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LO PROFESIONAL Y LO LABORAL I

5 septiembre 2012

1. ¿Juego de palabras? Aparentemente. Pero ahí nos llevaron quienes estructuraron las leyes que rigen el magisterio. ¿Son leyes técnicamente buenas o confunden y ponen en un mismo rasero el contenido de una y otra palabra? No estará ahí la incomprensión, la confusión a que se lleva a quienes son los beneficiarios de una ley que debe tener como base el respeto a la persona desde una perspectiva profesional y laboral.

Lo profesional, dice el diccionario que se aplica a la persona que realiza una actividad que constituye su profesión o medio de ganarse la vida; o persona que ejerce su oficio con destacada capacidad

Laboral: dícese de lo relativo al trabajo o a los trabajadores y a sus condiciones económicas, jurídicas y sociales

En educación hablamos de un perfil profesional cuando se trata de la formación del docente. Y allí encontramos que el tratamiento dado a los docentes estuvo lejos de lo que significa el ser profesional. Existió mucho empirismo en la definición al punto que hoy nadie sabe y menos se acuerda de su perfil profesional. ¿Será que fue muy escolarizado? ¿Por qué no se le dio el tratamiento de una profesión que responde a la educación superior como lo reconoce la Ley General de Educación Nº 28044? Misterios políticos de los que deben dar cuenta gestiones pasadas que hoy se rasgan las vestiduras.

2. Perfil docente. Es el conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de la persona que se prepara para ser docente. Asume, además, en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones. Así los docentes sabemos de los contenidos disciplinares, de estrategias didácticas adoptadas para transmitir esos contenidos, también de la forma en que esos contenidos interpelan las experiencias, vivencias y valores culturales de los estudiantes, las condiciones físicas, socio-afectivas y destrezas cognitivas que los niños han ido desarrollando antes de concurrir a la escuela; de la medida en que favorecen el desarrollo de nuevas destrezas, de la posibilidad de que se puedan establecer y cumplir determinadas “reglas de juego” para desarrollar el trabajo en el aula, de los recursos materiales que ofrece la escuela para desplegar las actividades de aprendizaje, del nivel de expectativas para lograr una experiencia pedagógica exitosa en relación con la escuela y el vínculo que establecen con los alumnos y la comunidad.(SITEAL Cuaderno Nº 9, Junio 2011). Por ello Tedesco rescata dos de los fines en donde la acción del docente ocupa un lugar de liderazgo indiscutible: aprender a aprender y aprender a vivir juntos.

Hoy el docente no es el mismo que se formó hace dos décadas. Las exigencias de la sociedad, de la comunidad, del mundo le imponen el desafío de tener que renovar los conocimientos permanentemente. Bien sabe que los saberes recibidos no son suficientes para adquirir los conocimientos necesarios que se requieren para desempeñarse de manera satisfactoria y competente en el mundo del trabajo, los aprendizajes se renuevan durante su desempeño laboral y en el mundo extra-laboral. Debe aprender a preparar a los estudiantes para que desarrollen la capacidad de aprender durante la vida, esto es, para que desarrollen sus capacidades y adquieran el oficio de aprender. Por ello las exigencias del docente hoy se multiplican y diversifican. El reto que tenemos por delante va más allá de la mera enseñanza de los contenidos específicos de su disciplina. Debemos estar en condiciones de fomentar el desarrollo de los procesos cognitivos que habiliten a los estudiantes la comprensión y asimilación de nuevos saberes.
Esta breve reseña del perfil docente lleva a preguntarnos si se puede haber tenido en cuenta en el enfoque de la llamada Ley del Profesorado y en la Ley de la Carrera Pública Magisterial. La Ley de Reforma Magisterial, consideramos que tiene en cuenta este nuevo enfoque de lo que debe ser el docente y cómo esto debe ser articulado a una nueva valoración del desempeño de su profesión. No se trata como simplemente se plantea de que el 85% de la nueva ley corresponde a la CPM, sino el enfoque. ¿Por qué seguir uncidos a lo normativo y no pensar en perspectiva en educación, cuando sabemos que la ciencia y tecnología avanzan?. ¿Acaso no nos maravillamos cuando un paradigma es sustituido por otro, lo que constituye una autentica revolución científica? Esta revolución no implica solo un cambio de teorías sino una nueva concepción del mundo con nuevo hechos, nuevas técnicas, nuevos conceptos…etc. ¿Acaso el docente debe ser ajeno a esto?
2. Desde una perspectiva laboral. Aceptamos, en un afán de reivindicar nuestros derechos, a situarnos en el campo de los trabajadores intelectuales. Y bien por el concepto, pero mal por el procedimiento. En la historia laboral existen formas y maneras de tratar sobre las relaciones laborales, en especial sobre sueldos y/o salarios. Sería amplio y tedioso remontarnos a una historia de promesas y frustraciones. Veamos lo que dijo la Ministra Salas en respuesta sobre el tema en la interpelación:

Valoramos la Ley de Carrera Pública Magisterial como un primer e importante paso en el esfuerzo por fortalecer un régimen meritocrático para la docencia peruana en la línea de lo planteado por el Proyecto Educativo Nacional; sin embargo, para incluir a todos los profesores en un solo régimen laboral, tal como se fundamenta en el Proyecto de Ley 1388 y sometido a consideración del Congreso de la República y así poder relanzar y ampliar y fortalecer la Carrera Pública, era necesario diseñar una nueva estrategia. Esta nueva estrategia responde a la recomendación del Consejo Nacional de Educación y a las evidencias de lo ocurrido en la estrategia anterior de incorporación voluntaria de los docentes de la Ley del Profesorado a la Carrera Pública. El contenido del proyecto de Ley de Reforma Magisterial expresa que los objetivos de la política que con esta ley tienen que ver con la necesidad de fomentar el desarrollo personal y profesional de nuestros docentes, a la vez con dotarles de sistemas de apoyo que permitan siempre su permanente mejora y buen desempeño; y, por supuesto, reconocer el desempeño de los docentes tanto en su participación individual como colectiva.

Como esto venía creando reacciones contrarias, o no se quería comprender, continuó la Ministra explicando: La política de desarrollo docente que estamos planteando se basa en cuatro pilares importantes: cómo configuramos la relación laboral entre los docentes y el Ministerio de Educación, un sistema de evaluación, un sistema de información y un sistema de promoción a la innovación. Una problemática que hemos encontrado es que actualmente tenemos el 20% del conjunto de docentes estables del país en el régimen de la Carrera Pública Magisterial y casi el 80% están en la Ley del Profesorado.

¿Alguien podría negarlo? ¿Cómo querer mejorar la profesión docente teniendo como base este planteamiento que todos los años produce contratiempos y reclamos válidos en los docentes, si en la propia administración de recursos existen estas confusiones? Por ello la Ministra explica: Si miramos cómo ha sucedido o han venido sucediendo los diferentes concursos de incorporación a la Carrera Pública, podemos notar que en el año 2009, de los cinco concursos empleados, se incorporaron 6675 docentes, en el segundo concurso 9332, en el tercero bajaron a 3078, en el cuarto llegaron a 3476 y en el quinto a 2405, lo que implica que, en resumen, son alrededor de 25 000 docentes incorporados de la Ley del Profesorado a la nueva ley y 27 000 más que vienen por primer nombramiento.

Ante este laberinto administrativo que se transfiere además a las regiones ocasionando los problemas de plazas, de transferencias de recursos, etc. la Ministra expone: Intentando hacer más atractiva la Carrera Pública Magisterial, lo que proponemos es una modificación en el número de escalas que tendría los niveles de ascenso. En la actual Carrera Pública tenemos cinco escalones a donde pueda ascender un docente. Un docente que entra a los 20, 25 años a la carrera a los 45, máximo a los 50, puede llegar al máximo grado del escalón, haciendo que, en adelante, hasta los 65 años de edad que tiene que trabajar no tener más estímulos para seguir trabajando. Entonces, una modificación que proponemos es alargar la carrera de tal manera de tener tres escalones más para que sea estimulante el trabajo de los docentes a lo largo de su vida laboral. Ello implica, por supuesto, también hacer crecer el horizonte de la máxima remuneración.

En esta fragosidad administrativa vemos cómo el discurso y enfoque de una profesionalización docente se diluye y pasa a segundo plano. El salario, la remuneración es un derecho, pero cuando se oferta transparentemente y en una administración oficial ordenada, eficiente. Cuando se ha heredado una gestión que dice ser moderna, pero contiene todos los vicios de la práctica política clientelística, es difícil que se acepten cambios. Y eso no se quisiera entender.

3. Reflexiones finales. Hasta aquí una parte de lo planteado. Unas líneas sobre el rol del sindicato, ahora que se ha decretado una huelga general indefinida a partir del 5 de setiembre. Sin duda tienen todo el derecho, pero ¿y el de los niños y jóvenes para recibir educación?

La frase es “mis derechos terminan donde comienzan los del otro”, quiere decir que si bien tenemos derechos que están reconocidos propiamente por nuestra constitución, podemos ejercerlos siempre y cuando no afectemos las condiciones propias de la dignidad humana de otras personas. Como docentes tenemos una responsabilidad ética de respetar el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación. Sabemos que la educación es un proceso que se da de acuerdo a niveles. Este proceso si se ve interrumpido causa una serie de fracciones en el aprendizaje. Esta fractura no se recupera con “calendarios reprogramados”, que es una falacia o una entelequia armada para justificar lo que no es posible. El placebo de desarrollar “calendarios reprogramados” es un engaño en el que caemos los docentes, los padres de familia, la sociedad y el mismo Estado que lo permite.

Es el momento de replantear la lucha sindical sobre los derechos laborales. Seguir con la vieja práctica de tomar a la huelga general indefinida como la primera opción de reclamo ¿es acaso el único medio para presionar a la patronal? Si es un derecho existen hoy mecanismos e instituciones (Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional) que velan por los mismos y por la seguridad legal de los ciudadanos trabajadores. De otro lado se vienen planteando que las formas de protesta sindicales deben recurrir a otros medios: la información y la movilización a través de Internet, el ciberactivismo, debe ser la nueva prioridad del sindicato, que requiere de una profunda reforma.

Hemos apreciado estos días cómo han surgido hasta tres sindicatos que aunque proviniendo de un mismo tronco han generado tres posiciones sobre un mismo tema. ¿Por qué? ¿Sólo posición ideológica? ¿Sólo pasividad, contemplación y radicalidad? ¿No nos están demostrando con ello que responden a obsoletos modelos de formas de reclamar derechos , que no encuentran eco en una obsoleta estructura sindical que fue creada hace muchas décadas? Los nuevos modelos de las relaciones laborales requieren un nuevo sindicalismo, con un concepto distinto de militancia y un papel mucho más protagonista del intercambio de información legítima para coordinar acciones con las bases constituidas en redes que, sin duda, son mucho más eficaces en el mundo real que los métodos tradicionales.

La lucha por los derechos laborales debe significar una nueva manera de lucha. Por un sindicato que utilice con pericia e imaginación las herramientas que la sociedad de la información pone a disposición para diseñar una defensa por otros medios de los derechos laborales y los valores de justicia social que tanto esfuerzo constaron

No sigamos jugando a protagonismos en un tema tan delicado. Tampoco, a ser más radicales que otros, cuando está en juego el derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes del país. Una autocrítica sería bienvenida, antes que levantar banderas de lucha cuando se trata de convenir acuerdos que ponen orden, reivindican deudas, y contribuyen en la mejora de la educación que nuestro país requiere. Dejemos las poses de aparecer más radical que el otro. Un interés superior nos demanda: el derecho de los niños y jóvenes de recibir una buena educación de manera oportuna y programada sin las alteraciones que tensiones