógica y la revaloración de la profesión docente, no solo a través de las condiciones laborales, sino también profesionales, de modo tal que se garantice una mejor enseñanza en las aulas.

Esta nueva Ley de Carrera Pública Magisterial se dará a conocer al país en dos semanas a más tardar, pues se están ultimando detalles como, por ejemplo, que en adelante se contemplen más de cinco escalas de ascenso magisterial para estimular el desempeño de los docentes hasta el final de su vida laboral. Se ha previsto ampliar las funciones de los maestros de tal manera que no solo cumplan tareas docentes, sino que puedan realizar labores de investigación, capacitación y supervisión en su desempeño magisterial. Todo ello significará un ordenamiento salarial, pues la antigua Ley del Profesorado contempla hasta 117 conceptos remunerativos para un maestro. Se verían favorecidos de manera especial aquellos docentes que trabajan en zonas de frontera, en las zonas rurales, y en escuelas bilingües interculturales.

A este anuncio oficial que deberá llamar a establecer un consenso, también convendría prestarse atención a dos alcances que se han realizado estos días: una propuesta del profesor Sigfredo Chiroque cuando se pregunta ¿Requerimos de una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial o más bien de una nueva Ley de Desarrollo de los y las Docentes con calidad y pertinencia? Y el proyecto de Ley del Profesorado del SUTEP, entregada el día del paro al Congreso de la República.

Esperemos que ambas contribuyan a enriquecer la propuesta oficial y se llegue a un consenso en lo que es la política de desarrollo docente y en lo que significa la educación que queremos para un país diverso e intercultural en tránsito a una sociedad inclusiva y a un proceso de desarrollo con equidad.

No se trata de hacer cambios ni denunciar que se dejó de hacer lo que tantos denunciaron que se hizo mal, se trata de levantar la mirada y desapegarse de ambiciones subalternas.

Debemos saber dar paso a una nueva generación de profesionales que está dirigiendo la educación nacional con compromiso, con entrega y convicción. Seamos guardianes de lo bueno y valioso que tiene nuestra educación sobre todo respetando a la persona no de palabra y en las ceremonias, sino en la vida cotidiana de la escuela.

Finalmente, una reflexión última: para que las esperanzas no se marchiten debemos ser conscientes de que todo será posible si políticamente nuestras autoridades toman decisiones transformadoras del statu quo. El viceministro de Interculturalidad en un evento jurídico-empresarial organizado por la Facultad de Derecho y el estudio de abogados Rubio-Leguía-Normand, realizado a inicios de junio, expresó algo que bien se puede aplicar al sector educación: “Lo que hay que reconocer es que durante los casi dos siglos de existencia del país, el Estado no se ha construido sobre la base de nuestra diversidad cultural, sino más bien, en algunos casos, la ha ignorado. Parece un Estado construido para un país plano o monocultural. Es un cambio que se tiene que hacer, y no es sencillo. Se trata de una verdadera reforma del Estado, y ése es un asunto que tendría que empezar por partes”. (Revista idéele http://www.revistaideele.com/ideele/content/aqu%C3%AD-no-pasa-nada).

Los reflectores están puestos en el sector educación. Esperemos que esta oportunidad que se presenta sea aprovechada por el gobierno, los docentes y la comunidad. Juguémosle limpio al Perú. (16.06.12)

¿Existe una política editorial sobre textos escolares? Entre denuncias y “la casa siempre gana”

Es importante escribir sobre el tema y no sólo porque se volvió la “denuncia” de la semana en el país, sino porque desnuda una vez más la orfandad con que se navega en política educativa y evidencia que es el mercado que sin ambages incursiona ya en las políticas sociales.

El libre mercado –oferta y demanda- está haciendo furor tanto en el discurso político, como en la vida diaria nacional. El caso de la denuncias sobre los precios de los textos escolares y el “tráfico” de “comisiones” entre la oferta, no de precios entre editoriales por la calidad del producto, sino de soles contantes y sonantes que van a enriquecer las ganancias de quien tiene la potestad de hacer “el negocio”.

No es un tema y problema de hoy. Todo lo contrario. Es un añejo tema al que el Estado nunca supo responder de manera clara, directa, precisa. Quienes tienen la responsabilidad de decidir, de vigilar, de advertir son demasiado “sensibles” a las influencias, lobbies le llaman hoy, de quienes poseen la empresa y editorial para producir los textos escolares.

El tema de la producción de textos escolares no es simple. Es bastante complejo. Lo que se aprecia y denuncia hoy es el tramado de una serie de mecanismos que se ponen en ejecución, no en los meses de matrícula e inicio del año escolar, sino todo lo contrario. El proceso productivo de un texto se planifica con mucha antelación, así como el establecimiento de los márgenes de inversión y ganancias. Aproximadamente con un año de antelación se planifica y se estructuran presupuestos donde se consideran no sólo insumos y mano de obra calificada, sino la inversión en promoción, publicidad y ofertas para posicionar el producto en el mercado.

Es indudable que a nivel empresarial se deben tomar todas las medidas para que en la inversión que se realice no se atente contra la seguridad económica de la empresa, pero también es necesario que se tenga en cuenta la función social del servicio de la producción de los textos escolares. No es un producto cualquiera. Requiere un trato especial pues está dirigido a quienes obligatoriamente deben hacer la inversión: los padres de familia.

¿A quién le compete la responsabilidad de la vigilancia sobre la edición y costos de los textos? Al Estado y dentro de él al Ministerio de Educación que es el responsable de diseñar y ejecutar la política educativa que no se inicia ni agota en la dotación de infraestructura, de plazas docentes, de contrato de maestros, sino también debe dar lineamientos para el diseño e impresión de textos escolares. Sin duda existe una política pues el Ministerio de Educación elabora e imprime sus propios textos para los alumnos de las instituciones públicas oficiales. Esta política debería ser general y regir tanto para textos que se utilizan en la escuela pública como en la privada. El acceso al conocimiento y aprendizaje no debe responder a estos criterios diferenciados, aunque los enfoques de algunas instituciones educativas nos muestren lo contrario. No es posible que nos enteremos de estas situaciones sólo cuando existen denuncias sobre licitaciones y nada más. Pero ¿qué sucede con los alumnos de las instituciones educativas privadas? ¿Qué política se tiene para que las empresas dedicadas a la impresión y dotación de los textos escolares para alumnos de esas instituciones no lucren con los precios?

La orfandad de recursos legales ante el “descubrimiento” de ciertas prácticas que atentan contra la economía familiar desde el sector educación son evidentes y alarmantes. ¿Cómo es posible que sosteniendo un discurso de calidad de la educación, se olviden de la equidad? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta los otros niños que no asisten a la escuela pública y los gastos que debe afrontar el padre de familia? Reglas del mercado, o como dice algún funcionario quien quiere celeste, que le cueste”. Un Estado que se olvida que los principales actores de este proceso son las personas es un Estado excluyente.

No uno sino muchos vicios se dan en la producción de textos escolares. Es difícil determinar desde cuándo se incuba esta corrupción (¿qué otro nombre debe llevar esta manera de ofertar textos ofreciendo ganancias por lo bajo?).

Poco a poco la industria editorial del libro de texto escolar fue apareciendo en el horizonte educativo, cuando las enciclopedias escolares dieron paso a otros textos especializados. Conforme se incrementaba la matrícula aumentaba la demanda de textos y se empezó a apreciar que un “filón” de la economía de las industrias gráficas estaría en la inversión en edición de los textos escolares. Aparecieron las compañías con soporte empresarial que imprimían los textos escolares. El siguiente paso, habiendo estudiado el mercado, estas empresas formaron equipos de trabajo especializados –por lo general de educadores destacados- para que elaborasen los textos escolares, de acuerdo a las pautas del currículo y las determinadas normas del Ministerio de Educación.

Una antigua publicación del INIDE (Instituto Nacional de Investigación Educativa) del año 1975 titulada Manual de Procedimientos. Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo, nos indica que hubo preocupación del Ministerio de Educación sobre el tema de la elaboración de textos. El propósito de esta Resolución Directoral Superior era racionalizar los procedimientos en el Ministerio de Educación. El Manual consta de dos capítulos, en el primero se describe el título del procedimiento, el objetivo, base legal, requisitos, órgano responsable y el trámite del procedimiento. En el segundo está referido a la conformación de las Comisiones Ad hoc, los requisitos mínimos para la evaluación de textos y la guía y tabla de evaluación de textos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. INIDE. MANUAL DE, PROCEDIMIENTO Aprobación de Textos, Manuales, Guías Metodológicas y Cuadernos de Trabajo. Lima, 1975), Si bien no existe una referencia al costo del texto, el Ministerio tuvo la preocupación de establecer Indicadores para la evaluación por áreas del contenido. Sería conveniente hacer el seguimiento de los procedimientos de entonces. ¿Existen hoy documentos parecidos? Lo ignoramos. Pero a decir del Ministro “… se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares… Se va a trabajar un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta, que son para el uso de las escuelas privadas- más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige.” (LA REPÚBLICA. 09.03.11). Consideramos que esto no basta, pues no se aborda el tema del costo de producción del texto escolar que en este caso es el centro del problema. ¿Por qué se encarece tanto el libro para las instituciones particulares?

El vice ministro de Gestión Pedagógica en contraposición declaró a una radio “Cada libro (elaborado por el Ministerio de Educación) cuesta entre 6 y 8 soles” yo diría que son mejores (que los libros de los colegios particulares)” (RPP.09.03.11). Si esto es así no se justifica que los textos elaborados por las editoriales cuesten tanto.

Parece que el ministro no conoce sobre el tema y sobre el problema. Una cosa es dirigir una universidad particular y otra la educación nacional.

Volviendo a lo narrado, el desarrollo de la industria editorial para textos se volvió importante, interesante económicamente, a partir de los años 90. El desarrollo posterior es conocido al punto que dejamos de llevar nuestros textos a imprimir a Colombia –por calidad y precios- . El adelanto de la tecnología permitió trabajar una nueva propuesta para la edición de textos escolares. Impresión de calidad, uso del color, diagramación, desarrollo del contenido de las materias, utilización de dibujos, gráficos, fotografías tratando de elaborar un producto más atractivo (competitivo en la jerga de hoy), para “conquistar” el mercado, merced a la oferta.

En paralelo se fue trabajando la línea de distribución de acuerdo a los cánones del mercado. Se empezó así en “promocionar” los textos entre los docentes de primaria y secundaria, luego capacitación especializada desarrollada por especialistas financiados por la editorial que promovía el evento, reparto gratuito de textos, etc. Indudablemente esta inversión que se hacía debería recuperarse mediante el compromiso tácito de los docentes de recomendar la compra del libro de tal editorial a sus alumnos. Quedaba asegurada la venta del material y el retorno de la inversión con “alguito” de ganancia. Las modalidades fueron cambiando y perfeccionando según las recomendaciones del mercado.

De entonces a hoy se fueron perfeccionando las relaciones productor-consumidor; empresa – promotor. Esto lo saben los docentes, las autoridades que hoy se sorprenden ante la denuncia de un programa de TV. Esta práctica no es de ahora pues. Lo preocupante es que sabiéndolo se hicieron de la “vista gorda”. Hasta hoy salvo el documento recordado, no se hizo nada al respecto. Se ha buscado un “biombo” amparo recurriendo a la ley de defensa del consumidor; la ley de protección a la economía familiar y a la promesa de crear una comisión para castigar a responsables. También advertir –amenazar a las escuelas que serán multadas hasta por un millón de soles si se les comprueban faltas. ¿Sirve esto de algo si no existe un real compromiso político de defensa del consumidor? Tenemos el caso de una infracción de la empresa de helados Donofrio que después de dos años de ser denunciada por estafa a los consumidores al promocionar productos que no correspondían a la promoción, recién se le impone la multa. ¿Cómo confiar entonces en estas instituciones?

Decir que cuatro editoriales (San Marcos, Corefo, Santillana y Hilder) entregaban el 30% de comisión a las autoridades de los centros educativos por cada libro vendido, según el informe periodístico, no es descubrir la pólvora. Si se sabe ¿qué se hace? También que la negociación se iniciaba cuando las editoriales brindaban al colegio cierta cantidad de textos con un precio determinado, para luego ser ofertados a los estudiantes a un costo mucho mayor, y sorprenderse. ¿No se sabía de esto?

Las firmas enunciadas no son desconocidas. Basta ir al portal de internet para poder contar con la información que se requiera y la forma como promocionan la formación en valores. ¿Qué valores? ¿Del consumismo? ¿De la explotación? Hacer cálculos y malabares explicativos y rasgarse las vestiduras por este mayúsculo escándalo y llamarlo “indignante negocio” de algunas editoriales, al menos suena hoy como un sarcasmo contra la protección del derecho a la educación que todos tenemos. Y más cuando se calculan las multas “por violar la Ley de Protección a la Economía Familiar y el Código de Protección y Defensa del Consumidor que prohíben direccionar (sic) la compra de libros y demás artículos escolares hacia un determinado proveedor o editorial.(La República 08.03.11) ¿No se sabe acaso que desde que termina el año anterior las instituciones educativas envían cartas-comunicados a los padres de familia sobre los costos del años venidero tanto en pensiones como en textos, uniformes regulares y deportivos y otros materiales? ¿Para qué están las UGEL? ¿Qué supervisan?

Se recurre hoy a la asociación de colegios privados para “analizar en profundidad este tema tan cuestionado”. (La República 08.03.11). También ha declarado el Presidente de la Cámara Peruana del Libro deplorando estas “malas prácticas de las editoriales y directores que confabulan en contra de los derechos de los padres. Ha convocado a una reunión entre los miembros de su institución para firmar un pacto ético en el cual todos los participantes se comprometan a desaparecer estas malas prácticas. De no ser acatado este pacto por las editoriales, serán separadas de la Cámara.

Además el vice ministro de Gestión institucional, expresó que “Los directores de colegios privados deben explicar qué han hecho con el dinero. ¿Han invertido en mejorar la infraestructura de sus centros educativos? (La República 08.03.11). El ex presidente de la Asociación Peruana de consumidores (ASPEC) y candidato al congreso, presentó una denuncia ante INDECOPI en contra de las cuestionadas empresas. “El objetivo es que estas editoriales devuelvan el dinero” también expresó que es lamentable que estas editoriales lucren con los textos escolares, aún cuando el Estado les concede exoneraciones de impuestos (La República 08.03.11). Una congresista pedirá a las comisiones de Fiscalización y Educación del Congreso una investigación referente a los altos costos en los precios de libros escolares que realizan las empresas editoras en complicidad con los directores de algunos centros educativos. ((La República 08.03.11).

La falta de idoneidad con que es gestionado el Ministerio de Educación una vez más salta a relucir. No se trata de ser un empresario exitoso en el rubro de la educación superior privada (el ministro es el propietario de la Universidad Particular San Martín de Porres), para ser garantía en la conducción de la educación nacional. Puede estar rodeado de los mejores funcionarios del sector, pero es él que responde políticamente por lo que se haga, deje de hacer o las desidias que se cometan atentando contra la economía familiar.

El Presidente de la República, tan interesado en los temas educativos cuando se trata de figurar, ha pedido a INDECOPI actuar en relación con la denuncia de negociados entre algunas editoriales y colegios privados, para vender libros escolares a mayor precio a los padres de familia. También expresó que si bien ese tema forma parte del mundo privado, también la Dirección de Educación Privada (sic) del Ministerio de Educación debe encargarse del asunto, porque hay muchos colegios que abusan y padres que se dejan abusar en vez de denunciar. (EL PERUANO. 09.03.11) El Ministro de Educación calificando a esta práctica de las editoriales como “nefasta” ha expresado que se exigirá a las editoriales publicar precios oficiales de los libros vendidos (La República, 09.03.11). Además anunció que se implementará un sistema de acreditación para medir la calidad de los textos escolares, que a raíz de esta comercialización ha sido perjudicada. “Se va a trabajar en un modelo de acreditación de la calidad de los textos escolares, que no significa el veto a ningún texto sino verificación de que los libros que están a la venta –que son para uso de las escuelas privadas– más allá de los beneficios económicos que signifiquen, cumplen con su rol educativo que el diseño curricular exige” resaltó. De acuerdo a estas medidas, a partir de la fecha el Ministerio de Educación solicitará a todas la editoriales publicar desde el primero de enero de cada año, los precios oficiales de sus libros. “De tal manera que todos los padres de familia tengan conocimiento oportuno de este precio y por lo cual no puedan pagar ni un sol más”, agregó. Nuevamente señalamos que es importante saber el costo de producción del texto y no “disfrazarlo” con el llamado “precio oficial”.

De un lado hay que decir al señor Presidente que no se trata de un problema que sólo atañe a la Dirección de Educación Privada –esta no existe- por lo tanto es un problema de política educativa que no debe hacer distingos entre público – privado. La equidad en educación es importante para que todos los niños y jóvenes peruanos reciban la educación de calidad que tanto se pregona. De otro lado, no se trata de “control” de precios de los libros solamente, sino de todo lo que concierne al material didáctico que adquieren los padres de familia por demanda de las instituciones educativas. La fijación de un precio justo debe darse desde el establecimiento de los costos de producción, más si existe una desgravación del IGV. ¿Qué diferencia los libros para la educación oficial y de la educación privada? ¿En dónde se incrementa el precio? El celo que se quiere poner ahora debe ser para todos sin distingos de ninguna naturaleza.

El sistema económico en el que nos encontramos que se rige por la oferta y la demanda, no debe ser motivo para atropellar derechos y menos para aprovecharse de un segmento de la sociedad que tienen por obligación de proporcionarle instrumentos de aprendizaje a sus hijos. Pero este celo debe ir más allá pues el modelo económico se presta para otras maneras de explotar a quienes necesitan del recurso educación para superarse. Como lo expresa un diario: “Ello no debe limitarse a los abusos y negociado con libros, sino también a los cursos, pasantías y hasta viajes para algunos docentes o directivos, financiados por algunas editoriales, como compensación por elegir sus textos para los alumnos” (EL COMERCIO, 09.03.11).

El día 10 de marzo, los diarios quieren amainar la preocupación y el rechazo por este “asalto” a la economía de las familias con el pretexto de la adquisición de textos escolares. Así tenemos los titulares “Solo comprarán a editoriales que firmen el Pacto Ético” El próximo año el Estado comprará textos por 130 millones de soles. Descartan exigencia de compra de libros en colegios públicos. (EL PERUANO. 10.03.11); Indecopi. Toma medida contra editoriales investigadas. Presenta lista de precios. Entidad atendió más de 600 llamadas de padres de familia (EL PERUANO. 10.03.11); contra precios onerosos. A implementar el código. (EL PERUANO. 10.03.11); Proponen Observatorio de Precios para textos escolares (LA REPÚBLICA,10.03.11) Editoriales devolverán dinero excedente por compra de libros (diario16. 10.03.11); Textos escolares: publican lista de precios (PERU 21,10.03.11); Apafa cree que negociado continuará (diario16.10.03.11). ¿No sabrán acaso que todo esto es “letra muerta”. Muchas editoriales han anunciado que firmarán el pacto ético, sin duda es una buena intención, sin embargo sería bueno conocer el pacto que firmarán, para que no se les olvide ciertos principios que deben normar las relaciones interpersonales e interinstitucionales de un Estado que es democrático y que tiene por sobre todo la defensa de los derechos que nos asisten a todos los peruanos.

En medio de la batahola de denuncias y de propósito de enmienda, no existe una sola mención de parte de las empresas editoriales ni de las instituciones educativas de aceptación de la falta cometida de manera explícita. Por ello llama la atención que sólo la APAFA exprese su preocupación expresando que las cosas continuarán: “El presidente de la Confederación de Apafas del Perú, Miguel Chipanba Sotomayor, manifestó ayer que el “negociado de las editoriales nunca va a parar debido a que ministros, viceministros y hasta funcionarios del Ministerio de Educación, así como todas las autoridades y maestros de las UGELs y colegios, están comprometidos con las editoriales. “Estas empresas siempre auspician todos sus eventos y hasta les pagan no solo por dictar conferencias en Lima y provincias, sino también por imprimir los textos escolares del gobierno”, alertó. (diario16.10.03.11). Sin duda una advertencia a tener en cuenta.

De otro lado no es bueno dejar de lado las preocupaciones de los padres de familia que expresan sus comentarios a las noticias, pues estas opiniones expresan cómo perciben y cómo sienten este engaño y la poca confianza que tienen en las decisiones del Estado y las palabras de los funcionarios. Ojalá que las investigaciones vayan a y al fondo de los problemas evidenciados y que de una vez por todas no “soplen la pluma” a otros que si bien tienen que ver con el tema, no tienen la responsabilidad y decisión política que se requiere. No basta proclamar cotidianamente desde el Presidente a sus funcionarios de confianza la calidad de la educación que no se reduce sólo a lo que se viene haciendo con la Carrera Pública Magisterial, pero ignorando los términos del Acuerdo Nacional, del Proyecto Educativo Nacional. La frivolidad y la egolatría no deben impregnar la política educativa como hoy. Es necesario que en estos pocos meses que quedan de gobierno, si no se puede remontar las desidias, sepan reconocer con una autocrítica lo que se dejó de hacer por falta de una voluntad política coherente, ajena a la palabrería hueca, que “encantará culebras” pero que no aporta nada a la construcción de país y menos a una educación que merece una calidad sin eufemismos.

Existen muchas cosas que revisar en el sector educación que no sólo de textos se trata. También de licitaciones, el retraso de la entrega de obras, licitaciones que se hacen al amparo de normas específicas y otras tantas formas de “sacarle la vuelta” al Estado para el enriquecimiento de unos pocos y el perjuicio de muchos. El libre mercado no puede ser el pretexto para renunciar deberes y derechos del ciudadano peruano. No puede ser disculpa que las conclusiones de las investigaciones sea “que la casa siempre gana” porque esas son las reglas del libre mercado. (12.03.11)

EDUCACIÓN: entre el triunfalismo y la mediocridad

No es el afán de oponerse, ni de criticar el que motiva esta y otras reflexiones, sino el interés por construir una sociedad justa, equitativa, solidaria, veraz, en donde transparencia y verdad sean los ejes de nuestro transcurrir en esta patria que nos cuesta tanto construir. Por ello ser complacientes es dañino para la democracia, para el ejercicio de ciudadanía, para respetar los derechos humanos. Debemos acostumbrarnos a ser directos en el diálogo, tolerantes en las discusiones y sencillos en socializar los logros.

Todo esto debido a que en estos últimos días pareciera que los resultados de PISA han levantado muchas inquietudes, unos porque no han remontado el puntaje anterior, otros porque levantaron un poco.

La sensibilidad a flor de piel y la reacción inmediata para mostrar un resultado que bien ha podido ser mejor -si se hubiesen tenido en cuenta las recomendaciones que se hicieron en épocas pasadas- pero no hubo voluntad política o mejor mucha mezquindad para acoger lo que otros versados en el tema hicieron.

No repetiré las reflexiones de profesionales nacionales que han analizado los resultados y que nos indican que no todo es color de rosas. El problema es que durante mucho tiempo estuvimos fuera de la tabla que hoy cualquier puntaje pequeño aparece como gran logro. Antes estuvimos debajo de Haití, pero hoy estamos debajo de Panamá.

Es un mal que tenemos desde siempre acuñado y que nutre la mediocridad de política educativa que tenemos. Todo es superficial, todo es coyuntural, respuesta a inquietudes de gobiernos pasajeros que no trascienden, sino todo lo contrario. Viejas prácticas que nutrieron una fatalidad de no hacer lo que requería el país, sino lo que le convenía al mandatario de turno y sus funcionarios de confianza, ante lo que repetían “chí seño”.

Las declaraciones de satisfacción y triunfalismo en una realidad que nos dice lo contrario a las declaraciones oficiales, causa desazón. Sin duda es un reflejo del esfuerzo que hicieron los docentes en el aula y de los alumnos y padres que pusieron empeño. Recordemos la reacción del 2001 causante de críticas y desaliento y cómo para distraer a la opinión se “levantaron” los logros en cobertura. Otros tiempos, que nos hablan de una generación de alumnos que se iniciaron entonces enmarcados en un programa llamado Emergencia Educativa, que fue una iniciativa parlamentaria, pero que el Ministerio la encausó para la mejora de los aprendizajes en comunicación, en matemáticas y en ciencias. ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué no se difunde y socializa para apreciar si esas medidas fueron certeras? ¿No será que lo que hoy se cosecha fue sembrado entonces?

Volviendo al tema del regocijo ministerial quienes han tenido la oportunidad de consultar la Tabla de Desempeño en comprensión lectora, el desempeño es magro. Hemos quedado en el puesto 62 de 65. En el año 2001, quedamos en el puesto 43, es decir últimos a nivel mundial. En esta oportunidad estamos debajo de Panamá último país latinoamericano que participó en la prueba.

En el nivel de desempeño en general estamos por debajo de Brasil (el 2001: 396/ el 2009: 412), Argentina (a quien ha preocupado su retroceso en términos absolutos en 2001: 418; en 2009: 398), Uruguay (2001, no se presentó; el 2009: 426), México (2001: 422 / 2009: 425) y Chile (2001: 410 / 2009: 449) quien ocupa el primer puesto en la región.

A veces se aprovecha de que la comunidad está poco informada y se elaboran noticias, notas y videos donde se muestra satisfacción por resultados mediocres. No es recurriendo a falsas verdades que se construyen mejoras en la realidad. Decir por ejemplo que los logros obtenidos se deben a la capacitación docente, la evaluación censal, es una manera seguir con un discurso demagógico que antes se denunciaba, sin embargo se sigue utilizando.
Consideramos importante lo que desde Puno, se expresa “El Gobierno peruano y el Ministro de Educación deben reconocer con humildad que las políticas educativas que vienen implementando no tienen coherencia, ni sentido en una compleja realidad multicultural y en relaciones de conflicto como la nuestra. Los problemas de comprensión lectora, matemática y ciencias seguirán agudizándose si no se toman en serio los problemas de la educación peruana y regional y se siga pretendiendo aplicar autoritariamente programas sin una reflexión sólida sobre una línea de base real del país.” (LOS ANDES. Puno, 14.12.10)
La situación no es para regocijarse y menos para ser triunfalistas. El Resumen de Datos de la Clasificación Mundial de la Educación en lectura, matemáticas y ciencias se expresa por medio de colores (Verde, encima de la media; Azul, medio; Rojo: por debajo del promedio). La situación real es que al Perú le corresponde el rojo, además de estar en el puesto 63 de 65 participantes. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué tratar de armar un artificio que nos hace ver que “no estamos en el último lugar sino en “el puesto anterior al antepenúltimo”, como ha expresado ya no el Ministro sino su viceministro de gestión pedagógica y decir además que “el país ha mejorado notablemente en comparación con similar evaluación realizada el año 2000” (La República, 17.12.10) ¿Es mérito de esta gestión ministerial acaso?
Otra verdad a medias es decir que en comprensión lectora hemos mejorado en términos absolutos y que hemos incrementado el porcentaje y que estamos mejor que Argentina, aunque se reconoce que la labor es insuficiente. Menos mal que se hace esta advertencia, pero el mensaje central que recogen los medios y se difunde es que estamos bien… y la verdad es otra.
Tampoco se dice que la prueba PISA es para jóvenes de 15 años y que lo logrado no puede ser producto de las medidas -¡qué medidas!- que se han tomado. Decir que este resultado PISA coincide con el estudio regional SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 2008) porque en Matemáticas hubo un avance tildado de significativo, no debe ser consuelo, pues lo real es que el Perú posee una media significativamente inferior, es decir, no es el último, pero está en el grupo de los que están a la cola en Latinoamérica. Lo real es que nuestro país no ha superado en PISA a ninguno de los países que ya nos llevaron la delantera el 2001. Triste realidad donde las primeras autoridades de educación se “regodean” de resultados que por el contrario deben preocuparles pues las medidas que han tomado no han sido las adecuadas, que hicieron oídos sordos a las sugerencias, al llamado de atención de instituciones y de profesionales que investigan sobre la política educativa.

Vivimos en una burbuja exitista de la que gozan sólo los que están alrededor del poder. La noticia de la graduación de la primera promoción del Colegio Mayor hizo al Presidente de la República decir frases no para la historia sino para la histeria: “…el Perú tiene derecho, por destino, a cumplir nuevamente ese rol de civilización piloto de Sudamérica que tuvo hace cientos de años…” y continúa: “ello será posible con la educación de excelencia que vienen recibiendo los alumnos del Colegio Mayor”. (ANDINA.17.12.10).

¿Cuál es el mensaje que ha querido dar el Presidente? ¿Acaso no se sabe que el Colegio Mayor ha sido una iniciativa voluntarista del Presidente que es casi imposible de replicar por la inequidad existente? ¿Por qué no aspirar que todos los estudiantes de secundaria del país puedan recibir educación de excelencia? ¿Qué significado ha tenido decir “…primera promoción de escolares, que ha recibido una educación más exigente y de calidad respecto a otros colegios del país…? ANDINA.17.12.10). ¿Y el derecho a la educación que tiene el resto de estudiantes del país? ¿Por qué enfatizar en carencias que excluyen?

Sin duda las reflexiones adecuadas para una ceremonia de clausura escolar, están lejanas de lo que los funcionarios del sector desarrollan siguiendo la política educativa también promovida por este gobierno.

De un lado se quiere llamar la atención por los aparentes logros en la prueba PISA y existe autocomplacencia rayana en cuasi delirio, no informando claramente de lo que realmente se ha logrado y su contexto. De otro están las palabras del presidente en la ceremonia de clausura de la primera promoción del Colegio Mayor. Dos realidades diferentes en un mismo sector, en un mismo sistema educativo. ¿Por qué esta apreciación y solución divergente?

Estamos cerrando un año y también dentro de poco una gestión de gobierno que trataba de hacernos creer que manteniendo un mismo ministro de educación y funcionarios durante el quinquenio se iba a lograr una educación de calidad, diferente, equitativa, inclusiva. Todo ha sido diferente. No se hizo lo que se debió y ahora nos quieren mostrar logros que no son el resultado de la política aplicada.

Para concluir quiero citar las Conclusiones que contiene el Informe de Progreso Educativo PERU 2010, realizado por PREAL y GRADE, que dicen más que las exultantes opiniones y palabras que hemos escuchado y leído por estos días.”* No cabe duda que el Estado peruano sigue cumpliendo positivamente con las metas de ampliación de cobertura. Sin embargo, también es cierto que no ha acompañado con recursos suficientes dicho crecimiento. Esto es riesgoso en la calidad educativa en el caso de la expansión de educación inicial, la cual se ha dado casi sin cambiar los montos por alumno asignados a ese nivel. * Son necesarios más análisis de los cambios producidos en el rendimiento educativo entre los años 2008-2009, de manera tal de asegurarse que efectivamente tengan que ver con un mejoramiento de las políticas de calidad .Por ejemplo, ¿leves mejorías en resultados podrían haber sido originadas por la mayor alineación de la capacitación con los temas curriculares que se evalúan en la prueba, o hay otros factores? * No se ha hecho lo suficiente en términos de enfrentar las desigualdades asociadas a diferencias étnicas y orígenes socioeconómicos. Como se dijo en el informe de progreso educativo anterior, se deben desarrollar estrategias para orientar el gasto educativo con una perspectiva de equidad. Es preciso adaptar la oferta educativa a las características geográficas y culturales de las poblaciones rurales, y sería importante considerar la definición de zonas de intervención integral para aquellas regiones con mayores demandas educativas, que son, precisamente, las de mayor pobreza. Trabajar más seriamente las políticas de educación intercultural bilingüe es, por otra parte, una obligación en el escenario de desigualdad educativa en el que estamos. *Incrementar el gasto en educación a niveles al menos parecidos al monto asignado por alumno en países similares de la región sigue siendo una tarea pendiente, sobre todo en un contexto de ampliación de cobertura. En paralelo, se deben seguir definiendo prioridades en su ejecución y desarrollando mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos y su relación con las políticas de mejoramiento de la calidad. Esto último puede ser estimulado fuertemente desde los programas que buscan orientar presupuesto a resultados. * Las reformas de la formación docente, estándares y descentralización deben acompañarse de una política de formación de capacidades, de manera tal de promover la seriedad y calidad técnica de los diferentes procesos involucrados en esas iniciativas. * El Ministerio debería aprovechar el escenario de mayores recursos y resultados prometedores para ejercitar un mayor liderazgo y enfrentar con mayor legitimidad y consenso las políticas educativas que hacen falta. Parte de ese liderazgo se debe traducir en mejorar la comunicación del sector con la comunidad educativa.”

Hubiese sido importante e interesante que el análisis de PISA partiera de una autocrítica; que las palabras del Presidente ante los primeros graduados del Colegio Mayor sean en torno a una reflexión sobre el compromiso con el país y las regiones de procedencia de los alumnos, antes que decirles que dicho Colegio Mayor “sintetiza y expresa la reforma educativa en marcha en el país, que crea las condiciones para que la educación genere jóvenes triunfadores”; que la intervención del ministro y funcionarios del Ministerio de Educación se refiera a las conclusiones anteriormente puntualizadas. Pero ha sido, como siempre, todo lo contrario. ¿Qué

Colegio de Profesores del Perú ¿Quo vadis?

Un Colegio Profesional es una agrupación de personas con la misma profesión. La presente reflexión se escribe a partir de la sensación que queda al espectar que una institución que ha sido creada para defender y apoyar los intereses de los colegiados en la perspectiva de prestar un servicio a la sociedad, aún no logra consolidar su propia identidad y se debate entre usos y costumbres ajenas a su razón de ser.

Es preocupante y lamentable que pasado el tiempo la ansiada institución de muchos docentes aún siga en los estertores del inicio. Es preocupante que en lo que va del tiempo de creación hasta la actualidad siga habiendo puntos débiles que no hacen posible su consolidación. Lamentable, pues no se llega a dimensionar su valor y su crecimiento está contaminado por usos y prácticas en donde la ética es ignorada. Sin duda habrá muchas justificaciones, pero ello no amerita que se siga anteponiendo la lucha por el poder sin tener en cuenta los beneficios que se dejan de lado para la profesión docente que hoy, sin dejar de valorar a su sindicato reclaman una orden profesional que tenga idoneidad y probanza ética y moral.

El Colegio de Profesores del Perú ha debido constituirse en una institución de nivel académico y de ponderación en lo relacionado al ejercicio de la profesión. Consideramos que esta institución que debería ser la representativa de los docentes tiene una debilidad fruto de haber nacido y crecido a la sombra del Ministerio de Educación, utilizando muchas razones y sinrazones para no dejarlo constituirse como una institución autónoma. ¿Por qué seguir tutelando a los docentes como si fueran unos adolescentes? ¿Por qué seguir generado dependencia que se sabe estará teñida de la política partidaria del gobierno de turno?

La realidad y los hechos pasado el tiempo nos indican que esa dependencia ha sido nociva, como lo es toda dependencia y tutela del Estado en instituciones que pertenecen a una corporación. Si bien la ley ordenaba al Ministerio una función promotora en las primeras actividades, estas debieron estar dirigidas a construir la autonomía requerida para conseguir los objetivos y desarrollar su propia vida institucional, interpretando las normas legales vigentes.

Los avatares por los que viene pasando el Colegio de Profesores del Perú, consideramos que son fruto de nuestro ejercicio democrático de elegir a quienes deberán ser sus autoridades y cómo organizarse a nivel nacional. Sin duda un esfuerzo enorme que no se llega a valorar por estar cegados en enredos domésticos que partiendo de posiciones políticas encontradas, ha teñido la vida institucional. ¿Quién sale perdiendo en todo esto? El magisterio nacional.

Van quedando postergadas la concreción de un perfil institucional auténtico, más allá de la pertenencia política de sus representantes. El Colegio de Profesores es el encargado de guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes actividades concernientes al fortalecimiento de la profesión docente. Compete a la orden ser consultada y escuchada sobre cuestiones relativas al ejercicio de la profesión.

El Colegio de Profesores tiene su vida institucional regulada por legislación pertinente: una Ley, un Reglamento, unos Estatutos. Todo ello le brinda un conjunto de atribuciones que sólo puede desarrollar en exclusiva un profesional que esté respaldado por un título académico otorgado por las instituciones superiores reconocidas por el Estado institutos superiores de formación docente, o por una facultad de educación de una universidad nacional o particular del país o, de ser el caso, revalidado de acuerdo a ley, si el título ha sido otorgado en el extranjero. (Ley Nº 25231, Ley de Creación del Colegio de Profesores del Perú (modificado por Ley Nº 28198 art. 1 y 2).

Con relación a ello para contar con un juicio crítico es necesario preguntarse por el respeto y cumplimiento de los fines del Colegio de Profesores del Perú: a) Velar por el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión; b) Contribuir al desarrollo de la educación como ciencia y como proceso, en la forja de una cultura nacional, cooperando con el Ministerio de Educación, con los demás poderes del Estado y con las instituciones pedagógico-educativas, sociales, técnicas y de investigación; c) Mantener coordinación con entidades del país y del extranjero vinculadas a la educación; d) Promover y organizar certámenes nacionales e internacionales que tiendan al perfeccionamiento y actualización profesional y a la investigación y fomento educativo-cultural; así como gestionar el acceso a becas de la especialidad; e) Absolver consultas sobre asuntos educacionales, culturales y de ética profesional que le fuesen requeridas; f) Otros que establezca su Estatuto. . (Ley Nº 25231, Ley de Creación del Colegio de Profesores del Perú (modificado por Ley Nº 28198. Art. 4º) Sin duda muchos docentes tienen la respuesta y la valoración correspondiente.

De igual manera convendría hacer el mismo ejercicio con relación a lo que dice el Estatuto: que el Colegio de Profesores es autónomo y democrático; brinda a sus miembros servicios profesionales, culturales, sociales y de defensa, en cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de la profesión así como de las demás normas legales pertinentes. (Estatuto Art. 2). En el aspecto legal como lo establece el Estatuto en su articulado pertinente está señalada la ruta que debe seguir la institución. Asimismo se señala Deberes y Derechos (Estatuto Cap. IV Art. 8 y 9). Igualmente los alcances de la colegiación ((Estatuto Cap. V Art. 10 al 15). ¿Cuánto de ello está consolidado? ¿Cuánto de ello falta aún? ¿Por qué?

Con relación a lo que se denomina Normas Éticas y Deontológicas del Colegio de Profesores que inspiran y guían la conducta de los colegiados y guardan correspondencia con los deberes y derechos precisados en el Estatuto de la orden que dice: a) La convicción de que el profesor está al servicio del estudiante y la sociedad. b) La prioridad absoluta del precepto constitucional de pleno respeto a los derechos humanos. c) La necesaria contribución del profesor al fortalecimiento del clima institucional, prodigándose en el desarrollo de sus capacidades, valores y actitudes personales y profesionales mediante la práctica efectiva de las relaciones interpersonales y democráticas dentro y fuera de su centro laboral. d) El desarrollo constante de una relación respetuosa, cordial y proactiva entre los colegiados, y con los diversos sujetos y agentes del proceso educativo, de modo que la conducta profesional contribuya a elevar el nivel de responsabilidad y calidad de la función docente. e) La seguridad de que el profesor colegiado que ocupe un cargo directivo en el Colegio de Profesores del Perú o de confianza en la Administración Pública ejercerá sus funciones con el más alto grado de responsabilidad y eficiencia, contribuyendo con carácter sostenido a la consolidación del prestigio institucional.” (Estatuto CAPÍTULO VI NORMAS ETICAS Y DEONTOLÓGICAS Art. 16). ¿Cuánto se ha avanzado en este campo?
No es el caso revisar todo el Estatuto para advertir que estamos en otro tipo de organización donde más allá de las opciones políticas de la dirigencia debe velarse por el desarrollo de la profesión docente en la perspectiva de elevar la calidad del desempeño y ejercicio de la profesión y hacer realidad lo enunciado anteriormente

Por eso llama la atención el desarrollo de la vida institucional bastante farragosa que en lugar de consolidar el Colegio de Profesores lo ha venido debilitando. Las rencillas primeras se han vuelto perjudiciales para la vida institucional. Poco podemos hablar del aporte al desarrollo docente. Últimamente las noticias pre y post electorales acompañadas de comunicados post elecciones, las denuncias y demás actos desdicen de la sensatez de una orden recientemente creada.

Muchos opinan que se trata de la crisis institucional, que trata de encontrar su identidad y forjar de una cultura de lo que significa la colegiatura y hacer realidad lo estatuido en los escritos legales que validan su vida orgánica.

¿No estamos preparados para dirigir nuestra orden? ¿Qué nos falta? ¿Dónde están nuestras carencias? ¿Por qué somos incapaces de crear, desarrollar y consolidar nuestra institución? El espectáculo que se da a la comunidad no hace sino refrendar lo que el Ministerio de Educación viene pregonando con relación al sindicato de educadores. Sin duda esta institución está en su derecho de plantear una lucha reivindicativa por los derechos de los educadores. ¿Y el Colegio de Profesores? ¿Por qué no dejar de lado posiciones antagónicas en la búsqueda de un fin superior? ¿Por qué nos cuesta reconocer la victoria del contrincante? ¿Cómo hablar de reconocimiento y respeto al otro? ¿Por qué darle cabida a la mezquindad antes que al reconocimiento y valoración del otro? ¿Por qué ser cautivos de lo que la cultura popular dice, que los peruanos somos como los cangrejos, que nunca colaboran con los compañeros sino todo lo contrario, ponen trabas entre ellos mismos?

El ejercicio de una ciudadanía en democracia se desarrolla en un conjunto de derechos civiles, a los que se suman los derechos políticos y los derechos sociales. La orden parte de un reconocimiento de los derechos del otro y su respeto. Cuando ello no se antepone a intereses individuales, tenemos la crisis antes de empezar el ejercicio institucional. Todo en el marco de los derechos esenciales para la libertad individual, como la libertad de expresión, de pensamiento e inclusive libertad religiosa, y el derecho a la justicia. En el campo de los derechos, los políticos como derechos colectivos vinculados a la ciudadanía civil, permiten promover el derecho a participar en el ejercicio del poder político que se traduce en postular, votar, ser representado o participar directamente del sistema de gobierno. Finalmente los derechos sociales definidos dentro de un rango que incluye desde el derecho al bienestar y la seguridad económica, hasta el derecho a compartir dentro de la comunidad la herencia social.

¿Cuánto hemos avanzado en la consolidación del Colegio de Profesores? ¿Por qué se sigue con costumbres de tipo político de conquistar el poder y mantenerlo de manera perdurable sin que tengan opción quienes piensan diferente? La formación política de la ciudadanía de la cual es reflejo el Colegio, consideramos no logra liberarse de formas de hacer política en donde el reconocimiento y respeto al otro, se adereza con intolerancia y tensiones que mediatizan la construcción y fortalecimiento institucional.

El Colegio de Profesores del Perú requiere otra forma de hacer política con enfoque democrático que permita a la profesión docente recuperar posiciones y prestancia en la sociedad. Es bueno tener en cuenta lo que nos dice García Canclini “Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos – a donde pertenezco y que derechos me da, como puedo informarme, quien representa mis intereses- se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos» (García Canclini, N. Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización 1995).

Estamos a tiempo para trascender sucesos que generan un espectáculo reñido con el quehacer profesional del docente y que devalúan la profesión ante la comunidad. Eso es pensar de manera diferente sin renunciar a principios que nos forjan como ciudadanos. (11.12.10)

Directiva para el año escolar 2011: No por mucho madrugar…

Antes de empezar el último mes del año, el 27 de noviembre se firmó la Resolución Ministerial Nº 0348-2010-ED aprobando la Directiva para el desarrollo del año escolar en las instituciones de Educación Básica y Técnico Productiva. Sin duda habría que felicitar el adelanto de la norma para que tanto directores como docentes no sean sorprendidos con medidas cuando se ha iniciado el período de vacaciones anuales.

El objetivo de la directiva es “Normar las acciones de gestión pedagógica, institucional y administrativa para el desarrollo del año escolar 2011 en las diferentes modalidades de la Educación Básica, y de la Educación Técnica Productiva…”

La manera como está estructurada, en comparación a la del año 2009, aparentaría un mejor ordenamiento, pero la realidad es otra. La confusión de niveles, de categorización, en lugar de ser clara, precisa, es caótica. ¿Sinónimo de cómo es el Ministerio de Educación? Por ahí van las comparaciones. Con ello no se logrará recuperar el liderazgo que tanto se demanda para conducir la educación del país. No se toma en cuenta la última conclusión del Informe de progreso Educativo PERU 2010 (PREAL-GRADE), al que se refirió eufórico el Ministro de Educación. Dicho Informe dice: “El Ministerio deberá aprovechar el escenario de mayores recursos y resultados prometedores para ejercitar y enfrentar con mayor legitimidad y consenso las políticas educativas que hacen falta. Parte de este liderazgo se debe traducir en mejorar la comunicación del sector con la comunidad educativa.” (El subrayado es nuestro).

Tampoco es claro ¿cuál es lo central y sustantivo de la directiva escolar para el año 2011? Y eso ocurre a todo nivel: desde el diseño de políticas educativas hasta las directivas más domésticas. No se percibe un ánimo de renovación y mejora en la gestión, menos en la conducción, supervisión y monitoreo de actividades.

Otro tema que llama la atención es involucrar a las Municipalidades en esta directiva. Nos parece una insensatez cuando en el Informe de progreso educativo Perú 2010 se dice “A pesar de haberse culminado las transferencias de las competencias a las regiones, no se ha hecho lo mismo con el presupuesto y existen muchas dudas sobre el proceso de municipalización. En general, se necesita trabajar en desarrollar un modelo claro de descentralización en el sector educación, en cuanto a cuáles funciones corresponden a cuales actores. En ese escenario, son pocos los cambios en términos del mayor protagonismo de la escuela.” (pág. 8).

El punto 8 de la directiva: Municipalización de la Gestión Educativa incorpora de manera forzada la Municipalidad en la responsabilidad educativa. Y se le reconoce que “debe coordinar con las respectivas DREy/o UGEL según corresponda, los aspectos relacionados a la Educación.” (Directiva, pág. 10-11). Se expresa que “La Municipalización de la Gestión Educativa se viene desarrollando en el marco del proceso de descentralización. Y como no podría faltar el funcionario que incumpla las normas y directivas incurren en las faltas pertinentes, citándose la legislación correspondiente. Leyes, Decretos Supremos, legislativos, Decreto de urgencia, Resolución Ministerial, Resolución Vice Ministerial, Resolución Directoral conforman la jungla legal (el marco legal de la directiva escolar hace referencia a 69 normas de diverso nivel) que funcionarios y docentes deben conocer y aplicar. ¿Es justo?

El documento referido Informe del Progreso advierte en el punto 10, El proceso de descentralización y autonomía escolar avanza lentamente. Lo califican de Malo. El inicio del punto empieza expresando “El proceso de descentralización aún es un laberinto”. Se dice además que “El protagonismo de las escuelas es aún limitado.” ¿Servirá de algo esta intención expresada en la directiva, sabiendo realmente cuál es la situación del proceso de descentralización en el sector. A pesar de las intenciones políticas, la realidad nos indica otra cosa? ¿Por qué insistir sin escuchar? ¿Forzar la expansión de la municipalización con el Programa Juntos?

En el punto 11 de la directiva Participación de los padres de familia, se dice que es necesario “Asegurar la efectiva participación de los padres, se justifica ello con el contenido del art.54 de la Ley General de Educación que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad responsable en primer lugar de la educación integral de los niños”. ¿Por qué se omite la referencia al art. 69 que trata sobre el Órgano de participación y vigilancia? ¿Los padres de familia no son acaso miembros de la Comunidad Educativa? ¿Acaso no está estipulado en el Reglamento de la Ley arts. 41; 43? Los mecanismos de participación son diversos y vigentes, pero debe señalarse la ruta y no sólo nombrarlos.

Nos preguntamos si Las normas de carácter transversal son necesarias cuando ya están expresadas en la política nacional y la Ley General de Educación y Reglamentos. Si comparamos con la directiva 2010 en el mismo Capítulo V, veremos que el contenido es el mismo. Hubo alguna evaluación de lo realizado de manera de insistir sobre los puntos débiles cualitativos antes que reducirlos a una normatividad dirigista en donde cualquier responsable puede “lavarse las manos” para justificar omisiones, para dejar en evidencia que la autoridad no es la que incumple sino los de los niveles inferiores. ¿No se sabe acaso de la crisis de la educación intercultural bilingüe y la falta de voluntad política para abordarla? El tema de la educación inclusiva, no puede reducirrse a un mandato, lo que es una filosofía, una pedagogía. El contenido no dice nada nuevo. La tutoría y orientación educativa sin duda importante en el proceso educativo, pero falta afinar mejor sus objetivos que deben ser enfocados desde la perspectiva intercultural. Es fácil subirse a “olas” o “modas” y a partir de ello hacer campañas. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el “bullying”. ¿Acaso no sabemos del maltrato que sufren los alumnos dentro de la institución educativa por parte de sus propios compañeros? ¿Qué se hace para que los profesores puedan prepararse mejor, actualizarse? La educación ambiental ¿no es un eje que se desarrolla en el currículo? En Promoción de la cultura y deporte ¿cómo hacer para que se realicen teniendo en cuenta el desarrollo de actividades comprendidas en el tiempo y los horarios establecidos en la IE? ¿Cómo se concilian la cultura y deporte en el ámbito escolar? Sin duda sería necesario precisar los campos y el enfoque para no trabajar con conceptos reducidos. La investigación y supervisión educativa, sin duda un tema importante para reducirlo a una norma transversal. Es un tema recurrente en la formación profesional del docente y su actualización permanente. ¿Y el tiempo y los recursos? La intención es buena, pero los aportes ¿son socializados? ¿son tenidos en cuenta para el desarrollo de la política educativa? Las misiones de supervisión educativa ¿en qué consisten? ¿qué evaluación se tiene de las mismas? ¿han servido para algo? Sin duda no es el espacio para la supervisión, pues su función es otra y no va tan ligada a la de investigación. Sobre el tema Tecnologías educativas para mejorar los aprendizajes en el aula ¿qué avances se han logrado? Mucho de lo asignado en el documento está por alcanzar y se hubiera avanzado más si se hubiese respetado lo que se adelantó en el quinquenio pasado.

El punto VII Moralización y Transparencia, toca puntos referidos a ética, acciones de hostigamiento, maltrato y violación sexual, medidas contra la corrupción se reduce a referencias por ejemplo al Código de ética que se refiere a su vez a la Ley, Código y Reglamentos en lugar de hacer referencia a lo que señaló el Informe Defensorial Nº 147 Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción y precisar mejor qué política seguir. De igual forma se hace con el tema Acciones en casos de hostigamiento, maltrato y violación sexual hacer referencia al contenido de Leyes, Resoluciones Ministeriales, sabemos que no conducen a nada. Basta ver las denuncias realizadas por los padres de familia en estos días sobre los temas antedichos y cómo éstos siguen produciéndose a pesar de las advertencias. Está demostrado que no bastan las referencias legales, es necesario saber cómo actuar en los casos, recibir asesoría profesional, pero ¿quién asume los costos de asesoría y capacitación a los docentes y directivos?

En el mismo punto lo referido a Medidas contra la corrupción se advierte la prohibición y las infracciones “que establecen la ley y el Reglamento citados.” Además se señala a los responsables que deberán “implementar… acciones de prevención, detección, sanción y erradicación de los actos de inmoralidad y de corrupción.” Así se diluye un acto de lucha contra la corrupción que se ha vuelto pernicioso. No es con la represión casi policíaca que se obtendrá un cambio en hábitos, costumbres y conceptos en la comunidad. ¿Cuesta mucho elaborar una directiva especializada con enfoque pedagógico para que el docente y los directivos sepan cómo actuar? De repente no es lo recomendable, pero es necesario empezar por algo y no acostumbrarse a repetir conceptos que se saben no llevará a ningún resultado.

Es bueno recordar que el Informe Defensorial Nº 147 en sus Conclusiones expresa: A. La corrupción como afectación a los derechos humanos; B. La afectación del contenido esencial del derecho a la educación por actos de corrupción; C. Las campañas “Educación sin Corrupción” 2006 y 2007 como estrategia para la defensa del derecho a la educación cuando es afectado por actos de corrupción; D. Políticas y organización institucional en materia anticorrupción en el Sector Educación. Además hace recomendaciones al ministerio de educación, al consejo de ministro, al Congreso de la República; al ministerio de educación, a las DRE y a las UGEL; al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. ¿Por qué no se hace referencia a este documento. ¿Cómo alcanzar la meta si se desconoce estudios y se enfrentan una realidad compleja los docentes?

En el punto Redición de cuentas, transparencia y vigilancia de la gestión, nuevamente se hace referencia a la normatividad legal. Pero ¿qué es una rendición de cuentas en el sector? ¿qué y cómo es una gestión transparente? ¿qué significa una vigilancia de la gestión? ¿Por qué sólo las IE públicas deben informar periódicamente tanto a la comunidad educativa y al CONEI? ¿Qué sucede con el Ministerio de Educación y sus Direcciones Nacionales? ¿Acaso no están involucradas también y de diferente forma al año escolar?

Sin duda los otros temas merecen un análisis que no es el propósito del artículo, pero están redactados en el mismo sentido y espíritu. Nada nuevo bajo el sol, recordar la rutina de siempre.

Hubiera sido importante que la directiva escolar 2011, estuviera precedida de una introducción marco que expresara la política educativa a enfatizar, así como se hace con el rosario de sustento legal in extenso y al cual ningún docente puede tener acceso directo por lo laborioso y especializado que es.

La carencia de una introducción marco no permitiría los “bandazos” en los que se debate nuestra educación a vista y paciencia de autoridades que hablan mucho sobre calidad de la educación, de los progresos sin duda, pero incapaces de reconocer autocríticamente que hubiera sido mejor si hubiesen dejado de lado la arrogancia y dedicarse con sentido profesional a atender los requerimientos de la educación nacional.

Otro enfoque, otra manera más creativa debería intentarse en el diseño y elaboración de la directiva escolar a futuro. Demasiado acartonada, legalista, rigorista, punitiva, antes que motivadora, suscitadora de la creatividad, de la innovación. ¿Cómo se desarrollará la institución educativa autónoma si la mantenemos uncida a la voz de la autoridad, que es como la voz del amo?

Existen normas permanentes y normas coyunturales, ¿por qué no separarlas y hacer un texto más claro? Las normas permanentes no requieren hacer un recordaris in extenso, todo lo contrario, un docente debe conocerlas, pero no por la repetición sino por el ejercicio y cumplimiento de las mismas. Sin querer –queriendo- de esta manera se cultiva la dependencia, se refuerza la centralización y después muy orondas las autoridades hablan de descentralización. ¿Después hablamos de calidad de la educación? (04.12.10)

Democracia peruana, cuán débil estás.

Esta nota se escribe luego de escuchar palabras airadas y admonitoras de uno de los funcionarios de más alto rango del país como es el Primer Ministro y Ministro de Educación, saliendo de un informe y sustentación de su presupuesto al Congreso de la República y enterado que la señora Susana Villarán de Fuerza Social fue reconocida como virtual Alcaldesa de Lima Metropolitana. Sin duda anecdótica la noticia, pero es premonitoria de lo que se piensa y siente desde el gobierno, cuando uno tiene un punto de vista diferente, cuando existe una manera distinta de pensar y de optar.

Es la llamada democracia que se dice vivir y que es buena para algunos y lejana para los que osen pensar distinto. El hecho narrado y las líneas que siguen, quieren demostrar hasta dónde existe una soberbia de gobierno, aupada en indicadores macro económicos que siguen profundizando la brecha entre los que tienen todo y los que carecen de lo mínimo para subsistir. El lema “El Perú avanza” encierra mucho de verdad, pero también maquiavelismo.

Las crónicas de los diarios publicadas el día miércoles 27 han morigerado el temperamento de las expresiones vertidas por el Primer Ministro y Ministro de Educación, pero quedan videos de los noticieros que transmitieron en directo sus declaraciones, que cual exabrupto de un “rabioso derechista”, denota cual es el impacto producido por esta victoria de Fuerza Social. No le bastó salir a dar su apoyo a la candidata de la derecha, previamente a las elecciones, amedrentando a la población por una posible victoria de la señora Villarán pues iba aliada de unas facciones “violentistas” del profesorado.

En el reporte televisivo se muestra un Primer Ministro confundido y casi irascible respondiendo a la noticia de la coyuntura y no como lo que él encarna: ser Primer Ministro en un gobierno que se dice democrático. Todo lo contrario, actuó con usos y costumbres de la vieja guardia y de una rancia derecha que creíamos superada en el país.

Lamentablemente se ha confundido el fondo y la forma –que no es la primera vez- en el proceder de este ministro de Estado. En los años que viene ejerciendo como Ministro de Educación pocas han sido las veces que haya tenido un desempeño democrático en sus relaciones con los docentes y sus continuos avatares suscitados por diversas decisiones tomadas de manera inconsulta y las recurrentes denuncias relacionadas con las pruebas de evaluación, a la incorporación de los docentes a la Carrera Pública Magisterial. La más de las veces se le ha visto ausente de los hechos y ha delegado el liderazgo a sus viceministros. Una prueba fresca de su intolerancia por quienes piensan diferente es el Decreto Supremo Nº022-2010 (22.10.10) por el que se incorpora a 606 municipalidades distritales del ámbito del programa JUNTOS al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa. Este DS ha producido dos pronunciamientos: uno, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y otro, por Foro Educativo. Las razones en que sustentan los pronunciamientos son contundentes. Ante ello hasta la fecha el silencio ha sido la respuesta.

Las declaraciones vertidas tienen un sabor a bravata de perdedor, pero con poder, cuando anuncia, advierte y amenaza. No otro significado pueden tener las siguientes palabras: “En materia de educación hemos avanzado y no porque lo diga el gobierno sino organismos internacionales que han evaluado políticas educativas, me preocupa sinceramente que este avance que hemos tenido pueda detenerse o retroceder”; “Yo aspiro sinceramente y de la mejor buena voluntad que la señora Villarán reflexione, porque este es un tema fundamental para el crecimiento del país en los próximos años, si estamos dando muestras que con nuestras políticas se está avanzando la educación tenemos que ser sostenidos”; (ANDINA 26.10.10).

¿Cuándo se dijo que iba a revertir lo actuado en educación? ¿No comprendió el Ministro que en esta nueva gestión municipal Lima tendría bajo su responsabilidad la educación y salud? ¿Que una de las maneras de asumir esta responsabilidad educativa significa iniciar por el diseño de un Proyecto Educativo Regional (PER) y otras medidas relacionadas con la buena educación, el fortalecimiento de las instituciones educativas?

Enredarse en sutilezas burdas y confundir a la opinión pública dice mucho del poco conocimiento de lo que significa la educación nacional. Las declaraciones demostraron un estado de ánimo de quien las hizo y el temor se demuestre que lo realizado, se puede hacer de manera diferente y no impositiva.

También el ministro sostuvo que “aspira a que Villarán se separe de las dirigencias radicales que siempre obstaculizaron las reformas.” (EL PERUANO 27.10.10). ¿Un gobierno regional como será el de Lima, puede obstaculizar los avances que se dice se han logrado en educación? ¿No se puede distinguir lo que son las responsabilidades nacionales y atribuciones regionales? Una declaración reciente del Viceministro de Gestión Pedagógica (El Peruano, 29.10.10) explicó que el Ministerio define y dirige la política educativa nacional. Sin duda un esclarecimiento tardío, cuando el agravio ya se hizo. ¿Y el respeto por el otro?

Volviendo a la declaración del ministro, advirtió (¿amenazó?) “..que si en algún momento llega a percibir que existe algún tipo de peligro que pueda entorpecer la continuidad de las reformas aplicadas por su sector, presentará al Parlamento las iniciativas legislativas necesarias que garanticen la irreversibilidad del proceso.” (Ibídem). Finalizó expresando que “En educación hemos avanzado y no porque lo diga el Gobierno, sino porque los organismos internacionales lo reconocen.” ¿Qué organismos internacionales? ¿Cuándo? ¿Pueden mostrar el documento que se le conoce sólo por reseña periodística? ¿No conocen las duras críticas que ha realizado Christoph Derndorfer co – fundador del programa “Una Laptop por Niño” (Periodismoenlínea 29.10.10)? ¿Qué responden?

Una crónica que es el reflejo de la calidad de autoridades que tiene el sector. Investidas en altos cargos y respaldadas por un gobernante que viene contando las horas de descuento y que es víctima de sus propias palabras.

Cabe preguntar al Primer Ministro y Ministro de Educación ¿Por qué no utilizó la misma energía cuando el alcalde saliente no le puso empeño (mejor no quiso) abordar el desarrollo educativo como le competía al Municipio de Lima Metropolitana? ¿Dónde estuvo entonces el Ministro de Educación? Sólo el y su conciencia tienen la respuesta. Lo real y concreto es que Lima Metropolitana ha perdido casi cinco años y no tiene aún su Proyecto Educativo Regional, no se le transfirieron los recursos. Menos hubo preocupación por que esto fuera realidad. ¿Por qué el silencio?

Consideramos por estos hechos que el Primer Ministro y Ministro de Educación no puede recomendar a la nueva alcaldesa “…reflexione, porque este es un tema fundamental para el crecimiento del país en los próximos años, si estamos dando muestras que con nuestras políticas se está avanzando la educación tenemos que ser sostenidos” (ANDINA, 26.10.10), como lo consignamos líneas arriba.

¿Por qué no ha reflexionado sobre cuánto daño ha hecho a los maestros peruanos confundiendo las luchas por sus derechos con la lucha del partido del gobierno con el Partido Patria Roja? La lucha ha sido inmisericorde desde el inicio del gobierno ¿por qué? Convendría que el Ministro leyera (por si no lo ha hecho) el informe publicado en la Revista Poder 360 el informe titulado “La caja roja” (Lima, 18.10.10). Sin duda tendrá unas pistas para mejorar la estrategia del trato a los maestros y no escudarse tras los anatemas que se le ponen al SUTEP por tener en su dirigencia quienes militan en Patria Roja.

Triste espectáculo de un Primer Ministro y Ministro de Educación, dando muestras de intolerancia frente a una opción que ha triunfado y que en ningún momento ha dicho que iba a revertir las medidas tomadas sobre educación.

Ese manejo autoritario, vertical, de no dialogar con la dirigencia de los maestros para encontrar puntos de coincidencia y comprometerse en un proyecto de mejora de la educación del país, ha hecho como en otras épocas que el maestro se sienta poco identificado con las tareas diseñadas.

Una democracia como se dice que es la nuestra, demanda conocimiento, práctica y respeto por los derechos de la persona. Democracia tiene un significado que nuestros políticos no quieren comprender en su magnitud, sino de acuerdo a sus conveniencias e intereses. Los ciudadanos del país y los que escogimos la profesión docente, no somos simples espectadores de situaciones y aceptamos todo de manera obsecuente. Los profesores de hoy somos gente mucho más analítica, más convencida y preparada para saber qué rumbo se quiere que tome la educación nacional. Pero ¿cómo hacer para que la democracia viva? ¿Cómo hacerla crecer? ¿Cómo vencer las resistencias del autoritarismo? ¿Cómo aceptar la razón del adversario?

Lamentablemente la respuesta a estas preguntas es una asignatura pendiente que ni siquiera figura en el plan del gobierno ni en la generalidad de los usos y costumbres nacionales. Por ello esas actitudes omnímodas de quien tiene el poder. Las autoridades educativas –y más cuando se detenta el cargo de Primer Ministro- deben comprender que vivimos tiempos de acontecimientos inéditos que nos vemos obligados como docentes a reconsiderar nuestras actitudes personales. Debemos de tener claro que se requiere un cambio democrático para analizar acontecimientos, hechos, situaciones y responder adecuadamente y no a supuestos.

Por ello llama la atención que se hable de democracia desde el poder y no desde el pueblo que tiene igual o superiores derechos. El respeto por el otro incluye que se le escuche y no salir con exabruptos rayanos en la soberbia y el autoritarismo del que se enviste quienes no tienen la razón o se arropan en el poder.

Una cosa es aspirar a la democracia y otra, muy distinta, practicarla y de eso dan testimonios cada día los gobernantes y funcionarios. La democracia no se aprende en los consejos de ministros, sino en la práctica diaria de la vida misma en comunidad. Ser demócrata no es una actitud ante la vida, es un derecho por el cual muchos docentes dieron su vida.

¿Cómo pedirles a los directores y maestros que sean democráticos en la institución educativa, si quienes deben servir de paradigmas hacen lo contrario? Debe tenerse en cuenta que “Una de las funciones de la Escuela, entre otras, educar para la democracia, y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad.”(Marcia Prieto: Educación para la democracia en las escuelas: un desafío pendiente Valparaíso- Chile). ¿Es mucho solicitar?

Actitudes como la reseñada no se logran cambiar por más que en el Currículo se hable de la palabra democracia (27 veces aparece la palabra). Es el ejemplo que educa ¿Y qué ejemplo reciben nuestros alumnos de las primeras autoridades de educación?

Nuestra democracia es precaria y está muy débil. No ha surgido aún la nueva generación de líderes que sin renunciar a sus ideologías puedan tener un actuar y talante democrático.

Se ha desperdiciado una oportunidad para una lección cívica de tolerancia. (30.10.10)

Jornada Escolar Completa II

En una entrega anterior, decíamos que el Ministerio de Educación iniciaba el 23 de agosto la JEC en dos Colegios Emblemáticos. No se sabe aún nada de la puesta en funcionamiento de la JEC, ni en el Portal del Ministerio ni en los medios de comunicación.

Quisiéramos dejar sentado cómo esta propuesta hace tabula rasa de lo que considera la Ley de Educación al no respetar las instancias para la intervención en el proceso educativo. En la RM Nº 0224-2010-ED y RVM Nº0050-2010-ED se le encarga a las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) 2 y 3 implementar el “Plan Piloto de Jornada Escolar Completa en las instituciones Educativas Públicas” (JEC).

¿Por qué iniciar un “Plan Piloto de la JEC al empezar el segundo semestre? Considero que se han tensionado muchos artículos de la Ley General de Educación como aquel que se refiere a la equidad (Art.17 “Equidad en la educación. Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación,.. y Art.18º Medidas de equidad… b) Elaboran y ejecutan proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole; c) Priorizar la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión lo cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos tecnológicos) y aquellos relacionados con la comunidad educativa – consejo educativo institucional (Art.52); el que trata sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) Art.52, 53,54,55,56) las responsabilidades de la Institución Educativa (Art.66, 67,68); las referidas a las UGEL (Art.73, 74) y las Direcciones Regionales de Educación (DRE) (Art. 76-77). ¿Y dónde quedó el Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo? El Artículo 2. Características de la gestión dice en el ítem c. “Es participativa y creativa, porque la sociedad interviene en forma organizada, democrática e innovadora, en la planificación, organización, seguimiento y evaluación de la gestión en cada una de las instancias de gestión descentralizada del sistema educativo, por intermedio de su respectivo Consejo Educativo Institucional (CONEI), el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE), Consejo Participativo regional de Educación (COPARE) y otras organizaciones de la comunidad educativa”.

Nos dice el Viceministro de gestión pedagógica en un evento reciente “…generar en las instituciones educativas un ambiente confiable, con principio de autoridad e innovador, donde se respeten las normas, se trate bien al alumnado y existan buenas relaciones humanas que contribuyan a una formación de calidad a sus estudiantes.” (EL PERUANO, 30.08.10). ¿Esta declaración no va a contrapelo de lo que se ha hecho con el lanzamiento del Plan Piloto? ¿Por qué demandar respeto de normas, cuando éstas son violadas sin ningún reparo por quien detenta el poder? ¿Qué exigencia de observancia se puede demandar de instancias inferiores si desde las instancias mayores se infringen las reglas?

En el Informe periodístico Nº25 del IIPE-Buenos Aires (Septiembre, 2004) que trata sobre “La Extensión de la Jornada Escolar” se expresa que “El aumento efectivo de las horas de clase es una herramienta fundamental para fortalecer los aprendizajes de los alumnos en el aula”. Informa también que en Chile “…hace siete años comenzó en forma progresiva la extensión de la jornada escolar (con clases en la mañana y la tarde)…” Este hecho quiere evidenciar algo importante que el Presidente de la República y el Ministro de Educación que la educación es un proceso planificado, que no se puede decidir al tun- tun, por corazonadas, o por deseos o improntus en los discursos políticos.

En el Plan Educativo Nacional (PEN) se dice “ampliación de la jornada escolar en marzo”; en el Objetivo Estratégico 2, Resultado 2, 8.3, se habla de Jornada Escolar Completa de manera diferente a como lo está haciendo el Ministerio de Educación. Se dice “Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje.” “Esta política busca aumentar el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje en las instituciones públicas de educación básica, comenzando por las de zonas rurales, hasta lograr el promedio nacional de horas que el Estado debe garantizar a los estudiantes.” Para ello se sugieren las “PRINCIPALES MEDIDAS a. Extensión progresiva experimental de la jornada escolar, que permita a los alumnos aprender más y mejor y a los docentes hacer clases, investigar, planificar, evaluar o generar innovaciones dentro de su jornada laboral, empezando en zonas rurales y localidades urbanas menores donde se concentran los peores niveles de logros, pero donde a la vez haya infraestructura disponible. b. Aplicación del incremento de horas a la atención preferente de alumnos con bajo rendimiento o problemas de aprendizaje. c. Rediseño de los modelos de enseñanza de las instituciones educativas con una combinación de estrategias y momentos de instrucción en el aula y en la comunidad. Se considera como tiempo efectivo tanto el invertido en el aprendizaje en la institución educativa como el dedicado a aprender en diferentes espacios comunales (desarrollo de talleres vespertinos de arte o productivos, actividades deportivas) como parte del programa curricular oficial y con metas de aprendizaje sujetas a evaluación.” (PEN, Noviembre 2006).

¿Por qué tanto apresuramiento en diseñar y aplicar la JEC a estas alturas? ¿Acaso no se tenía ya prevista esta medida en el PEN? Es una muestra más de cómo se ha obviado este documento que fue aprobado por este gobierno en donde estuvieron muchos funcionarios que hoy están en ejercicio. El guión está en blanco y negro, faltaba la voluntad política sin interferencias político partidarias oportunistas.

La JEC requiere a partir de lo recomendado por el PEN una real y transparente política educativa para no caer en contradicciones. Se recomienda empezar en las “…zonas rurales y localidades urbanas menores…” Nada de lo recomendado por los expertos nacionales ha sido respetado ¿por qué? ¿con este tipo de medidas se quiere alcanzar la calidad de educación? ¿por qué sólo “recuperar progresivamente alrededor de 50 Instituciones Educativas Emblemáticas? ¿y el resto de las instituciones educativas del país para cuándo? ¿cuándo será la segunda etapa para los “colegios representativos de diferentes provincias de nuestro territorio nacional? ¿La calidad de educación es un recurso oratorio comodín que se utiliza para llenar un vacío en una política educativa coherente?

Se dice que se impulsa el Proyecto Piloto para “incrementar las horas pedagógicas de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de establecer una jornada completa donde se promueva la utilización adecuada y eficaz de los espacios pedagógicos y de materiales educativos” (JEC.Justificación). Si bien la Directiva para el presente año escolar se anuncia en Educación Secundaria Pública se incrementará a 07 horas pedagógicas diarias y de 35 horas semanales y 1400 anuales, con un mínimo de 1200, nos preguntamos ¿qué sucederá con Inicial y Primaria? ¿Qué se tiene planificado al respecto? ¿No será un presente griego para el próximo gobierno?

El apresuramiento en tomar medidas trascendentales en educación se paga tarde o temprano, pero el daño que se hace a los estudiantes es irreparable.

¿Por qué no estudiar las experiencias que se han dado en Argentina, Colombia, Chile, México y otros países?

Si aceptamos la JEC como un avance ¿qué tiempo se ha invertido en la planificación que ha realizado el Ministerio de Educación y ahora la Dirección Regional de Lima, y las UGEL correspondientes? ¿qué se hizo para respetar a los consejos educativos institucionales? Respetar los espacios generados por la descentralización, preparar con anticipación la aplicación de la política educativa con la preparación de materiales, de presupuesto, las actividades a desarrollar y la capacitación docente, requieren previsión, son indicadores de una política educativa planificada, programada.

No se trata de aumentar las horas de clase en una o dos, pues la concepción que subyace no es más tiempo escolar para una mejor calidad de la educación sino el aprovechamiento óptimo del tiempo escolar para una mejor calidad en la tarea pedagógica. En la paranoia por estar a la altura de los parámetros internacionales se plantea que la jornada escolar debe ser llevada a seis horas reloj diaria, pero a la vez contemplando la carga horaria que requiere el currículo nacional. La referencia tomada como total de horas anuales entre países varía de acuerdo a la extensión horaria de la jornada escolar, la cantidad de días de clase en la semana y la cantidad de días de clase por año.

Otro elemento a tener en cuenta son las denominadas horas didácticas (o pedagógicas) que varían de acuerdo a las instituciones educativas por distintas razones. Este elemento en el monitoreo y en la supervisión debe ser observado y analizado en los reportes, o se le pone poca atención.

Un tema importante que se le trata sólo a nivel de presupuesto es el referido al agotamiento de alumnos y docentes por falta de alimentación conveniente, como lo refieren la experiencia desarrollada en otros países. El hecho de prever un kit para que los estudiantes porten sus alimentos en buenas condiciones de higiene y salud, no hace referencia al contenido nutricional. El desgano, el cansancio, la falta de motivación en lo que plantea el JEC, no se le pone la atención debida. ¿No se conoce el grado de desnutrición de los alumnos? ¿No se conoce el semblante de los alumnos luego de horas de clase? ¿Quién garantiza que los estudiantes en lugar de llevar sus alimentos, los compren en el kiosko de la institución educativa?

No es el propósito de agotar el análisis de la JEC sino señalar algunas preocupaciones: la selección del personal a mitad del año escolar; el contratar personal, cuando la realidad nos dice que no se puede atender los compromisos anteriores. La Asistencia Técnica a cargo de la Dirección de Educación Secundaria en dos talleres de asesoría técnica, uno para especialistas de la DRE, en este caso para Lima Metropolitana; y otro para los docentes que tendrán a su cargo el desarrollo de los talleres, de las dos instituciones educativas emblemáticas seleccionadas, donde tendrán funciones de facilitadores especialistas de la DRELM y las UGEL correspondiente.

Sobre el tema de monitoreo y evaluación, se dice que el Monitoreo del plan piloto se hace “con el objetivo de verificar su implementación y desarrollo adecuado” cubrirá lo siguiente: procesos pedagógicos; uso de los materiales educativos; uso de los espacios educativos: cumplimiento de los horarios y la jornada completa; desempeño de los docentes, interés de los estudiantes y compromiso de los Padres de Familia. Se expresa que el monitoreo será inicial, de proceso y final. ¿Y la evaluación? Ni una palabra.

El sistema educativo requiere un replanteamiento y no sorprender con esta medida piloto que es importante, pero se reduce a dos instituciones emblemáticas de la capital del país. Es necesario que se haga una autocrítica de la forma cómo se deciden estos cambios, estas innovaciones políticas antes que pedagógicas teniendo en mente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes peruanos. Es necesario tener en cuenta el análisis de los protagonistas del proceso educativo.

No se trata de obrar con el “facilismo” propio de quien improvisa y que quiere impactar con medidas para las galerías y no para abordar el fondo de la problemática de la educación nacional. El quinquenio pasado y el actual ha sido frondoso en propuestas, recomendaciones, en trabajos serios, frente a lo cual el Ministerio ha dado la espalda y ha enfatizado en las horas de clase para primaria y secundaria, antes que en temas de contenido y desarrollo del currículo. No existe preocupación por los resultados, excepto para denigrar la profesión docente y tomar medidas sin ningún norte, pero bajo el manto de “calidad de la educación” según su saber y entender. Ya en febrero de 2008 Fernando Villarán (entonces miembro del Consejo Nacional de Educación) expresaba ante la pregunta ¿Y en todo este tiempo qué ha pasado? “Se ha optado por aplicar una serie de medidas aisladas como por ejemplo la entrega de laptops a estudiantes o la contratación de los cinco primeros alumnos de los colegios de secundaria. Claro, eran efectistas, me imagino tenían popularidad, pero no son parte de una estrategia global, que está allí en el proyecto. Este último tampoco le dice al ministro si tiene que dar los pasos uno, dos, tres, sino que le da orientaciones y criterios generales que tiene que aplicarlos de acuerdo con la realidad del país.” (EL COMERCIO,21.03.2008).

La JEC, sin duda una meta a alcanzar, es una pena que no haya tenido la fuerza que todo cambio en educación demanda. ¿Una frustración más? ¿Qué dicen los COPARE, los COPALE, los CONEI? ¿Se quedarán sólo en siglas sin reclamar el derecho y protagonismo que demanda la educación? ¿Cuándo se aprenderá a trabajar en política educativa en consenso amplio y no excluyendo, desde los involucrados realmente y no sólo porque la Ley, Reglamento, Directiva lo ordenan? (04.09.10)

Mas del Colegio Mayor y Bachillerato Internacional

COLEGIO MAYOR PRESIDENTE DEL PERÚ A UN PASO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
Programa desarrolla en los alumnos habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales necesarias para vivir y trabajar en un mundo cada vez más globalizado.

Los alumnos de cuarto y quinto año del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú serán incluidos en el programa de diploma del Bachillerato Internacional (IB), grado al que sólo han accedido algunos colegios particulares de nuestra patria, en mérito a la excelente enseñanza y preparación escolar.

Así lo aseguró hoy el presidente de la Comisión Especial de Gestión de dicha institución educativa, Óscar Becerra Tresierra, quien indicó que las gestiones para ingresar a dicho sistema, están por buen camino y bastante avanzadas.

“Han aceptado nuestra solicitud y ahora estamos en la etapa donde nos han asignado un veedor que ayudará a culminar la última etapa”, dijo el funcionario del Colegio Mayor, durante una ceremonia por conmemorarse el primer año de creación del referido centro de estudios.

Acompañado de Gloria McDowell, Jefa senior de servicios escolares del Bachillerato Internacional para las Américas, Becerra afirmó que dicho programa prepara a los alumnos para que aprendan a reconocer y comprender las necesidad que significa vivir en el mundo interconectado y globalizado del siglo XXI.

Al respecto, Gloria McDowell, dijo que ver a un gobierno tomar decisiones por una mejor en educación de alcance internacional para su juventud, le llena de mucha fe y esperanza.

“Los admiro por la decisión de priorizar el tema educativo y por la valentía de enfrentarse a los obstáculos que casi siempre se presentan para llegar al éxito en una gestión educativa de calidad”, dijo la funcionaria internacional.

En el Perú, los colegios que tienen el Bachillerato Internacional son: Newton, Markham, San Silvestre, Roosevelt, Hiram Bingham, Pestalozzi, Abraham Lincoln, Recoleta, Peruano Británico, Liceo Naval, Champagnat, San Ignacio de Recalde, Altair, Reina del Mundo, Euroamericano, Las Casuarinas, Magister, Max Uhle de Arequipa, Davy de Cajamarca y San Agustín de Chiclayo.

El Bachillerato Internacional es una fundación educativa sin ánimo de lucro que trabaja con más de 857 mil alumnos entre 3 y 19 años de edad de 3 mil 41 colegios en 139 países, desarrollando habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales necesarias para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez más globalizado.

Su currículo no se basa en el sistema educativo de un determinado país, sino que se integra a los mejores elementos de diversos sistemas. Los rigurosos métodos de evaluación del Programa del Diploma son reconocidos y valorados por las principales universidades del mundo, desde hace 35 años.

En los últimos diez años, el número de alumnos ha crecido a un ritmo entre un 10 y 20 por ciento anual, lo cual representa un nivel de crecimiento sostenido excepcional.
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
07 Set. 10

Mensaje Presidencial Entre “El Perú avanza” y “al fondo hay sitio”

El gobierno de Alan García Pérez con el discurso pronunciado ante el Congreso de la República inicia su cuenta regresiva para dejar el poder el próximo julio de 2011. Hemos elegido para el titular del artículo el lema que tiene el gobierno para promocionar lo que dice hacer cuando es todo lo contrario y lo debe hacer y bien. También el título de una serie de la televisión peruana que trata sobre dos familias social y económicamente opuestas. Una llega de provincia a vivir en una zona exclusiva de Lima. Conocerán a sus vecinos y junto a ellos empezarán una guerra ya que la mayoría de los integrantes de las familias se odian. Una realidad cuasi cotidiana en los barrios que no son “residenciales” en donde a pesar de la algarabía presidencial y cardenalicia (este señor se sumó al regocijo de que estamos en el mejor de los mundos…) las contradicciones y brechas de inequidad están a flor de piel.

Sin duda esta contradicción entre el “Perú avanza y “al fondo…” es lo que nos viene sucediendo. Con afán de modernidad y de desarrollo –no importa de donde venga y para qué- se reciben inversiones, otorgan licitaciones para la explotación de los recursos naturales, transgrediendo derechos mínimos de la población; el salario mínimo según la OIT en enero de 2010 estaba por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe. La información nos dice también “Desde enero del 2008, el Perú no ha reajustado el salario mínimo, y más bien se ha producido un deterioro en sus niveles reales, (PERU 21. 11.01.10). La Organización Internacional del Trabajo señala que el salario mínimo en el Perú es de US$ 114.5, mientras que el promedio en la región es de US$ 126.2. ¿Qué ocurrió desde entonces?

La “lluvia de millones” invertidos en 130 mil obras durante cuatro años y que fueron presentados en cuatro o cinco volúmenes y un CD, fue una de las formas apresuradas de “presentar” realizaciones, sin posibilidad de analizarlas o tenerlas como referente año a año y no un consolidado. Añoranzas de una manera de presentar lo realizado en la época del Presidente Belaunde (primer gobierno) cuando se presentaba lo realizado, los gastos y las proyecciones para cada región del país. Muchos de los estudiantes para profesores tuvimos oportunidad de consulta y crítica de estos informes pues eran repartidos a las bibliotecas o comercializados en librerías. Qué diferencia de concebir honestidad y transparencia, Quien desee consultar lo realizado por este gobierno podrá encontrar información en la dirección electrónica siguiente: http://www.130milobras.presidencia.gob.pe/

El eufórico discurso presidencial que ha querido insuflar autoestima en la población que sufre el día a día de las medidas y medias verdades del mandatario, en lo referido al sector educación, expresó con total desparpajo y verdades como puño, lo que se viene realizando y lo que proyecta. (A todo esto ¿estuvo el Ministro Chang en la presentación del mensaje en el Congreso? Su presencia o fue muy discreta o mejor invisible).

Nos dijo el Presidente que se ha cumplido con la evaluación y capacitación de los docentes y que un 80% de ellos participó en los exámenes. ¿Es cierta esta cifra? ¿Qué pasó con el resto?

De otro lado expresó que 133 mil profesores fueron enviados a las universidades para capacitarse a un costo de 266 millones de soles, monto al que calificó como una “excelente inversión”. Nuevamente ¿dónde corroborar estas cifras? ¿Qué ha ocurrido con el resto de docentes? ¿Qué ha sucedido con las observaciones que se tuvo sobre los programas de capacitación, el dictado de cursos, programas descentralizados, tecnologías educativas y capacidad de tutoría? ¿Por qué cuesta tanto escuchar a los docentes? ¿Por qué no cotejar opiniones? ¿Por no llamar a instituciones –que no son universidades ni institutos superiores- que puedan aportar con experiencias desde la realidad concreta de asesoría a los docentes?

También destacó la creación de la Nueva Carrera Pública Magisterial, a la que solo acceden los docentes que tienen una nota mayor a 14, (jamás se ha querido sustentar académicamente los fundamentos para que esta nota sea el “fiel” de la balanza para el parto de las aguas en lo que significa la calificación que un docente pueda acceder a una plaza en su profesión) pero sólo se publicita que han logrado duplicar su salario y ascender en el prestigio. Señala además que 27 mil docentes examinados ya han sido inscritos en la nueva CPM y otros 22 mil se encuentran en proceso de evaluación y otras 45 mil nuevas plazas se han convocado.

En una euforia que se nota cada vez que García Pérez habla de la educación, anunció que en julio del 2011 95 mil profesores habrán ingresado a la carrera pública magisterial por el mérito y el esfuerzo como tema central del empleo público. Añadiendo que el salario que paga el pueblo a sus servidores públicos y parlamentarios debe depender de la evaluación, capacitación y del rendimiento de cada uno. Esta es la reforma del Estado que debe extenderse a otras áreas profesionales y técnicas para que el estudio y la capacidad sea el criterio para que el Estado pague a sus profesionales, añadió el Presidente. García contra García: es decir de un lado minimiza al Proyecto Educativo Nacional y de otro recurre al estratagema de frasearlo –cuando conviene a su gobierno- queriendo impactar a la ciudadanía no muy enterada de los vericuetos de la educación y su política. Ninguna autocrítica, ninguna promesa de enmienda o mejora. ¿Todo está bien? La experiencia nos dice que no. ¿A quién acudir si los que deben preocuparse hacen mutis por el foro? En educación la soberbia y la ansiedad nunca fueron buenos consejeros.

Refiriéndose a la evaluación de los alumnos expresó que hacia 2011 de seguro que alcanzará el 27 %. Además sueña y expresa que si sigue esta tendencia en los próximos cinco años se habrá igualado el nivel internacional. En este sentido dejó “caer” algo referido al Plan Bicentenario ¿? ¿Sueña que está ya en 2016 y reelecto?

También García dio a conocer que como mejora del equipamiento para un mejor rendimiento escolar, se han entregado hasta el momento 218 mil laptop y en el presente año 546 mil unidades serán entregadas. La prioridad en la entrega la tendrán las escuelas unidocentes amazónicos y andinos y luego todos los colegios a través de Centros Técnicos de Información. Un día antes de este anuncio triunfalista un diario local titulaba así su sección Metropolitana: La Mejora Educativa llega con Problemas. En colegios emblemáticos hay poco acceso a laptops e Internet. (El Comercio, 27.07.10) Se comprobó que los salones de cómputo casi no se usan. De otro lado en otras instituciones educativas continúan las obras pese a que ya fueron reinaugurados. El especialista Hugo Díaz expresa “La remodelación es una buena medida porque se ha puesto énfasis en colegios que en su época demandaron una inversión importante y que después cayeron en el olvido. Pero hay que reconocer que aún están pendientes grandes procesos de mejora educativa; por ejemplo, la capacitación de los maestros y la mejora del currículo. Se requiere un diseño integral para que el cambio no quede solo en buenas intenciones. (EL COMERCIO, 27.07.10)

¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación? ¿Le tocaron una joya de la abuela? Véanlo “COLEGIOS EMBLEMÁTICOS EN LA MIRA. Sancionarán a docentes que no usen tecnología. El sector Educación supervigilará el aprovechamiento de los recursos. El informe que presentó el día 27 de julio El Comercio, sobre el poco acceso a recursos tecnológicos que tienen los alumnos de algunos colegios emblemáticos, motivó que el Ministerio de Educación (Minedu) se comprometiera a evaluar más de cerca la labor de los maestros para garantizar que los estudiantes aprovechen dichos recursos. El viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, aseguró que se evaluará a los profesores de colegios emblemáticos, pues se han realizado capacitaciones para que incluyan en su metodología de enseñanza el uso de nuevas tecnologías. “Los recursos están; por lo tanto, se evaluará a los profesores en el uso de estos recursos. A aquellos que no los usen adecuadamente se les aplicará una sanción que determinaremos en su momento”, señaló. Oscar Becerra, director de tecnología educativa del Minedu –y también es Director del Colegio Mayor- señaló que si bien para las capacitaciones se convocó a 8 mil profesores, sólo asistieron 3,600. “Entonces, es desidia de los maestros”, afirmó. Sin embargo, profesores de diversas instituciones emblemáticas aseguraron que la convocatoria tenía cupos limitados, por lo que no todos pudieron acceder…” (EL COMERCIO. 28.07.10) Como se podrá apreciar, se impone la ley del más fuerte y viene la amenaza, sin investigar, dialogar a fondo con los directores de dichos centros y menos con los profesores.

A continuación indica el Presidente que fueron entregados 40 millones de textos, 23 millones para primaria y 17 para secundaria, además de 28 mil bibliotecas básicas. ¿A cuentas instituciones educativas han llegado los textos? Quienes siguen la coyuntura educativa y las medidas que se aplican dudan mucho de que estos textos se encuentren en manos de los niños que más los requieran. Amén de denuncias realizadas sobre la comercialización de dichos textos en mercadillos de Lima y algunos pueblos del interior del país. ¿Qué se ha hecho sobre esto?

Los tres últimos años, dijo el Presidente que fueron entregados 870 millones de soles a los directores de instituciones educativas para la rehabilitación y mantenimiento de las aulas en todo el país. ¿Cuántas instituciones educativas han sido beneficiadas? ¿En qué regiones se ha logrado una real rehabilitación? ¿Existen informes? ¿Se encontrarán en el CD dejado al Congreso? Pero manifestó que se ha terminado de construir 270 colegios, 25 de ellos en las zonas sacudidas por el sismo del 2007, y en la ciudad de Lima 21 grandes unidades escolares o Colegios Emblemáticos han sido totalmente reconstruidos y modernizados para dar a nuestros alumnos los mejores edificios y los mayores avances técnicos en tecnología, computación y deportes. ¿Con qué criterios se priorizaron estos colegios? Bien sabemos lo que ha costado la construcción de las instituciones ubicadas en la zona del sismo de Pisco. Lo expresado sobre los colegios emblemáticos daría para otros artículos, a partir de una entrevista a directores. Pero no podrá ser, pues están prohibidos de declarar.

Destacó como su máxima realización, la creación del Colegio Mayor Presidente del Perú para los alumnos de los primeros puestos de los colegios secundarios del país y lo hizo con una mirada altanera al auditorio. Y aquí anuncia como el súmmum de la soberbia que da el poder, que en los próximos meses “empezaremos a construir dos sedes de Colegio Mayor Presidente del Perú en el norte y en el sur del país”. ¿Con qué docentes? ¿Se ha evaluado la experiencia del primer año? ¿No es acaso un despropósito que raya en la pura demagogia, el anunciar la creación de nuevos colegios sin hacer previamente un estudio pedagógico y económico del modelo? ¿Se ha evaluado el sistema de internado? ¿Se han evaluado el desarrollo curricular y el proceso de “inmersión” a los que son sometidos los alumnos del Colegio Mayor? ¿Habrá docentes calificados para un desempeño exigente? Si en Lima “buscan” todavía al director tantas veces anunciado y no lo encuentran ¿qué sucederá en el interior del país? Pero como el poder ciega, sigue anunciando y comprometiendo que “trabajaremos con los gobiernos regionales para instituir este exigente nivel de educación en la mayor cantidad de departamentos por el bien de la juventud”.

La generosidad gubernamental, presidencial – por llamarla de alguna manera- se manifestó en estos últimos párrafos en lo referido al sector educación “anunció que en los próximos meses todos los profesores de las escuelas públicas con plaza que estén contratados estarán legalmente nombrados por el Estado. “Quisiera señalar que en los próximos dos meses, todos los profesores de las plazas señaladas estarán legalmente nombrados y no persistirá el viejo vicio de mantener como provisionales a maestros, entregándolos al abuso de algunas autoridades o lobistas”

¿Por qué se acuerda recién en sus últimos doce meses de solucionar un añejo mal sobre la contratación docente? ¿Cómo se compatibiliza esto con el ingreso a la Carrera Docente? ¿No es una forma de debilitarla y volver a la antigua Ley del Profesorado? ¿A quién quiere contentar, convencer el Presidente? ¿Para quién es este guiño?

Las Fiestas Patrias creemos no han servido para insuflar autoestima, ni para que el Cardenal dé recomendaciones a un país intercultural, en donde el ecumenismo trasciende las creencias de los credos religiosos. Pero ahí están sus palabras: “Es importante el trato que se le da a la educación, no solo en el ámbito intelectual y manual, sino especialmente en el ámbito de las virtudes y valores. Hay que rechazar siempre el empequeñecimiento espiritual que constantemente nos acecha” (El Comercio, 29.07.19) También dijo –como el año pasado- “El alma de la personalidad nacional es necesario definirla, defenderla y afirmarla, preservándola de veleidades foráneas que, al cristalizarse bajo el falaz velo de integración, sólo nos haría extraños a nosotros mismos y a nuestras raíces. Afirmemos nuestra patria mestiza.” (El Comercio, 29.07.10).

Sin duda una intervención distractora de lo central en educación. El Estado tiene sus propios objetivos y funciones y es sobre ello que debe rendir cuentas y no ensoberbecerse. Con lo expresado por el Presidente estamos notificados de una agenda que ya empezó a escapársele de las manos a los funcionarios cuando se anuncia que de manera experimental dos colegios emblemáticos de Lima, el Alfonso Ugarte y el María Parado de Bellido tendrán un horario ampliado hasta las 15.15. de la tarde. La funcionaria del Minedu-UGEL 03 afirmó que estas horas adicionales, serán empleadas por los escolares en prácticas en los laboratorios. (Radio Capital-Lima) ¿Quién pagará a los docentes? Un nuevo globo de ensayo como tantos otros que saca de su galera el Presidente que le quedan 12 meses para que se vaya: en abril del 2011 sabremos quién lo sucederá. Entonces le quedarán sólo 3 meses para hacer maletas. ¿Rendirá cuentas por tanto despropósito sobre lo realizado en un sector vital para el país como es la educación? Los meses, las semanas, los días y las horas nos irán dando la pauta. Mientras sigámonos divirtiéndonos que “al fondo hay sitio”. Ese es lugar en que la tiene el Primer mandatario y la utiliza o se acuerda de ella, cuando quiere ganar algún rédito político. No es pues, tanto “el amor al chanco, como a los chicharrones”.

Antes de concluir quiero señalar que hubo una enorme omisión en el discurso presidencial: la formación docente. Se la ha dejado librada a las reglas del mercado. El Estado renuncia a la formación docente y deja “haciéndose de la vista gorda” que el mercado regule las instituciones de formación docente y deja para ello intocable el Decreto Legislativo Nº 882 –Ley de Promoción de la inversión en la educación. En su artículo 1º expresa “La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. Sus normas se aplican a todas la Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén comprendidas bajo el ámbito del sector Educación. Y en su artículo 2 dice “Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa.” Ni una palabra, ni un gesto, menos disculpas por este atropello que trascenderá generaciones. El dios mercado será el que formará los docentes que el modelo económico requiere, para educar los recursos humanos que el mercado demanda. ¿Cómo podemos llamar a esta omisión sino una traición a la educación del país y su magisterio? ¿Qué intereses se están salvaguardando?

Estamos advertidos. ¿Viva el Perú? (31.07.10)

¿EDUCACIÓN SIN CORRUPCIÓN?

El Informe Nº 147 llamado Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción es un documento cuyo contenido debería trascender las noticias cotidianas.

Este Informe impreso en diciembre 2009 tiene 300 páginas distribuidas en tres capítulos. Sin duda un documento que debería conocer todo docente, funcionario de educación y ciudadano en general para conceptuar lo que significa la corrupción desde un enfoque de derechos y sus implicancias en el derecho a la educación. (Cap.I); Las acciones contra la corrupción en el sector educación; políticas y organización institucional en material anticorrupción (Cap. II) y la Campaña “Educación sin corrupción2007”. Resultados de la Supervisión”. (Cap. III).

El alcance que hace dicho informe empieza conceptualizando y determinando desde lo que los padres de familia aspiran como educación para sus hijos. Precisa que la educación permite desarrollar a las personas libremente su personalidad y dignidad, haciendo posible la participación activa en la vida social con tolerancia, respeto a los valores, al medio ambiente y los derechos humanos.

Sin embargo en el portal del Ministerio de Educación en el sitio De Interés, que es como un cajón de sastre pues hay de todo, desde Resoluciones, directivas, normas, etc., en letras rojas leemos “PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO SANCIONADO POR DELITO DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Oficina de Prensa y Comunicaciones Ministerio de Educación 07.02.10). ¿Amerita este encabezado una noticia que es de carácter policial en un portal donde aparecen las políticas educativas? Esta nota que lleva varios días para escarnio de la profesión docente ¿qué finalidad tiene? Indudablemente dar a conocer a individuos que deshonran la profesión docente y que nunca más deberían ejercerla. Con el mismo rigor y derecho esperamos que se informe a la comunidad educativa y a la sociedad sobre otros actos de corrupción como cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad, venta de notas. Esperamos que se diga algo también sobre irregularidades en los procedimientos administrativos; irregularidades en las planillas de pago; irregularidades en la contratación y nombramiento de personal; incumplimiento del dictado de clases; incumplimiento de obligaciones para garantizar una infraestructura adecuada; falta de transparencia. ¿es que no ha habido ningún acto que merezca tipificarse con los de este listado que señala la Defensoría del Pueblo? Inconcebible si nos atenemos a la cantidad de denuncias públicas tanto de los medios como de los propios agraviados y del sindicato. Existe un silencio rayano en la prepotencia y soberbia que recuerda a los que distinguía a quienes se creían dueños de la verdad en la época de gobiernos militares y en débiles gobiernos democráticos. Cuán cierto es aquello “quien calla otorga”.

¿Qué hemos hecho en el país sobre el tema de la corrupción en educación? Lo primero es que no se tiene claro conceptualmente lo que significa y lo que implica. Sólo manejamos el límite de lo lícito y lo ilícito. Esa línea difusa para unos y firme para otros es burlado fácilmente, cuando se tiene poder, no sólo de dinero sino político. Conciencia laxa le dicen en ética o moral. Esa laxitud permite lo que se ha dado en llamar en el país, la “mecedora”. Todo es permisible dependiendo del lugar social donde uno se encuentre. Una cosa es ser funcionario con poder, o funcionario dependiente y otra es ser un ciudadano común que por derecho pide ser escuchado, atendido. En medio de estas tensiones existen ofertas que dependen del nivel del corruptor y del corrupto. ¿Qué docente no se ha tropezado alguna vez, con una oferta pecuniaria de un padre de familia para que se favorezca a un hijo que no estudió durante el año escolar? ¿Qué profesor /a no ha sido sometido a una oferta de contar con su nombramiento a cambio de los dos primeros sueldos?

Quienes ejercen las funciones directivas sufren otras formas de tentación u ofertas que las resumen con el criollo «favor con favor se paga» o se hacen de la vista gorda al momento de tomar decisiones. Y si seguimos subiendo la escala jerárquica la corrupción tiene mil y un disfraces, se metamorfosea cual iguana y toma el color del ambiente donde se encuentra. Por ello es fácil escuchar y decir que la corrupción existe desde que se creó el mundo y que cualquier esfuerzo que se haga es en vano. Una fácil manera de justificar desde la utilización de recursos del Estado, hasta la comercialización de textos, de notas, de recomendaciones.

El Informe 147 de la Defensoría del Pueblo es un documento que debería estudiarse en los centros de formación docente, en el sindicato de docentes, pues por primera vez en el Perú se puede contar con conceptos y definiciones que permiten situar el tema de la corrupción como el comején que corroe la madera de las instituciones y la sociedad toda. Luchar contra ella implica no sólo declamar la lucha y reducir los avances a lo que la Defensoría considera “Otros hechos vulneratorios”: casos de maltrato físico y psicológico, acoso y violación sexual en contra de los y las estudiantes. Eso es desviar o recortar el contenido de lo que significa la corrupción como tal. La nota de prensa del Ministerio aparecida en el portal del Ministerio de Educación dando cuenta de lo que informó el viceministro de Gestión Pedagógica evidencia una orfandad en el manejo del concepto corrupción. Nos hubiera interesado saber qué ha ocurrido con las denuncias de los docentes sobre la venta de las respuestas de las pruebas que dieron en las distintas fases del concurso para ingresar a la Carrera Pública Magisterial. También las razones técnico pedagógicas que se tuvieron para imponer la nota 14 como mínima en un sistema de calificación vigesimal. Hubiera sido muy importante saber los criterios pedagógicos y de especialidad con que se diseñaron las pruebas de lógico-matemáticas y de comunicación. ¿Por qué existe negociado en el otorgamiento de las plazas? ¿Por qué los docentes hablan de una “tarifa” para que se les otorgue los puestos de trabajo que les corresponde? ¿Acaso no se habla en los pasillos de las distintas sedes del Ministerio que en las UGELES existe un “comercio” de las plazas? ¿Cuánto cuesta una plaza en Cajamarca y cuánto cuesta en Villa María del Triunfo? ¿Por qué algunos profesores que han obtenido notas sobresalientes, a pesar de los “ajustes técnicos” (que nunca se explicaron convincentemente y el único culpable fue el último de la cadena de mando? ¿nadie lo supervisó? ¿quién fue su jefe?) una vez llegados a la UGEL correspondiente no les otorgan su plaza sino les dicen que ya está cubierta? ¿Por qué hasta la fecha el Ministerio de Educación no tiene una nueva sede y sus funcionarios están dispersos? ¿De quién es la responsabilidad?

Hemos reclamado al Ministerio de Educación una rendición de cuentas desde fines del 2009 e inicios de 2010. Pero como siempre se hace de oídos sordos. La Defensoría al respecto expresa “La falta de un sistema de rendición de cuentas y la poca capacidad organizativa de la sociedad permiten que una minoría explote y excluya a la mayoría. Este círculo vicioso explica la permanencia de niveles de pobreza y subdesarrollo.”(Infortme Defensorial Nº 147, pág 18). Se habla desde el Estado y del gobierno de la gobernabilidad que debe existir y muchos políticos hablan de atentados a la gobernabilidad del país, sin embargo quienes deben promoverla y cautelar por ella, no le ponen la atención debida. Por ello tenemos a la corrupción “vivita y coleando” y “No hay duda de que la corrupción debilita el deber de rendición de cuentas de los funcionarios del Estado, reduce la transparencia en la labor de las instituciones públicas y permite que las violaciones de los derechos humanos queden impunes.” (Tomado delPrácticasde Buen Gobierno para la protección de los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2008, p. 2. citado por el Informe Defensorila 147).

Requerimos de una educación promovida desde el Estado y desde las instituciones de la sociedad civil y que diseñe “…estrategias que incorporen al ciudadano –ya sea como fuente de opinión o como actor importante– en la lucha contra la corrupción. De este modo, la participación ciudadana se debe entender no solamente como el cumplimiento de las normas que promueven mecanismos de rendición de cuentas o vigilancia ciudadana, sino también en términos de fortalecimiento de las capacidades de esa ciudadanía para exigir sus derechos y denunciar actos de corrupción.”(Informe Defensorial p.24) Las omisiones y silencios ministeriales ante la denuncia de casos concretos o la laxitud en las investigaciones atenta contra los derechos humanos. ¿Lo han pensado el ministro, los viceministros y demás autoridades del sector?

Considerando el grado en que se han extendido las prácticas de corrupción en todo el mundo la comunidad internacional ha adoptado compromisos, a fin de combatir y prevenir la corrupción en el sector Educación. Por ello debe recordarse que en la Reunión Regional de las Américas de Evaluación de Educación para Todos (República Dominicana febrero del 2000), los países de América Latina, el Caribe y América del Norte no solo renovaron los compromisos adoptados en la “Conferencia Mundial de Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 1990), sino además establecieron mecanismos de formulación de presupuestos y asignación de recursos con amplia participación social que permitan dotar de transparencia y credibilidad al manejo de los recursos y garanticen la rendición de cuentas, para lo cual la información adecuada y oportuna es un insumo fundamental. (Educación para Todos. Marco de Acción para las Américas, Adoptado en la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, Santo Domingo, República Dominicana del 10 al 12 de febrero de 2000. París: UNESCO, 2000, p 39.). Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en Dakar, Senegal, (abril, 2000) se señaló que “la corrupción constituye un obstáculo considerable para el uso efectivo de los recursos destinados a la educación y debe eliminarse sin contemplaciones”.Recomendaba que se debía establecer estructuras para que la sociedad civil pueda “participar en sistemas de presupuestación y financiación transparentes”. De esta manera se obligaría a los poderes públicos a rendir cuentas. (Marco de Acción de DAKAR, Adoptado por el Foro Mundial sobre Educación. Dakar, Senegal, del 26 al 28 de abril de 2000. París: UNESCO, 2000, párrafo 25.

Las consultoras Margarita Peña y Jeannette Rodríguez, citadas por el informe expresan que “Esta preocupación de la comunidad internacional tiene su sustento en el hecho de que si bien diversos estudios muestran que se han realizado numerosos esfuerzos para abordar el tema de la corrupción, tanto de manera global como sectorial, sin embargo, el sector Educación no ha recibido la atención apropiada por parte de las autoridades a pesar de las sólidas razones para otorgar una prioridad particular al desafío de combatir la corrupción en la educación.” (Transparencia en Educación. Maestrosen Colombia, París, Instituto Internacional de Planeación de la Educación-UNESCO, 2005, p. 6.)

Las razones que proporciona el Informe Defensorial 147 nos dicen que ninguna reforma en el funcionamiento del sector Educación con el fin de aumentar el acceso a la educación de calidad puede ser exitosa si los problemas de corrupción –que comportan graves implicancias, tanto para la eficiencia en el uso de los recursos como para la calidad de la educación y los resultados escolares– son tratados de una manera apropiada. Asimismo el comportamiento poco ético y la falta de integridad en el sector Educación se contradicen con uno de los principales objetivos de la educación, que es el de formar buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, de los derechos humanos y de la justicia

¿Qué hacer si se han dado señales de que como siempre “acuerdo firmado acuerdo olvidado”? La salida no es crear una oficina para que reciba denuncias, quejas, investigue y sancione. En nuestro país el CADER (Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos) debe establecer una línea de base que desarrolle acciones y políticas públicas coordinadas que no respondan únicamente a la coyuntura o a acciones aisladas. Sin duda, en dichas políticas públicas debe estar presente un enfoque anticorrupción que no solo esté destinado a actuar con posterioridad al hecho, sino, sobre todo, a establecer mecanismos administrativos basados en la transparencia y rendición de cuentas que garanticen la no comisión de dichas malas prácticas.

En el Ministerio de Educación se han incorporado muchos mecanismos de control (Control Institucional (OCI), las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) y las Comisiones Permanentes de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (CPPAD). De ellos tres se encuentran en el Ministerio de Educación, en las Direcciones Regionales de Educación y en las Unidades de Gestión Educativa Local sin embargo los dispositivos son ineficaces. En lo que se refiere a participación y vigilancia ciudadana, ésta se desarrolla en todas las instancias descentralizadas de gestión educativa y recae en los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), en los Consejos de Participación Local (COPALE), en los Consejos de Participación Regional (COPARE) y en el Consejo Nacional de Educación (CNE), los cuales tienen alcance institucional, local, regional y nacional respectivamente. ¿Se les ha capacitado o se les ha enviado la directiva solamente? ¿Con qué criterio se ha seleccionado al personal de las oficinas? ¿Qué calificación tienen? Toda función demanda un perfil profesional y capacitación, sin embargo poco se hace al respecto.

Es preocupante leer las conclusiones a que llega el Informe Defensorial. A partir de los resultados de la Campaña Educación sin corrupción 2007: se recibieron 1,519 quejas. De éstas, 1,071 fueron declaradas fundadas (es decir, se determinó que existió una afectación de los derechos de las personas que las presentaron). De estas, el 78.4% están referidas a riesgos de corrupción, las cuales tienen que ver con problemas en los diferentes aspectos de la gestión administrativa de las instancias educativas descentralizadas. Por su parte, las quejas por casos de corrupción comprobados constituyen un 11,1%. En esa medida, el 89,5% del total de quejas fundadas está relacionado con la problemática de la corrupción. (Conclusión17, págs. 271-272).

Del total de quejas presentadas, el mayor número de ellas tuvo por objeto a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) (43, 5%). Si a esa cifra se suma el 25.4% de las quejas presentadas contra las Direcciones Regionales de Educación (DRE), se obtiene este resultado: el 68,9% de quejas referidas a la problemática de la corrupción se concentra en dichas instancias de gestión educativa. (Conslusión18, pág.272)

Siguiendo con el análisis de los cinco tipos de quejas más recurrentes, cuatro de ellas se ubican en el eje de casos que generan riesgos de corrupción (irregularidades en los procedimientos administrativos, incumplimiento del dictado de clases, irregularidades en las planillas de pago e irregularidades en la contratación y nombramiento de personal). De estas cuatro, tres tipos de quejas están relacionadas con problemas en la gestión administrativa y de recursos humanos, y un tipo de queja tiene que ver con deficiencias en las medidas de control. El tipo de queja que se ubica en el quinto lugar (atentados contra la integridad) se encuentra en el eje de otros hechos vulneratorios, y guarda relación con la aplicación de métodos de disciplina en la escuela, incompatibles con la dignidad humana, así como con el incumplimiento de las obligaciones de los docentes y autoridades de las I.E.(Conclusión 21. Pág.273).

Las Recomendaciones evidencian una carencia de responsabilidad en los responsables del sector, sin embargo, no existen denuncias. ¿Y dónde queda el reglamento del código de ética de la función pública?

En este sentido llamar la atención con la publicidad que da el Ministerio a la sanción de profesores y administrativos por violación de la libertad sexual parece desproporcionado y más todavía si se guarda silencio sobre las denuncias públicas realizadas por docentes y padres de familia sobre otros temas de corrupción. ¿A dónde recurrir? Bien harían las autoridades de educación que a nivel nacional se conozca y estudie el Informe Defensorial 147 para evitar que se sigan cometiendo abusos en nombre de la calidad de la educación, de la transparencia y de la equidad. Hubo esfuerzos sin duda como el proyecto de Ley de Probidad, que sin embargo se quedó en la agenda parlamentaria para su discusión y aprobación, hasta que fue cambiado el gobierno. Por ello el Informe Defensorial 147 no debe caer en saco roto. ¿Quién da el primer paso? (13.02.10)