Daniel Libreros Caicedo / Consultor internacional en políticas económicas / y educativas / Profesor Universidad Pedagógica Nacional
Publicado en Revista PRETEXTOS PEDAGÓGICOS Nº 6. Enero-Abril 1999. Sociedad Colombiana de Pedagogía.

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Reforma neoliberal y consenso social

Otro punto a resaltar dentro de las contradicciones, es el hecho de que la
reforma neoliberal en general, y la educativa en particular, necesitan consenso social, es decir, los reformadores deben convencer a la población de las «bondades» de la nueva institucionalidad, convencerla de que los gobiernos escolares son importantes, de que la participación educativa es importante. Pero ese consenso requiere legitimidad, y ésta no se puede obtener si la misma reforma no ofrece resultados, ya sea en el terreno técnico, ya sea en el terreno de la gestión. Lo paradójico del asunto es que en nuestros países, en el caso colombiano y en general de América latina, los niveles de pobreza son muy fuertes. El modelo concentra cada vez más la riqueza, el número de pobres absolutos crece de manera dramática; en esta última década, la del neoliberalismo triunfante, la tasa de desempleo en Europa se aproxima a los 12 puntos, los pobres absolutos en Estados Unidos llegan al orden de los 40 millones, es decir, casi la población colombiana, condenada a la pobreza absoluta.

En nuestra región la situación es peor, ¿Cómo ofrecer resultados en este
contexto? Concentración de la riqueza y necesidad de consenso expresan una contradicción que a su vez se manifiesta en la tensión ya anotada entre decisión y ejecución en la democracia participativa. En cuanto ésta fue concebida como instrument al y gestora de recursos públicos escasos no se contrapone, sino que, por el contrario, es complementaria a la concentración de la riqueza, a la transferencia de riqueza des de los presupuestos públicos, vía pago de endeudamientos hacia el capital financiero internacional. Basta leer cualquier informe del Banco Mundial sobre el tema de los servicios públicos para constatar el peso que le conceden a la participación desde esta perspectiva; no se cansan de repetir: «servicios, pero con participación, con democracia participativa.»

Obviamente, el tipo de democracia al que están haciendo alusión es el de la democracia liberal tradicional, la cual, dado el debilitamiento de los Estados nacionales, ha quedado reducida casi totalmente a los procedimientos, procesos electorales nacionales o territoriales, procesos que no pueden cambiar el horizonte definido por un poder que se tornó invisible; esta es otra de las manifestaciones de la desregulación. Esta recuperación del discurso demoliberal debe explicarse en el marco de la nueva geopolítica internacional, de la unidireccionalidad capitalista bajo la hegemonía de los Estados Unidos.

Pero a mediano plazo las cosas pueden cambia r, porque cada vez van a ser menores los recursos y el consenso inicial puede romperse; va a llegar el momento en que las poblaciones dirán: «no podemos más, no podemos ni tenemos porqué seguir siendo los responsables de unos servicios que deben procurara otras fuentes de financiamiento». Y, además, la concentración de la riqueza es violencia económica, violencia que fractura a las sociedades, que obliga a las comunidades a desplazarse de un lugar para otro buscando posibilidad es de trabajo, posibilidades de subsistencia. Ello aumentará los conflictos sociales que empezarán a filtrarse en las discusiones de políticas públicas.

Un ejemplo de lo que venimos anotando es el caso de los PEI en Bogotá; hace tres, cuatro años, cuando fueron exigidos como obligación legal, al mismo tiempo fueron orientados bajo el sesgo tecnocrático de los modelos de gestión que ya hemos descrito, basados en la optimización de los recursos, la administración eficiente, entre otros. Hoy día, lo que las comunidades están proponiendo como prioridades del PEI son los temas relacionados con violencia y valores. El mensaje implícito de las comunidades es que la administración es secundaria. Las preocupaciones
sociales están centradas en el cómo volver a cohesionar las comunidades, como acabar con la delincuencia juvenil. El discurso técnico tiene ese límite; si estuviéramos en un escenario donde año a año aumentaran las coberturas, y los recursos, se podría pensar que el modelo seguirá funcionando con tranquilidad. Pero, el modelo no va a funcionar a mediano plazo por la propia concentración de la riqueza.

Pensando en ese mediano plazo, debemos decir que la disputa futura en el terreno de la participación, va a ser entre decisión y ejecución, va a centrarse en la disputa comunitaria por superar el estrecho límite de la democracia participativa instrumental; tarde o temprano la comunidad, en
procura de recursos, empezará a plantearse la discusión sobre el problema de los presupuestos, el problema de las políticas monetarias y de los diseños estratégicos. No se puede pedir impunemente a la comunidad que se organice, que discuta sobre política y que participe, así sea bajo los parámetros de la eficiencia, sin resolverle sus necesidades elementales.

Clientelismo y clientelización

Aún hay otras tensiones que se manifiestan en la aplicación de las reformas; otro tema, válido igualmente para la región y el país, es el del
clientelismo político, las prácticas tradicionales del clientelismo político.
Aquí la paradoja se manifiesta en que el modelo tecnocrático no ha podido ganar, todavía, una actuación política por fuera del clientelismo y este clientelismo sigue expresando inercialmente la tutela paternalista del anterior modelo de Estado, impidiendo la autorregulación. El modelo exige la autorregulación, no de otra forma se pueden descargar sobre las poblaciones las responsabilidades administrativas que en el pasado asumían las burocracias de los Estados nacionales.

Pero ese problema con el clientelismo también es operativo, remite a la gestión eficiente, a los costos. La corrupción clientelar se apropia parcialmente de los dineros que deben soportar políticas sociales, reduciendo aún más las posibilidades de financiamiento en los servicios y dificultando la creación de nuevas formas de intermediación entre sociedad y Estado. Los casos concretos de las políticas educativas, el caso de los
denominados «subsidios a la demanda», por ejemplo, se sustentan en el criterio de que los aportes estatales deben entregarse a las comunidades educativas para que ellas «demanden» el servicio en los colegios; el aporte estatal se con vierte en complementario a la demanda, por ello hay que entregarlo prioritariamente a las poblaciones ubicadas en la franja de pobres absolutos, a las poblaciones que no pueden consumir, para que consuman, expandiendo el «mercado» educativo. Así, se autonomizan los colegios oficiales, obligándolos a competir por los recursos de la demanda y se involucran las comunidades educativas en la prestación del servicio bajo la lógica del mercado; ellas debe escoger el colegio más eficiente, garantizar la transparencia en la utilización de los recursos, etc. Así, se reducen los presupuestos educativos; el financiamiento directo de la infraestructura de los colegios y de los materiales pedagógicos, exige una contabilidad visible del gasto y aumentos inerciales de los mismos, por lo menos teniendo en cuenta la inflación año. Ahora, al irrigarlos en el tejido social de las poblaciones usuarias desaparece esta contabilidad pública y el
incremento o reducción del gasto dependerá de la capacidad competitiva de
cada colegio. Como si esto fuera poco, las políticas oficiales vienen orientando estos subsidios hacia los colegios privados; aquí en Bogotá, en la educación básica, los pagos que realiza la Secretaría de Educación Distrital por concepto de reposición a los fondos docentes de los colegios oficiales, sólo llegan a la cuarta parte de lo que se le otorga por beca s a los colegios privados; es un ejemplo de cómo hay una presión gubernamental, vía subsidio a la demanda, para que los usuarios vayan más a los colegios privados que a los colegios públicos. Y al acudir a los colegios privados el
subsidio a la demanda debe alcanzar para pagar la educación a la manera de una empresa privada, o sea que quien demanda tiene que pagar los costos más la ganancia privada.

Ese subsidio a la demanda obliga a la creación de «redes ciudadanas» para que la comunidad se organice, consiga recursos y pague conforme a criterios mercantiles, redes para administrar los dineros que garantizan la demanda por los «clientes» del servicio; porque recordando aquello de los
cambios en la gramática, los estudiantes y las comunidades educativas, ahora son denominados clientes, los usuarios de los servicios en genera l, para los neoliberales son clientes. Esta «clientelización» de los servicios se opone al clientelismo burocrático tradicional tanto como el mercado al Estado. La redes deben ser a futuro los instrumentos de la mercantilización de la política social y educativa, pero los clientelistas burocráticos no abandonarán el escenario de lo público con simples insinuaciones o consejos; esta tensión se viene reflejando y se reflejará en el diseño de las
políticas educativas oficiales.

El gasto público en educación
Las políticas de reducción del gasto público, en general, parten del criterio del cálculo costo por demanda. La llamada Comisión de Racionalización del Gasto Público, o Comisión Rosa s, (dirigida por el ex Ministro Gabriel Rosas Vega), tomando al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, ha diagnosticado que las transferencias educativas (y en particular el 24,5% de los ingresos corrientes par a el situado fiscal) son excesivas,
por cuanto en la definición legal del monto de las mismas se tuvieron en cuenta los costos laborales de la oferta del servicio, los promedios históricos de los costos de las nóminas de los docentes, como resulta do de una negociación con FECODE, previa a la expedición de la ley 60 de 1993.
Aboga tal comisión, por una cesión de las transferencias en el sector educativo, por alumno matriculado, invirtiendo la forma de ejecución del gasto en el sector; se trata del mismo esquema que ya están aplicando en la salud y la seguridad social, desde cuando entró en vigencia la ley 100 del
94; a los hospitales no les otorgan transferencias por nómina, ni de médicos, ni de enfermeras, se las reconocen por factura cliente – usuario. A renglón seguido se plantea el problema del cálculo de la factura» per cápita» a pagar: para ello hay que hacer lo que los administradores llaman una» contabilidad de costos «, indicadores de gasto, tanto en infraestructura, como en material pedagógico, como en salarios, que permitan ponderar el costo promedio por alumno, en un año. En el borrador inicial que entregó esta comisión se dice que, después de aplicar esos indicadores y teniendo en cuenta las diferencias entre lo urbano y lo rural, así como las diferencias
regionales, el monto aproximado de ese costo es de S46 0.0 00 año . En
la versión final de las conclusiones, la Comisión no presentó montos, seguramente para dejar abierta la posibilidad de negociaciones sobre la base de ese cálculo inicial. El reconocimiento de la transferencia por matrícula obliga a que los colegios tengan que colocar la suma de sus costos a $460. 000 alumno, o al monto cerca no que se negocie, por cuanto, cada peso adicional a esa cantidad en costo alumno significa pérdida; de esa manera la «eficiencia» del colegio debe constatarse, como mínimo, con el logro de ese monto. Luego, la presión para que el alumno cueste cada
vez menos va a ser brutal, y el recorte a los gastos se convierte en una necesidad. Incluso, cuando se alcance la suma exigida institucionalmente por factura, porque cuando se llegue a ese punto cada peso me nos en gasto será ganancia para el colegio. Hasta que el promedio nacional se reduzca en los hechos, y entonces el reconocimiento por matrícula bajará. Nuevamente la gerencia privada sale a la escena, porque se trata de las mismas reglas
de juego de los métodos empresariales para diseñar incentivos y mejorar la productividad laboral.

La presión también se hará sobre la comunidad para que aporte recursos que le permitan al colegio ajustarse al promedio, y se expresará en los PEI y en los gobiernos escolares. Además, los colegios deberán competir por obtener las matrículas, porque el problema no solo es de costos, también es de «atracción del cliente», de ofrecer los curriculum que le interesan a los padres de familia y a los estudiantes.

Los colegios deberán especializarse (esto lo permite la flexibilidad curricular del PEI) y las nóminas de los docentes deberán acomodarse a esas exigencias, debiéndose fraccionar conforme a los «segmentos» de la demanda. La presión por reducción de costos llevará a los colegios hasta la «venta de servicios», a la manera del área de extensión de las universidades. La infraestructur a de colegio podrá ofrecerse, durante los días no escolares, en alquiler, o forma similar, para actividades del barrio o las comunidades anexas; los docentes podrán dictar clases por fuera de horario, conforme a contrato que celebre el colegio con sectores interesados de la población. El transporte de los niños lo deberá asumir la comunidad, al igual que las cafeterías y la recreación; de hecho, el decreto que creó los Fon dos de Servicios Docentes inició el camino para lo que venimos anotando. Y como las comunidades educativas cada vez deben involucrarse con mayor dinámica en el sector, las redes son el mecanismo ideal para implementar esta política.

Consecuencias del modelo en la nómina docente

Este escenario exige la «flexibilidad» de los docentes; por ello, tanto la Comisión Rosas como los discursos oficiales a los cuáles ésta respalda, acompañan sus propuestas con ataques a la estabilidad de los docentes. Todos los diagnósticos oficiales, sin excepción, insisten en que la causa principal de la «ineficiencia» está en la «excesiva estabilidad de los docentes», porque tiene escalafón nacional, tienen mecanismos disciplinarios únicos nacionales, tienen posibilidades permanentes de ascenso. La nómina de los docentes debe ser ajustada de manera similar a como vienen siendo reducidos los otros costos del servicio, para conseguir transferencias por matrícula; ese el mensaje neoliberal. El docente como unidad de costo, se cotiza de manera similar a los pupitres, o los libros; se trata, simplemente, del concepto convencional del capital frente al trabajo
como mercancía. Desde los inicios de la sociedad capitalista, el trabajador siempre ha sido un costo de la producción; el pago de salarios, o el reconocimiento de un accidente de trabajo, o de las pensiones de retiro, no son actos altruistas, son costos que deben asumir se en el proceso productivo a la manera que se asume la depreciación de las infraestructuras o de las máquinas. Quizá para el caso de los trabajadores de los servicios, estas definiciones no aparecieron tan contundentes por cuanto el trabajo se asociaba a la noción de servicio público del modelo anterior, noción que se preocupaba por temas como distribución de la riqueza y similares, pero la verdadera concepción capitalista del trabajo siempre fue esta que estamos presentando.

La reducción de las nóminas de docentes también la justifican quienes diseñan las políticas oficiales con la investigación de factores asociados, que realizó el Ministerio de Educación en años anteriores. La investigación
de factor es asociados permitió llegar a una conclusión, la misma conclusión a la que llegaron los gobiernos de Ecuador, Bolivia Perú, Brasil, la misma conclusión que le interesa a las agencias internacionales de crédito, de que entre menos dinero se gaste en funcionamiento, y funcionamiento en el lenguaje fiscal significa nóminas entre menos dinero se gaste en funcionamiento y entre más recursos se utilicen en materiales pedagógicos, caso ayudas audiovisuales, técnicas y demás, más calidad tendrá el servicio. Luego, la justificación oficial no sólo se apoya en el criterio de unidad costo factura, sino además, en una interpretación absurda de la calidad entendida como reducción de nóminas.

En el futuro próximo no vamos a asistir a incrementos en los presupuestos educativos ni de los presupuestos en general, porque eso ya no depende del gobernante de turno, depende de la política internacional que he intentado presentar en la primera parte. Estamos asistiendo a un escenario de planes de ajuste económico, de mayor disciplina social, de disputa por la estabilidad laboral. Esto se puede igualmente ejemplificar con el intento que hubo en el Distrito de aplicar diez horas adicionales semana a la jornada de trabajo con pago tipo contratista cátedra; de esta manera se pretende resolver unos de los problemas crónicos del Distrito durante décadas, y es el de que hay menos docentes con relación a los que necesita la población educativa. La política de la secretaría, entonces, no es la de abrir concursos para llenar esas plazas; la política es la de procurar con la misma planta de maestros, adicionando diez horas docente semana, cumplir en parte con la demanda de los servicios en Bogotá, una de las muchas política s de recortes presupuestal es; esa va a ser la tendencia en el futuro. El problema que existe es que el docente actual, con los sueldos tan bajos que tiene dice: bueno diez horas, eso de alguna manera es un ingreso, cómo se me va a impedir que desaproveche esta oportunidad, son doscientos mil o trescientos mil pesos adicionales que no puedo dejar escapar, etc.; se trata de que los maestros realicen más trabajo, dadas sus necesidades económicas con los mismos recursos fiscales. Se trata de repartir sobre lo precario.

Concluyendo, subsidio a la demanda implica que en el futuro haya una posición ideológica de servicio-mercado, una posición ideológica que persigue la competencia y que coloca al usuario, individual o colectivo, como cliente comercial, donde el trabajo del docente es una unidad de costo, y donde la tendencia es a buscar que haya menos estabilidad, que
hay a congelación de nóminas; una política de austeridad muy fuerte debido, principalmente, a las complejas realidades invisibles que están ocurriendo en el escenario internacional.

Repensar América Latina ¿Y la educación?

A pesar de las turbulencias político-económicas del mundo, en América Latina la producción del conocimiento mediante la reflexión e investigación prosigue. Ese “sentir latino” como motejan a la manera de ser tan nuestra, le viene poniendo talla en medio de tanto “divertimento” de quienes se rasgan las vestiduras porque Estados Unidos e Israel salen de UNESCO y no pagarán su cuota. Y ya sabemos lo que eso significa. Federico Mayor Zaragoza nos recuerda que “… se ha producido una severa confrontación porque los Estados Unidos tratan de imponer una Ley local anti-Naciones Unidas, de 1994, para satisfacer a Israel, por la que los Estados Unidos dejarán de contribuir a cualquier institución internacional que acceda a aceptar a Palestina como Estado miembro.” (http://secretolivo.com)

Nuevamente como en el año 1984, en que con excusas absolutamente intolerables, los Estados Unidos y el Reino Unido abandonaron la UNESCO… en el momento en que iniciaban su alejamiento del Sistema de las Naciones Unidas y la creación de los grupos plutocráticos (G7, G8, G20). Años más tarde, en 1989, Estados Unidos ha sido el único país que no ha ratificado el Convenio sobre los Derechos Humanos del Niño.

Prosigue Zaragoza explicando que “Los que sufrirán esta actitud, ahora reiterada, de los Estados Unidos de Norte América son sus maestros, alumnos, científicos, artistas, intelectuales…No pueden, no deben, condicionar la educación en el mundo. Deseo que en esta ocasión se queden y se arregle su contribución declarando sin efecto la Ley de 1994, que no puede prevalecer sobre el Tratado Constitutivo de la UNESCO, pero lo deseo por ellos, no por la UNESCO, ya que el pueblo norteamericano y sus docentes deben beneficiarse del intercambio de experiencias con los de toda la Tierra. Sólo desde la ignorancia propia del aislamiento se explica la baja calidad formativa, creadora y liberadora de la educación en Norte América, hasta el punto de que, en algunos de sus Estados, no está permitido enseñar la evolución…”

El anuncio de Estados Unidos es una muestra más de lo que viene haciendo “gobernar a escala planetaria”, por ello sus G-8, G-20; G-25. ¿Quién los designó? Dice Zaragoza que “El mundo entero, presencial y virtual, se alzará en favor de la democracia y de los derechos humanos. Los sueños hegemónicos del Presidente Reagan y la Primer Ministro señora Thatcher, junto a los de una Europa obediente y sumisa, ya no se transformarán en realidad. El tiempo del dominio, de los pocos sobre los muchos ha concluido.”

Una situación que vivimos y pasamos en las dos últimas décadas del siglo pasado y supimos fajarnos ante crisis precipitadas por seguir recomendaciones de instituciones que nos han tenido como ratones de laboratorio. Sabemos y mucho de lo que vienen recomendando en Europa para recuperar sus bancos y no la economía del pueblo.

Por ello no debe pasar desapercibido lo que ocurrió en octubre pasado en República Dominicana cuando se presentaron los volúmenes más recientes del Proyecto “Repensar América Latina” que ha sido coordinado por la UNESCO y la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (FLACSO). Los tres volúmenes significan un aporte para el desarrollo económico y social de nuestra región y se han elaborado en el marco del programa internacional Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) de la UNESCO, que busca aportar y promover las ciencias sociales y la aplicación estratégica de políticas sociales.

Quienes pensaban que el pensamiento en la región estaba aletargado y las recetas que se vienen dando no se adecúan a nuestra realidad están errados. Todo lo contrario, hemos sacado fuerzas de flaquezas, sin ayuda de agencias ni bancos, -que eso no lo ve el pueblo- sino de nuestro propio conocimiento. Así nos dice el representante de FLACSO–República Dominicana que “
“Los planes sociales deben ser conscientes, no podemos seguir improvisando y las ciencias sociales son las que aportan estos conocimientos. La sociología no es sólo teoría, ya que tiene un importante rol en la sociedad, y es precisamente lo que presentan estos libros: un enfoque novedoso a partir de reflexiones e investigaciones en la región”. (Funglode.org.Noticias, octubre 2011).

Los trabajos que contienen los tres volúmenes han sido escritos por 34 investigadores latinoamericanos y cada uno en sí mismo tiene un valor por la problemática que trata.

El primer volumen del proyecto se titula “América Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las Ciencias Sociales”. Se pasa revista al estado actual de las ciencias sociales en la región, su tradición y su capacidad de realizar análisis y propuestas para una realidad compleja que demanda soluciones creativas que se sustenten en el conocimiento y en el compromiso.

La forma como se fue construyendo es descrita en la Presentación del documento donde se enumera el desafío entre varios temas, entre ellos: “Renovar el impulso vital dentro de las • ciencias sociales mismas, puesto en peligro por las ofensivas ideológicas del neopositivismo y el neoliberalismo en los 80s y comienzo de los 90s y las confusiones de la última década del siglo XX; Encarar diferenciadamente sus problemas en cada sociedad y buscar simultáneamente los posibles lugares y nudos de encuentros y comunicación, con énfasis en diseñar una estrategia que otorgue ciertas prioridades a las áreas con menos desarrollo; Pensar en la posibilidad y necesidad de estrategias asociativas entre los que reflexionamos y trabajamos en y desde América Latina y el Caribe y los que lo hacen en y desde otras regiones, incluyendo las desarrolladas, y ponerlas en práctica; Reforzar el impacto de las ciencias sociales sobre las decisiones que se toman a nivel de las sociedades locales, provinciales o estatales, nacionales y regionales, mediante su implantación cognitiva e institucional en las organizaciones de los actores colectivos, incluyendo los Estados.”

Esto requería motivar a la comunidad académica para contar con un marco en el cual un diálogo pudiese construirse con los responsables políticos, de manera de renovar relaciones que tuvieran un impacto en las decisiones que éstos tomaren en la conducción de la política pública. Por ello se estableció el proyecto académico “Repensar América Latina” en el seno de FLACSO con apoyo de la UNESCO, para la elaboración de propuestas, desde las ciencias sociales, sobre la realidad contemporánea de la región De otro lado el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina, establecido por la Unesco en su programa MOST (Gestión de las Transformaciones Sociales), facilitó un acercamiento institucional. Confluyeron las dos redes más representativas de las Ciencias Sociales regionales, FLACSO y CLACSO, que en esas deliberaciones ha permitido que se consolide una relación de mutuo beneficio, buscando establecer una agenda compartida de investigación así como explorar vías de intercambio crítico. Así se planteó en el marco del proyecto desarrollar una reflexión innovadora como una contribución a la visión necesaria para la conducción de los innovadores procesos de cambio contemporáneos.

Es importante señalar que el trabajo “…apunta a provocar cambios cualitativos que impulsen decisiones acordes con una renovada visión, tanto en el seno de la comunidad académica como en la de los responsables políticos.”

Sin duda temas actuales que trata de introducir el nuevo gobierno y sus asesores que desconcierta una manera aletargada de hacer política, una manera cómoda de repetir libretos de hacer política de manera monocorde donde el autoritarismo y la intolerancia han venido marcando los últimos decenios y que hoy se quiere revivir como receta contra todo desajuste social o reclamo por postergaciones en el ámbito económico.

Los temas que recoge el texto están referidos a los procesos reales que vive la región, tales como “… el renovado rol del Estado como conductor del desarrollo, las características no clásicas del régimen democrático, el modelo “descolonizado” de sociedad y la construcción de sociedades multiculturales, el papel de las fuerzas armadas, los desafíos de la participación popular, el reto de la violencia y la seguridad, la viabilidad de la integración, las relaciones internacionales en la mundialización, conforman una agenda compleja y necesaria ante la cual la academia tiene que readecuar su práctica de investigación.”

Además existen otros temas que forman cola esperando una nueva mirada. Así enumeran: “la renovada demanda por políticas de Estado respetuosas de Derechos en temas como la educación en todos sus niveles, la salud universal y la seguridad social, el papel de los subsidios directos, los programas de vivienda popular, conjugados con los proyectos de obras públicas básicas, de suministro de energía, de combate a la pobreza, de redistribución de ingresos y de políticas fiscales responsables, constituyen nudos centrales que deben resolver los decidores desde su especial perspectiva ideológica.” Invitan y convocan a polemizar a los académicos y de acuerdo a procedimientos institucionales con referentes como CLACSO, GRILAC (Grupos Regionales de Investigación) de FLACSO así como las cátedras UNESCO de la región y las universidades que lo requieran con la finalidad de promover entre docentes y estudiantes. De igual manera en el ámbito político, dialogar con los decidores en eventos públicos y utilizando las redes sociales y masivos. Se trata de promover la reflexión pública dirigida a lo que llaman relanzar una “dinámica intelectual y política” que acompañe el desarrollo de la región.

¿Sintonizamos con ellos? ¿Qué opinan nuestros científicos sociales, los educadores, los economistas, los psicólogos, antropólogos?

Quien se interese por el texto lo puede bajar de la siguiente dirección: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002109/210931s.pdf o en

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El segundo libro “América Latina y el Caribe: la política social en el nuevo contexto – enfoques y experiencias” revisa de manera crítica con los instrumentos de las ciencias sociales, las principales experiencias de las políticas del desarrollo de las ciencias sociales diseñadas y ampliadas en los últimos años. Sin duda una tarea muy extensa y compleja por la complejidad de nuestros países que tienen algunos rasgos comunes. Por ello se abordan algunas subregiones. Así, salvo Haití, los demás países son considerados de renta media, pero esta categoría no da cuenta de las diferencias en la distribución del ingreso que existe en la región. Esto se expresa en la persistencia de problemas como la falta de educación, el insuficiente acceso a sistemas de salud, el desempleo y la precariedad laboral, entre otros. (América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto – Enfoques y experiencias).

Existen algunos países que se han desarrollado y han reducido los niveles de pobreza y alguna gente tiene acceso a servicios de educación y salud.

En los últimos años ha sido motivo de debate la calidad de las políticas sociales a diferencia de otros años en donde se ponía énfasis en lo económico y la competitividad. Pero esta prioridad en el debate no significa de ninguna manera haber alcanzado las políticas sociales articuladas a las estrategias nacionales de desarrollo económico. Una tarea pendiente sin duda, que habría que abordarla como tratamos de hacerla hoy, contra viento y marea de una clase política y económica que le cuesta aceptar el cambio. Calidad de políticas sociales significa crear las condiciones para que los ciudadanos puedan asegurarse un futuro mejor mediante la educación, la calificación laboral, la salud y en general las condiciones de vida que les permitan aspirar a un trabajo digno, bien remunerado y socialmente reconocido. Entrar en esa dinámica dicen los especialistas es en definitiva esencial para romper la transferencia generacional de la pobreza y la marginalidad.

La lucha contra la pobreza y el logro de una mayor equidad se constituyen un desafío político y ético y no sólo económico. “La pobreza y la marginalidad constituyen violaciones a los derechos humanos. más aun en un mundo cuya capacidad de generación de riquezas, basada en una aplicación racional de los avances de la ciencia y la tecnología, es más que suficiente para ofrecer una vida digna a todos los ciudadanos.” (América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto – Enfoques y experiencias).

La política social no debe ser sólo declaración, sino toma de decisión efectiva que requiere de un mayor aporte del conocimiento científico, en especial las ciencias sociales para darle una mayor cientificidad y eficacia a esas políticas. Por ello se requiere de un diálogo profundo y fecundo entre los científicos sociales, los políticos y funcionarios responsables de tomar decisiones y de otros actores de la sociedad civil como los movimientos sociales. Esta difusión de las políticas sociales debe tener claridad en el mensaje y coherencia con las decisiones y prioridades que se tomen a nivel de gobierno. En el Perú tenemos espacios sociales suficientes para empezar la tarea de educar, esclarecer y concretar las bases de una sociedad equitativa, diversa, tolerante, solidaria.

El texto lo puede bajar de las siguientes direcciones:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002109/210941s.pdf o

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El tercer volumen cuyo editor es Theotonio Dos Santos aborda el tema “América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales”. Trata de una aproximación analítica en diferentes dimensiones sobre los posibles escenarios internacionales en los que habrán de implementarse las estrategias alternativas de políticas de desarrollo social de los países latinoamericanos y caribeños. Se inicia la presentación con una cita de Edgar Morín que dice “Estamos en un Titanic planetario, con su cuatrimotor técnico, científico, económico y de beneficios, pero no controlado ética y políticamente. (Edgar Morin, 2002.) Es cierto un motor potente pero un timonel que no sabe manejar los controles de la nave aún. El proyecto Repensar América Latina es un esfuerzo interdisciplinario que busca “establecer no un camino rígido a seguir, sino un campo teórico y científico que ayude a conducir las decisiones fundamentales de los gobiernos, siempre pensándolos en una dinámica dialéctica permanente con sus fuerzas sociales fundamentales.” (América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales)

Repensar América Latina como tarea intelectual propone entonces un esfuerzo creativo que permita retomar las tradiciones académicas florecientes antes de esa etapa “funcional” de las ciencias sociales, enfrentadas a dictaduras sangrientas y a esquemas restrictivos de su capacidad interpretativa. Claro está, semejante repensar incluye incorporar el conjunto de aportes contemporáneos que faciliten una síntesis necesaria y pertinente. En esa perspectiva, atreverse de nuevo a tratar de visualizar el futuro de esos procesos en América Latina, con todas sus complejidades, resulta un desafío apasionante. De las actuales discusiones, tal vez la que se desarrolla sobre el postneoliberalismo es la que ilustra de mejor manera lo esencial de este desafío.

Dos Santos expresa cerrando la presentación que estos libros abren un camino para un mejor entendimiento del papel que pueden desempeñar las ciencias sociales en la coyuntura actual. Ha fracasado el neoliberalismo y por retomar sobre nuevas bases temáticas involucradas en los estudios, la práctica y búsqueda del desarrollo socioeconómico que dominaron la preocupación de las ciencias sociales, luego de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de luchas anticoloniales; la problemática impuesta por los movimientos políticos que asumieron el liderazgo de estas luchas, y los gobiernos que crearon, planteaban gigantescas tareas de transformación social y política, además de las económicas. Estos libros plantean, a decir de Theotonio Dos Santos, cuestiones fundamentales para nuestra región, que encontró en el camino de la integración regional no un objetivo puramente económico, sino un proyecto de desarrollo regional que quiere vivir, unida, en sus sueños de avances económico, social, político y cultural.

El texto puede bajarse de las siguientes direcciones:

Haz clic para acceder a 210950m.pdf

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Repensar América Latina desde las ciencias sociales es un reto y supone estudios y aportes individuales y colectivos. En el campo educativo, en el Perú, a pesar de los quinquenales cambios, sigue siendo un reto a pesar de que muchos educadores desde mediados del siglo pasado aportaron y experimentaron. Sin embargo los gobiernos no quisieron acogerlos, menos estudiarlos y desarrollarlos. Por ello vamos de ensayo en ensayo, de seguir tendencias foráneas –que tienen mucho de interesantes pero que no calzan con nuestra idiosincrasia- y postergamos la valoración de lo nuestro. Muchos ejemplos podrían recogerse, recordarse y actualizarse si nos despojásemos de los malsanos egoísmos que se tienen en el ejercicio de la educación.

Para desarrollar la educación que el país requiere es necesario analizar y criticar el sistema educativo vigente. Evaluar lo que se ha hecho hasta hoy tanto en política educativa para el país y apreciar los resultados. Existen cuadros estadísticos que nos presentan los investigadores de nuestra educación que muestran las deficiencias y por qué no el fracaso de tales políticas. Es necesario dar un cambio en firme hacia una reforma alentada por la nueva visión de país. Estamos lejos de la revolución predicada, pero no mostrada. Como una ayuda a la reflexión invito a apreciar este video titulado EL SISTEMA EDUCTIVO ES ANACRÓNICO. http://www.youtube.com/watch?v=V7iiR_gz6y8

¿Quién toma el reto de pensar la educación peruana en una perspectiva diferente a la que tenemos hoy? Si queremos renovar la educación tenemos que atrevernos a cambiar. ¿Será posible? (19.11.11)

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PANAMERICANOS: por sus derechos, por el respeto, por su participación

El 21 de noviembre de 1989 se aprobó en las Naciones Unidas: la Convención por los Derechos del Niño, norma jurídica a la que se han acogido 191 países desde su aprobación en la asamblea de la ONU el 20 de Noviembre de 1989.

La realización en Lima entre el 21 y 25 de septiembre de XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescentes, es propicia para este recuerdo. Sin embargo es bueno que la comunidad hoy se entere que hubo esfuerzos anteriores a la Convención que se vinieron dando como recordaremos a continuación.

El XX Congreso Panamericano del niño, niña y adolescente tiene una historia añeja que se remonta al inicio del siglo pasado, cuando en Europa se empezaron a realizar congresos internacionales para tratar temas que tenían que ver con la niñez. Esta iniciativa se extendió luego a América y en el año 1910 en la ciudad de Buenos Aires, bajo los auspicios de la Sociedad Científica Argentina se aprobó realizar el Congreso Americano del Niño. Hacia fines de 1915, en Buenos Aires, en conmemoración del centenario de la Independencia Argentina se convocó al Primer Congreso Panamericano del Niño. El temario de entonces trató sobre derecho, higiene, psicología, educación, asistencia a la madre y al niño, sociología y legislación industrial.

Montevideo, Uruguay en 1919 fue la capital donde se realizó el Segundo Congreso Panamericano del Niño. Se aprobó el proyecto para la creación d una Oficina Internacional Americana de Protección a la infancia. El tercer Congreso Panamericano tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil en 1922 reiterándose entonces la importancia de la fundación de la oficina. En Santiago en el año 1924 fue nombrada una Comisión que tuvo el encargo de negociar con el Consejo Nacional de Administración del Uruguay la creación de la Oficina Internacional Americana del Niño, hoy denominado Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.

Fue en Cuba en el año 1927 donde se realizó el quinto Congreso, donde el punto central fue la inauguración del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia…

La secuencia cronológica de los Congresos siguientes puede resumirse así: 1930 – realizado en el Perú; 1935 México; 1942 USA; 1948 Venezuela; 1949, el 22 de abril el instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia se incorpora formalmente a la OEA, manteniendo su sede original en la ciudad de Montevideo, Uruguay; 1955 Panamá; 1959 Colombia; 1963 Argentina; 1968 Ecuador; 1973 Chile; 1977 Uruguay; 1984 USA; 1993 Costa Rica; 2004 México.

A pesar de todas las incomprensiones, de las crisis hemisféricas y de las coyunturas de los países en estos 90 años transcurridos se ha afirmado la institucionalidad trabajando de manera conjunta en la mejoría de las condiciones y de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestra América. En todo este tiempo las temáticas, enfoques conceptuales relacionados con el trabajo con la niñez y adolescencia han ido modificándose en función de las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas de la región, así como los avances en materia de acuerdos internacionales referidos a los derechos humanos y las demandas de los Estados miembros en el ámbito de las políticas públicas con relación a la infancia, marcándose un hito fundamental promoviendo primero y luego la firma de la Convención de los Derechos del Niño y la aprobación por los países a nivel mundial.

El 25 y 26 de agosto pasado, previo al XX congreso se realizó en Buenos Aires organizado por la OEA Departamento de Asuntos Internacionales y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), el Foro con la Sociedad Civil. Dicho Foro ofreció un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas entre las organizaciones civiles que desarrollan programas a favor de la niñez y monitorean la puesta en marcha de las políticas de los Estados Miembros y en algunos casos que trabajan con ellos en pro del bienestar de la niñez en las Américas.(Telam,24 de agosto) Los temas tratados en este foro han sido: la conmemoración del 82º Aniversario de la fundación del IIN, los 60 años de su integración como Organismo Especializado de la OEA y los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño; las políticas públicas en los sistemas de protección integral, incluyendo los sistemas locales; la participación infantil-adolescente en la construcción de la ciudadanía y la incidencia en las políticas públicas; y el desarrollo de la cooperación internacional, regional y bilateral en las políticas públicas.

Las Recomendaciones de este Foro con la Sociedad Civil son muy importantes. Es por ello conveniente resaltar aquellas que sin duda enriquecerán una propuesta que permita hacer realidad aquello que preocupa a las instituciones y organizaciones, que ven a estos acuerdos como un saludo a la bandera. Glosaremos aquellas que nos parecen importantes políticamente pues aportarán a la construcción de una sociedad solidaria, equitativa, inclusiva.

En relación a Políticas Públicas en los Sistemas de Protección Integral, incluyendo los Sistemas locales Se considera que existe en la Región, una preocupación presente en varias cumbres y foros, pero hasta la fecha existe una falta de implementación de políticas públicas que garanticen plenamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Otra de las recomendaciones guarda relación con las políticas públicas en los sistemas de protección integral, incluyendo los sistemas locales. Sobre el tema expresa que los Estados diseñen y ejecuten políticas integrales que garanticen todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales de todos los niños, niñas, y adolescentes, considerando la interdependencia de los mismos y la consecuente integralidad que deben tener las acciones dirigidas a su cumplimiento. Para ello los derechos del niño, niña y adolescente deben ser tratados de manera transversal en las políticas de los Estados y en aquellas originadas en instancias supranacionales de la Región. Los planes de desarrollo de los países, las estrategias de lucha contra la pobreza, las estrategias y planes regionales entre otros, deben considerar estos derechos y las decisiones deben ser incluyentes respetando la diversidad socio cultural y las particularidades relacionadas con el desarrollo infantil: primera infancia, infancia y adolescentes.

Recomienda además, la instalación y desarrollo de Sistemas de Protección Integral descentralizados y organizados en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los sistemas locales, estructurados de modo interinstitucional e intersectorial. Esto implica la elaboración de leyes y reglamentos que institucionalicen sus acciones y diferencien el rol de los garantes, corresponsales y sujetos de derechos. Asimismo se recomienda abandonar las prácticas basadas en la situación irregular y construir nuevas prácticas que respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contando con recursos humanos competentes y recursos económicos adecuados, que garanticen la calidad y eviten la precarización de los servicios prestados. Además deberá garantizarse la inversión pública extendida a los niveles locales y cuando los recursos propios no alcancen realizar búsquedas de cooperación internacional. El canje de deuda por inversión en niñez, es un recurso importante a ser considerado por los Estados.

Asimismo se recomienda que los Estados permitan crear los espacios necesarios y mecanismos para que la sociedad civil participe mediante las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en el proceso de definición, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas de niñez y adolescencia, reconociendo las acciones de incidencia y exigibilidad de la sociedad civil como aportes significativos para el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos espacios de participación deben ser permanentes y deben institucionalizarse. También se debe contar con sistemas integrales que recojan, sistematicen y difundan información sobre la niñez, la adolescencia y sus derechos.

Finalmente se recomienda en este acápite que los Estados tengan en consideración las recomendaciones formuladas en el Estudio Mundial sobre violencia contra los niños, niñas, y adolescentes, adoptando las medidas necesarias para prohibir toda forma de violencia legalizada contra niños, niñas y adolescentes, propiciando la prevención y fortaleciendo los compromisos en cuanto a la formulación de planes de acción nacional relativos a la violencia contra los niños, niña y adolescentes.

Otra recomendación es la relativa a la participación infantil-adolescente en la construcción de la ciudadanía y la incidencia en las políticas públicas. Si bien se ha convocado a los niños, niñas y adolescentes para consultarles su opinión sobe los temas a verse en el Congreso y si bien existen organizaciones nacionales con más de 30 años de trayectoria y organizaciones de redes de niños, niñas y adolescentes a nivel regional, el desarrollo de los procesos de participación es dispar y discontinuo. Los Estados acogen la iniciativa en discursos pero no facilitan la promoción y garantías para que este principio se haga realidad. Por ello tanto las convocatorias como la participación siguen siendo formales.

Por todo ello se recomienda: “(1) Fortalecer la participación de los niños, niñas y adolescentes como un derecho y difundirla como tal para el conocimiento de la ciudadanía y en especial de los propios niños, niñas y adolescentes a quienes se debe garantizar información al respecto. (2) Reconocer la importancia del ejercer la participación para el aprendizaje de la democracia, la construcción de ciudadanía y de una cultura de la paz. (3) Impulsar y garantizar la participación como práctica permanente de las relaciones intergeneracionales del adulto con los niños y niñas, especialmente en los ámbitos de la familia y la escuela, a través de acciones que propicien relaciones familiares más democráticas y el aprendizaje de nuevas pautas de crianza. Las políticas educativas, deben incluir la preparación de los docentes para promover y sostener, prácticas participativas en la escuela y en modalidades no formales. (4) Incluir la participación de niños, niñas y adolescentes en las propuestas de políticas y planes de niñez y adolescencia de los Estados, incorporando a los propios niños, niñas y adolescentes en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Los Estados deben promover y apoyar, identificar y reconocer los espacios de participación generados. (5) Garantizar el goce y ejercicio de los derechos que engloban el principio de la participación para todos los niños, niñas, y adolescentes sin discriminación de ninguna índole, brindando oportunidades a los grupos de niñez y adolescencia históricamente excluidos en los procesos de participación, tales como los pueblos originarios, las minorías étnicas, las niñas y los niños con discapacidad, los afrodescendientes, los niños y niñas institucionalizados, los niños y niñas en conflicto con la ley, los niños y niñas viviendo con VIH – SIDA, entre otros. Para lo cual se deben reconocer y valorar las distintas experiencias de participación y formas de expresión de los niños, niñas y adolescentes. (6) Diseñar estrategias, metodologías y pedagogías para garantizar la participación de niños y niñas en todos los ciclos de desarrollo: primera infancia, infancia y adolescencia. Estas deben comprender que el ejercicio de los derechos que engloba el principio de participación, conlleva una diversidad de expresiones y representaciones de los niños, niñas y adolescentes, como también respetar las formas de participación, ancestrales, propias de la diversidad cultural de nuestros pueblos. (7) Se deben formar recursos humanos que puedan propiciar, acompañar y fortalecer los procesos de participación infantil. Es fundamental recurrir a la experiencia acumulada por la sociedad civil en el acompañamiento de estos procesos. (8) Se debe tomar como referencia la Observación General Nº 12 del Comité de los Derechos del Niño, sobre el derecho a la opinión, expresado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para impulsar este aspecto de la participación, tanto a nivel individual como en relación a los colectivos de niños, niñas, y adolescentes.”(FORO CON LA SOCIEDAD CIVIL. PREVIO AL CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES. Hotel Las Nacionaes – Buenos Aires – Argentina, 25 y 26 de agosto de 2009)

Hasta aquí la historia, el recuerdo y las propuestas del antes y para el Congreso Pero como país anfitrión, además de las atenciones protocolares ¿cómo nos hemos preparado? ¿qué presentamos? ¿qué aportamos a los importantes temas que se debatirán?

En la revisión de los diarios de agosto y lo que va de septiembre se dio cuenta que en Lima y en el interior del país niñas, niños y adolescentes se reunieron para trabajar propuestas de solución a los temas que les preocupan, como parte de la Movilización Nacional por el Derecho a la participación que convoca la CONADENNA. Se da cuenta, además del XIII Encuentro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para analizar y elaborar propuestas a partir del tema “La opinión de las niñas, los niños y adolescentes sobre la situación de sus derechos a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, con énfasis en la Participación”. Asistieron representantes de todas las regiones del país.

El 10 de septiembre la delegación de Niñas, Niños y Adolescentes expusieron sus propuestas ante el presidente Alan García. Previamente recorrieron las calles de Lima en la denominada “Caravana por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.La Ministra de la Mujer Nidia Vilchez expresó que los niños entregaron conclusiones relacionadas sobre la erradicación del maltrato infantil, la trata, el trabajo infantil.

Consideramos que estos trabajos van a ser debatidos en el I Foro Panamericano de Niños, Niñas y Adolescentes en cuatro talleres:1) ejercicio de los derechos de niña, niños y adolescentes en la región. Balance, retos y desafíos; 2) opinar sobre la participación en la región basados en el informe de la situación de cada país sobre participación de niños, niñas y adolescentes; 3) análisis de la situación de los sistemas de protección a nivel regional que garanticen la participación y los demás derechos en la vida cotidiana y en la esfera pública; 4) análisis de la participación de los adolescentes en la construcción e implementación de las políticas públicas a la luz de los avances de la Convención por los Derechos del Niño.
Frente a todo esto una preocupación, las declaraciones recogidas por el diario El Comercio en una entrevista que se le hizo el 8 de septiembre. El señor Cebrián Plácido, secretario ejecutivo de CONADENNA expresó lo siguiente, antes las preguntas: ¿En el Perú se respetan los derechos del niño y del adolescente? Existen diversos planes y políticas pro niño y adolescente, pero no se implementan por un tema de presupuesto o priorización. ¿Cómo se seleccionó a los participantes en el encuentro nacional? Los integrantes del colectivo de Conadenna los eligieron en base a congresos locales en las diferentes regiones. ¿Qué metodología se aplica en la cita? Una metodología lúdica. ¿Las conclusiones no caerán en saco roto? No, porque los integrantes del Estado que son parte de Conadenna se deberán encargar de que, ahora sí, sean tomadas en cuenta.
Evidente que el niño, la niña y el adolescente de las clases populares son los que más sufren la indiferencia del Estado, de los adultos y de instituciones que se dicen especializadas.
Los medios de comunicación se han esmerado estos días en publicar noticias nefastas, sin ningún respeto por los niños, las niñas y adolescentes.”7,300 denuncias de maltrato a menores recibió el MINNDES” (El Peruano, 10 de Septiembre). “17.5% de adolescentes son embarazadas cada año” (El Peruano, 14 de septiembre). “Albergues acogen a diario a cinco niños” (El Peruano, 14 de septiembre). “Menores de edad trabajan 20 horas al día sin remuneración” (CPN Radio.13.09.09) ¿No existirá una noticia más positiva en donde el niño, la niña y el adolescente sea protagonista? ¿Tan escasos son los resultados de nuestro sistema educativo? Creemos que el niño, la niña y el adolescente aún es “invisible” como persona, como protagonista para el país. Sólo cuentan aquellos que concursan en eventos que el sistema permite promover, claro pero al costo de las tandas comerciales, de la promoción de avisos.
Para terminar algo preocupante según dijo el Jefe de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo consideró que el Perú es un país con alta desigualdad en desarrollo humano. Pese a haberse mejorado la situación respecto a épocas pasadas se debe mejorar la calidad de los servicios de salud y educación… “Hay que dar voz a ciertos grupos. Las medias urbanas tienden a estar más representadas” afirmó el representante. (RPP. 11 de septiembre)
El Presidente de la República en la visita que le hicieron los niños, niñas y adolescentes, no tuvo mejor mensaje que el siguiente “…más allá de hablar de derechos, deben plantearse desde ahora obligaciones y deberes para ser ciudadanos responsables. El primer deber de un niño es saber que la libertad se consigue con mayor conocimiento; el primer deber es estudiar más”, insistió. Les mencionó que el Gobierno quiere hacer una transformación educativa exigiendo más capacitación a los profesores y a los niños, porque considera que un país no funciona si niños y profesores trabajan al menor esfuerzo y se satisfacen con calificaciones de 11 para pasar el año.”. Ni una referencia a las conclusiones que le alcanzaron. Palabras para los invitados, para la radio y la TV, pero nada sustantivo, nada de compromiso, ningún respeto por los derechos por los que nuestros niños, niñas y adolescentes vienen luchando y con ellos instituciones y personas dedicadas a este trabajo no visible pero sí político y comprometido. Todos merecen el respeto y reconocimiento. ¿Cuál es el mensaje que damos como país anfitrión? Una pena, a pesar de la alegría que emanan niños, niñas y adolescentes panamericanos en estos días. No marchitemos la esperanza.
(19.09.09)

ORDEN E INCLUSIÓN

La consigna dada por el Presidente de la República en la juramentación del nuevo Consejo de Ministros (11.07 fue orden e inclusión. Saliendo de un a coyuntura política que tuvo su punto álgido en los sucesos de Bagua.. Sobre el tema se ha escrito y denunciado en diarios, revistas y foros.

¿Qué significa esta consigna dada por el presidente al conjunto de ministros de Estado? Mucho. Pero es mayor el discurso que sobre orden e inclusión se ha escrito y escribirá y todo se apreciará desde la posición política e ideológica que se tenga y el auditorio al que se dirijan las palabras y medidas. Se recurre a esta consigna a partir de un contexto histórico de un hecho conflictivo y de situaciones reivindicativas de frentes regionales y de las consignas de los mismos de recurrir a un paro y marcha nacional a partir del mes de setiembre.

La lectura que se le dé a esta consigna en cada sector es diferente según se trate. En lo social el orden va de la mano con la claridad de modelo de desarrollo que se opte previamente y que sea aceptado por todos en consenso. En este sentido, como otras veces nos preguntamos ¿conocemos el modelo de desarrollo que queremos o que el gobierno impulsa? ¿es el mismo del anterior gobierno? ¿Cuál será la prioridad que se le otorga en el amplio repertorio de posibilidades a impulsar y sobre todo en dónde se sitúa a la persona?. Sin duda la respuesta será que se promueve el desarrollo humano (frase muy socorrida hoy para bajo ese paraguas, hacerle el juego a un modelo económico que fracasa a ojos vista, pero valgan verdades, existen pocas propuestas alternativas que puedan presentar resultados), y, para ello se vienen dando preferencia a la consolidación de una plataforma económico financiera que debería garantizar el desarrollo de políticas sociales que hagan posible la equidad en las mayorías. Todo lo contrario. ¿En qué se pone orden? ¿Dónde se pone la prioridad?

Orden en este contexto, como lo ha dicho el nuevo ministro de Defensa, significa autoridad. Esta palabra encierra también muchas interpretaciones según quien las pronuncie, y según los documentos que emita y distribuya (normas, directivas y otros) que implican conocimientos, enfoques inspirados ¿en los derechos humanos?, ¿en la equidad?, ¿en la inclusión?. ¿Cómo hacer para que este concepto, sentimiento y convicción empapen ideas, palabras, formas de ser y pensar en quienes los manejan?

Es en este marco en el que se puede encontrar coincidencias para realizar cambios que ataquen de raíz el origen del conflicto o de los conflictos que hoy llegan según la Defensoría del Pueblo a 226 a nivel nacional (según varios diarios que dan cuenta de la conferencia de prensa de la Defensoría al 30 de junio habían 273 conflictos sociales). La Defensoría del Pueblo refiere que “Los conflictos aumentan de manera constante. Entre las razones que lo explican está el crecimiento económico que despierta expectativas en la población; además ese crecimiento económico está muy vinculado a la explotación de recursos cerca de comunidades, por lo que se produce un choque entre dos formas de entender el desarrollo. Los conflictos d este tipo son la mayoría” ( DOMINGO, Suplemnto de La República. 12.07.09 Entrevista al Dr. Rolando Luque responsable del Área de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo). ¿Estos conflictos se combatirán con orden, sinónimo de autoridad? Sería bueno que nos dijesen qué entienden por orden los señores ministros que hoy están a la cabeza de los ministerios de Defensa, Interior, Salud, Educación, Trabajo y otros que indirectamente se involucran en el proceso, cuando los hechos se dan. De igual forma sería importante que los actores en conflicto, además de sus reclamos digan qué conceptos están detrás de sin duda importantes reclamos y los derechos que los asisten.

El otro tema de la consigna es la inclusión. Pero al igual que el anterior ¿qué encierra el significado de esta palabra? ¿Qué connotación tiene en esta coyuntura y en el discurrir democrático del país? ¿Se trata sólo de incluir a los excluidos y tenerlos como un dato estadistico? Al ver la realidad, es necesario que se descubra de una vez lo que encierra esta palabra en su contenido. Muchas preguntas, según el sector que se trate, se hace el ciudadano común y corriente: Por ejemplo ¿de qué sirve construir más hospitales –que sin duda son necesarios- y no se tiene una atención eficiente? ¿De qué sirve tener hospitales, postas, si el enfermo que requiere atención, tiene que esperar hasta tres meses para poder ser atendido? ¿Dónde está la eficiencia y eficacia, dónde la inclusión? De igual manera en educación ¿de qué sirve hablar de una mayor cobertura si en los pueblos más alejados no se tienen escuelas porque el número de niños y jóvenes no justifica el pago de un docente? ¿De qué sirve hablar de interculturalidad si no se cuenta con los docentes especializados? ¿Acaso no se ha descuidado como nunca la formación de dichos docentes? Ahí están los documentos de académicos y docentes que denuncian cómo la Dirección Nacional de Educación Bilingüe ha descuidado sus responsabilidades y cómo desde hace dos años no existen postulantes para esta especialidad por la valla de la nota 14. El silencio ha sido toda respuesta. ¿Se viene aplicando la inclusión en el sector educación con relación este problema?

En el escenario en que estamos nos preocupa la consigna presidencial y lo que cada ministro la asuma como la “varita mágica” para resolver conflictos en la forma pero no en el fondo.

En un artículo titulado “El sacrificio en los altares del orden”, Eduardo Galeano (BRECHA Nº 557/Montevideo 1996), dice algo que bien podría ajustarse a la reflexión sobre el tema “Somos todos prisioneros. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Y los niños son los más prisioneros de todos: la sociedad, que prefiere el orden a la justicia, trata a los niños ricos como si fueran dinero, a los niños pobres como si fueran basura, y a los del medio los tiene atados a la pata del televisor.” Por ello los conceptos deben ser bien claros en ser enunciados y claros los alcances. Pues el orden y la inclusión pueden ser por acción u omisión. Leer hechos y acciones bajo los lentes del orden e inclusión desde el poder, desde el gobierno y no del Estado podrían tener una lectura diferente sea cual fuere la realidad y actores sobre los que se actúe.

En este mundo que viene globalizándose con predicciones optimistas en términos económicos por las inversiones y el crecimiento y frente a una realidad local marcada por la lógica del conflicto, la pobreza y la exclusión social. En este marco llama la atención que en la consigna presidencial no hubiere espacio para otros temas y cómo enfatizar sobre esta situación de manera transversal en educación, salud, trabajo y cómo apuntar a un desarrollo más armónico, en donde la inclusión social se evidencie que no sólo caminamos hacia el combate de la pobreza, pero la desigualdad sigue patente en las calles, en los micros, en las escuelas públicas. Por ello percibimos, además una desafección ciudadana in crescendo, que disminuye la participación política y debilita aún la democracia signada por interrupciones de ingrata recordación.

En Educación existen escritos, investigaciones, discursos y artículos que nos hablan de la pobreza, la exclusión, la educación ciudadana, educación en valores, educación para la paz y los derechos humanos, que dejan de tener valor y vigencia pues no se ven los resultados lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los docentes. Igual ocurre con la educación inclusiva. El discurso es abundante, pero pocos lo hacen desde un enfoque integrador, mayor, que no se quede sólo desde en lo educativo y se agote en una atención deficiente cuando no se ha preparado a docentes a trabajar desde este enfoque. Pueden tenerse las mejores directivas, normas e intenciones, pero si quienes las deben poner en práctica en el día a día no están preparados ni tienen el repertorio de conceptos y recursos adecuados, ¿qué pueden hacer? ¿Quiénes deben prever desde el gobierno todo el apoyo y soporte? Es fácil captar la atención del auditorio y luego olvidarse. ¿Falta voluntad política?

“El enfoque inclusivo debe reconocer y valorar las diferencias individuales y los concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. En el proceso enseñanza-aprendizaje, estas diferencias se hacen aún más presentes; todos los alumnos tienen unas necesidades educativas comunes, que son compartidas por la mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro de éstas, algunas que pueden ser especiales, que requieren poner en marcha una serie d ayudas, recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas de las que requieren la mayoría de los alumnos.” (Lic. Agustín Fernández. Educación Inclusiva: Enseñar y Aprender entre la Diversidad. Umbral 2000, Set.2003). Sin duda es lo ideal, pero choca contra una realidad de un gobierno fácil en el discurso, pero que ignora la realidad sobre la formación de los docentes, que no llega a comprender que para poder evaluar antes tiene que formar en el concepto y contenido de lo que significa ser docente en el presente siglo.¿Se podrá impulsar lo inclusivo cuando a fortiori se obliga a los docentes que ingresen a la Carrera Pública Magisterial, por ser una ley importante para el desarrollo docente, pero un tanto a contrapelo de lo que requiere el perfil del docente de esta primera década del presente siglo? ¿Qué significa formar y preparar docentes para educar en la diversidad y para atender d forma integral a las diferencias? Como dice Fernández necesitamos “maestros formados para atender en la escuela normal a todos lo niños con sus diferencias y peculiaridades. Más maestros para atender a la diversidad y para que los niños aprendan entre la diversidad. (Ibidem)

Y esta reflexión la podemos llevar a todos los sectores del Estado. Veremos que cada uno tiene un déficit de profesionales y de personal que comprenda y sintonice qué significa inclusión, sin anteojeras ideológicas que mediatizan decisiones y compromisos.

Orden e inclusión, consigna recibida del Presidente para el nuevo Gabinete. Ni una palabra sobre desarrollo económico, pero sí crecimiento y competitividad, ni una referencia a la democracia, tan debilitada últimamente y con instituciones devaluadas, poco confiables; y justicia social, demandada por los pobres que ven cómo sigue creciendo “la pobreza y crecen las ciudades y crecen los asaltos y las violaciones y los crímenes” y no existen responsables; crece la violencia y son “remanentes de époc as pasadas” o “el narcotráfico aliado a la delincuencia común”. De esta manera se exonera de responsabilidad a un sistema que excluye cada vez más a los más pobres. ¿Dónde está la inclusión?

La responsabilidad de todos los ciudadanos hoy debe centrarse en estar atentos y vigilantes para que la consigna no cause pánico; cuidado que se confisque la libertad en aras del orden para evitar el desorden; cuidado que los derechos humanos pasen a la calle de la melancolía.

Los versos de Joaquín Sabina y su música sirvan de melodía para lo que nos tocará vivir a pesar de los pesares, porque como maestros sabemos interpretar el signo de los tiempos y sabemos que debemos estar preparados.

“Como quien viaja a lomos de una yegua sombría,
por la ciudad camino, no preguntéis adónde.
Busco acaso un encuentro que me ilumine el día,
y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden.
Las chimeneas vierten su vómito de humo
a un cielo cada vez más lejano y más alto.
Por las paredes ocres se desparrama el zumo
de una fruta de sangre crecida en el asfalto.
Ya el campo estará verde, debe ser Primavera,
cruza por mi mirada un tren interminable,
el barrio donde habito no es ninguna pradera,
desolado paisaje de antenas y de cables.
Vivo en el número siete, calle Melancolía.
Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía
y en la escalera me siento a silbar mi melodía.” (Oh Melancolía, Joaquín Sabina, 1978)

(18.07.09)